Irregularidades de la Petroquímica Bermúdez, protegida por exjefe de fiscales

Por Alejandro Maidana

La lucha por la protección del ambiente (y por ende, de la vida en todas sus formas) sigue adelante, a pesar del pesado lastre que debe sortear para poder lograr los resultados esperados. El caso de la Petroquímica Bermúdez es un claro ejemplo de cómo operan los poderes, en este caso el judicial, para dar por tierra informes ambientales demoledores.

Las multas, muchas de ellas con montos irrisorios, no hacen otra cosa que fomentar la viciada práctica de operar en condiciones de precariedad, a la hora de garantizar una producción sin impactos ambientales. En ese marco, el control estatal se torna infructífero, ya que la continuidad de la praxis contaminante seguirá su curso devastador.

Petroquímica Bermúdez, llamada Electroclor tiempo atrás, se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.

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En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta (en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno) y la nombró Petroquímica Bermúdez. Quince años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral, el cual terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico. Si bien Tasselli se hizo cargo del pasivo de la empresa (vaya a saber uno para qué) los mismos eran residuos altamente contaminantes y peligrosos.

El Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe no tardó en exigirle “un cierre seguro” de la planta en cuestión, cabe destacar que el incumplimiento se transformó en moneda corriente, situación que desembocaría en una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, más precisamente en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

La figura de Patricio Serjal aparece nuevamente en escena

El pasado lunes 22 de febrero, el ex fiscal regional Patricio Serjal, fue imputado por  haber obstaculizado dicha causa por contaminación contra los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego. Una nueva imputación para el exfiscal regional de la provincia, que ve derrumbarse su carrera judicial como un verdadero castillo de naipes.

Los Fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, imputaron a Serjal y a Luzzini por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento, por haber realizado una maniobra para beneficiar a los dueños de Petroquímica y encubrir la gran contaminación al ambiente que estaba produciendo la empresa”, aseguró Edery en contacto con la prensa.

Con la intención de conocer los detalles de este escabroso camino de contaminación y acuerdos espurios, Conclusión dialogó con Cecilia Bianco, integrante del Área Tóxicos del Taller Ecologista de Rosario, Organización Socioambiental de vital participación en la causa. “Para nosotros la empresa siempre fue problemática por el tipo de actividad que llevaba adelante (producción de cloro elemental). Destacando que la empresa que se encontraba a su lado, utilizaba este elemento químico para el clarificado de la pasta de celulosa. Entonces ubicamos a estas dos empresas como formadoras de fuentes de dioxinas y furanos, destacando que Argentina es signataria del Convenio de Estocolmo, lo que significa que el país debe minimizar al máximo ese tipo de fuentes”, indicó.

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«En el año 2006 se producen unos escapes, repitiéndose otros más adelante vinculados a la empresa Celulosa, que estaba comenzando a mudar los procesos de blanqueo hacia el dióxido de cloro que es mucho menos tóxico que el cloro elemental. La empresa petroquímica ya comenzaba a tener muchos problemas, ya que una de las cosas que pasaba, era la falta de mantenimiento al predio, lo que consideramos fundamental por el tipo de sustancias  que allí se producían. Si bien Sergio Tasselli compra un pasivo, luego de las actividades que allí se venían sosteniendo, aumenta el mismo. Nosotros en 2015 consultamos al Ministerio de Medio Ambiente sobre las actuaciones que habían llevado adelante por un escape suscitado en los primeros días de enero de 2013, cuando ya era público que no existía ningún tipo de actividad en la empresa y llamaba la atención que esté sucediendo. A todo esto la empresa Celulosa puso unos sensores en las paredes linderas, entonces ahí quedaba en evidencia que existía un escape de cloro. Luego nos enteramos, más precisamente el 14 de enero, que se pudo comprobar que hubo una inspección a la empresa, y que existe un registro muy detallado de cómo se encontraba, en definitiva, en un estado de abandono significativo”, ahondó Bianco.

Esto deriva en que la empresa presente un informe ambiental de cumplimiento para el 2015, siendo rechazado por Ambiente, ya que tenían el conocimiento de cómo se encontraba el predio. “Al tiempo se produce otro escape, que es producto de un procedimiento muy rudimentario, allí se encuentran en una especie de bañera, unos tubos sumergidos que sospechaban tenían cloro, y que estos eran descargados en el agua o en el preparado en que se encontraban los mismos, para de esa forma desgasificarlos. Es decir, un proceso muy peligroso para los trabajadores, y por supuesto, para todo ser vivo que pululase por los  alrededores”, enfatizó la integrante Taller Ecologista.

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En 2016 se produce otro escape que genera una denuncia de Celulosa, ya que hace que un sector de la producción se tenga que detener. Allí los trabajadores no pudieron seguir ejerciendo sus funciones por lo peligroso que resulta el cloro en muy bajas concentraciones. “En el aire libre se encontró 2,5 parte por millón, es decir, muy bajo, pero igual de dañino. Lo que sucedió en ese entonces, es que Ambiente siguió solicitando más información, lo que empujó a realizar otra inspección, constatando un grado de deterioro aún más grande de todos los edificios, con el agravante de que allí encuentran muchas menos bombonas (recipiente de líquidos muy grande) que en las primeras inspecciones”.

Lo otro que se conoce, es que el predio está altamente contaminado, tanto en napas como en suelo, con mercurio, cloro, asbesto, soda caústica, cloroformo, tricloroetileno, siguiéndoles una extensa lista. “Para inicios del 2018, la empresa presenta un plan de remediación del predio, denominándolo <Plan de acción para recuperación de recursos>. Allí surgen varias fases, por ejemplo el desgasificado, remediación de los suelos y napas freáticas entre otras. Si bien esto avanza por el lado judicial, para finalizar, la Unidad de Delitos Ambientales, organismo que realizó una investigación que se hizo pública en septiembre de 2018, tomó una serie de muestras que arroja la presencia de lindano, un insecticida utilizado desde hace mucho tiempo para matar piojos, siendo que este por ser un plaguicida organoclorado, se encontraba prohibido dentro del Convenio de Estocolmo”.

Al tiempo y con un importante número de pruebas, se firma el convenio en noviembre de 2018 para remediar los impactos producidos. “Ellos tenían que presentar al mes, un seguro con un valor de 35 millones de pesos, sosteniendo que el mismo había sido cursado, solicitan que la denuncia penal presentada por la provincia de Santa Fe en junio de 2017, quedara sin efecto. Volviendo al tema del convenio, los primeros días de marzo, en una nueva inspección de Ambiente, se encuentran que lo que estaba sucediendo nada tenía que ver con respetar el convenio, concretamente, no debería haber existido más actividad después de esa fecha. Como de costumbre nosotros nos preguntábamos qué pasaba ¿Cómo se estaba instrumentando ese convenio? ¿Cuánto había avanzado? Sin obtener las respuestas deseadas por parte de la provincia. Allí es cuando en enero del 2020, contemplamos movimientos de camiones como en las mejores épocas, en ese preciso momento realizamos la respectiva denuncia en la provincia, la misma empujó otra inspección que encontró el empeoramiento de las condiciones”.

Para concluir, Cecilia Bianco acercó una reflexión que busca seguir aportando claridad a una causa que intenta esquivar obstáculos. “Finalmente pudimos encontrar muchas explicaciones a las acciones que llevamos adelante en Ambiente, a partir de lo que cobró estado público, el espurio accionar del ex fiscal regional Patricio Serjal y Petroquímica. Cabe destacar que cuando quisimos formar parte del expediente, algo que se puede hacer a nivel administrativo, la negativa la brindó el fiscal de estado Gustavo Luzzini. Cuando nosotros conocemos a través de toda la información que comenzó a circular, que Luzzini y Serjal estaban de acuerdo en archivar la denuncia penal, cosa que hicieron el 8 de marzo del 2019, nos cerró el porqué de la negativa de poder formar parte del expediente. Queda claro que los técnicos de ambiente hicieron bien su trabajo, no así la justicia”.