Tres fueron los informes entregados por el ministro de Seguridad Marcelo Saín a los diputados del Partido Justicialista en una reunión a puertas cerradas en la que detalló qué es lo que había encontrado en el Ministerio en el momento de asumir el cargo. Dos de esos escritos fueron elaborados por el Observatorio de Seguridad Pública que evalúa el presupuesto y los recursos y un tercero fue creado por la titular de la Subsecretería de Bienestar y Género, creada por el mismo Saín, Natacha Guala. De este último surge que la policía de Santa Fe está atravesada por «una cultura institucional fuertemente machista y sexista», que «limita de facto» el ingreso de las mujeres a la fuerza, las discrimina, les bloquea la carrera y los ascensos para que lleguen a la máxima jerarquía y “naturaliza, oculta e invisibiliza” la “violencia de género”.

De acuerdo a lo publicado por el periodista Juan Carlos Tizziani en el diario Rosario/12, los documentos presentados a los diputados conforman un «diganóstico preliminar», que impresionó con sus datos y números a los legisladores que participaron de la reunión. 

Además, el informe elaborado por Guala pone en evidencia los vicios de la fuerza en relación al personal femenino y, en cierta forma, está a tono con las encuestas realizadas tiempo atrás por la Red de Mujeres Policías, de las cuales surgió que «más del 70% de las mujeres policías santafesinas afirman haber sido violentadas por varones de la fuerza».

El embudo

Según el informe presentado por la abogada e investigadora Natacha Guala y revelado por Tizziani, hay un 35% de mujeres dentro de la fuerza y la representación disminuye drásticamente a medida que aumenta el grado de jerarquía. «A los máximos cargos llegan menos del 1% de las jefas».

Además, remarca una «ausencia de normas» para garantizar la igualdad de género «favorece la cultura machista que limita de facto el ingreso de las mujeres a la fuerza y, luego, les bloquea el desarrollo de sus carreras». 

Guala logró identificar varias «limitaciones para el ingreso y permanencia de las mujeres» en la furza, y los señala como «requisitos ad hoc para acceder a la fuerza y a los ascensos». Entre ellos señala un examen de sub unidad beta, utilizado para confirmar un embarazo en curso, que se les exige a las ingresantes del Isep. Además, remarca la «exclusión y obstáculos que se le ponen a las mujeres por causa del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos».

Si bien la ley de Personal Policial «no establece un cupo para el ingreso de mujeres ni distingue tareas femeninas y msculinas», el ingreso al Isep fue limitado de facto por resoluciones ministeriales de 2014 y 2015, durante la gestión de Antonio Bonfatti, que distriuyó las plaza otorgando un 70% a los varones y un 30% a las mujeres. «Incluso cuando ellas superan en número a los varones, tampoco tienen prioridad».

Informe de la Red de Mujeres Policías

La Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del IAPIP agrupa a un conjunto de integrantes de la fuerza policial que llevan un largo tiempo batallando por «una policía con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos».

En octubre de 2019, la Red, que ya fue recibida tanto por Natacha Guala como por la Secretaria de Estado de Igualdad y Genero,  Celia Arena, presentó un informe realizado a partir de más de 300 encuestas en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Dicho informe, realizado con el objetivo de visibilizar las situaciones de violencia de género dentro de la Policía de Santa Fe, revela que más del 70% de las mujeres de la fuerza sufrió algún tipo de violencia de sus pares o superiores varones y fue contemplado e incluido por Guala en su propio trabajo.

Las encuestas de la Red pusieron de manifiesto que «más del 70% de las mujeres policías santafesinas afirman haber sido violentadas por varones de la fuerza». «De ese porcentaje, la mayoría de las acciones tienen que ver en un 56% con violencia psicológica, con violencia simbólica un 25,8%, mientras que un 8,1 % sufrió violencia sexual, un 5,6% atravesó sometimientos físicos y un 4,4% sufrió perjuicios económicos».

El informe reveló también que «quienes ejercieron esa violencia contra las policías fueron, en un 69%, jefes o superiores, 20,6% compañeros de trabajo y 10,5% la pareja policial».

«Más de la mitad (51,6%) de quienes contestaron son jefas de hogar o madres solteras, un 45% mantienen familiares a cargo. Las situaciones de acoso laboral explican el 82% de las mujeres policías que tomaron licencia psicológica o psiquiátrica».