El jefe de los fiscales de la ciudad de Rosario renunció a su cargo de Fiscal Regional tras el estallido del escándalo que lo puso en el ojo de la tormenta, sospechado de encubrir a una red de juego clandestino a cambio de dinero.

En la carta que le envió al Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, Serjal reconoció que «lo ocurrido en los últimos días» expone una «situación de gravedad para el Ministerio Público de la Acusación», pero niega ser responsable de lo que se lo acusa.

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se han ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que han obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlos”,

Días atrás, tras la primera de las audiencias imputativas contra los cinco de los 11 acusados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba al juego clandestino y las extorsiones, se revelaron conexiones de los integrantes con alguien del Ministerio Público de la Acusación, que informaba a los sospechosos. 

La investigación que derivó de la detención de Maximiliano «Cachete» Díaz por el crimen del casion City Center en enero pasado.

A partir de las pericias del teléfono de Díaz, las fichas comenzaron a caer. Se supo que detrás de ese homicidio estaba el «Guille» Cantero, que ahora se dedica a organizar delitos extorsivos desde la cárcel. Y también se descubrieron unas 30 salas de juego clandestino que desembocaron en la detención de un ex jefe policial, Alejandro Torrisi, sorprendido cuando retiraba 150 mil pesos de un garito ilegal. 

La banda que lideraba Díaz y Cantero tras las rejas también realizaba extorsiones a comerciantes legales e ilegales, a quienes les cobraban para no ser atacados a tiros, una estructura a la vieja usanza. 

Pero la cosa se complejizó aún más cuando se presentó a declarar Leonardo Andrés Peiti, quien durante unos días permaneció oculto de la Justicia. Peiti es un empresario del juego que posee salas de juegos en Formosa, Misiones y Paraguay, pero también participa del juego ilegal. 

Cuando Peiti se presentó a declarar en carácter de arrepentido, involucró al fiscal Gustavo Ponce Asahad, fiscal de flagrancia que está a cargo de la Unidad Especial de Covid-19, a quien acusó de recibir «entre 4.000 y 5.000 dólares por mes» por brindarle cobertura y brindarle información. en esa declaración, también señaló al fiscal regional, Patricio Serjal, quien también formaría parte de ese entramado. 

El pasado viernes, las Tropas de Operaciones Especiales allanaron el domicilio del fiscal Ponce Asahad, quien negó terminantemente los cargos que se le imputan y aseguró que el día del hecho no entró al sistema y no envió ningún mensaje.

“Sé que yo no filtré la información, porque el día del hecho no estuve conectado al sistema. No puedo decir nada de mi ayudante, será él quien tenga que responder”, dijo, para agregar que “siendo funcionario no puedo estar expuesto a semejante barbaridad, no sé si hay una operación o no la hay”.

Renuncia Plena

Conocida la noticia de que Serjal había enviado su misiva de renuncia, renuncia que aún debe ser aceptada por el gobernador Omar Perotti, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación emitieron un comunicado solicitando que Serjal renuncie también a su cargo de fiscal de grado.