El Juzgado Federal de Rawson hizo lugar al reclamo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y ordenó que el Gobierno Nacional le devuelva a la provincia los fondos de coparticipación que había retenido.
Le decisión fue tomada por el juez federal Hugo Ricardo Sastre, en una resolución que se conoció en las primeras horas de la tarde de este martes, poco antes de que los gobernadores de las provincias patagónicas den una conferencia de prensa en el Senado de la Nación.
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En primer término, el juez decidió “hacer lugar” a la medida solicitada por la provincia de Chubut y dispuso el “cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el Ministerio de Economía viene realizando sobre las sumas que ha de percibir la provincia en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.
La medida, además, solicita que las partes “arbitren medios para cancelar o refinanciar la deuda en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida “autosatisfactiva” contra el Estado Nacional para que “cese” la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.
En la demanda se reclamó hacer cesar “la retención de fondos coparticipables” que “son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables”.
La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada.
A media mañana, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el Juzgado Federal 1 de esa ciudad es competente para intervenir en el caso, postuló que debe admitirse “formalmente la medida autosatisfactiva” pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver.
En la demanda se reclamó también que se ordene al Estado Nacional “renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER”.
En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar “un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera”.
El gobernador advirtió que hay “real riesgo” de no poder cumplir objetivos en educación pública “a partir de la abusiva retención de recursos por el Gobierno Federal” y lo mismo podría ocurrir con los salarios de los empleados públicos “pese al carácter alimentario de los mismos”.
