Por Alejandra Ojeda Garnero

Continúa el debate que tiene a 19 policías de la provincia de Santa Fe en el banquillo de los acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco y Conclusión sigue siendo el único medio que está presente en las audiencias que se desarrollan en los Tribunales Federales de Rosario, desde el 6 de diciembre pasado.

Este jueves comenzó la audiencia, como es costumbre, con una demora de varias horas. Para esta jornada estaba previsto el reconocimiento de los imputados por parte de los testigos que estaban detenidos en la comisaría séptima, supuestamente en el momento que Franco Casco fue detenido. La medida tenía como finalidad que los testigos apunten a los efectivos que, según sus testimonios, eran los que les pegaban a los internos.

El procedimiento fue dispuesto por el tribunal en audiencias anteriores, pero sin respetar lo que establece la ley en este tipo de casos, por lo que le defensor oficial Martín Gesino, planteó su disconformidad y le aconsejó a sus asistidos que no se presenten. Con el mismo argumento el resto de las defensas adhirieron al planteo.

El Código de Procedimiento para el reconocimiento, bajo la modalidad rueda de reconocimiento o reconocimiento fotográfico, establece que la persona imputada debe presentarse ante los testigos, junto a otras personas, ajenas a la causa y de similares características físicas, entre otras. En cambio, el tribunal, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez había resuelto que se haría con el cien por ciento de los imputados, sin la presencia de otras personas.

> Te puede interesar: Juicio por la muerte de Franco Casco: contradicciones, olvidos y ¿procedimientos irregulares?

En la audiencia se resolvió, que se hará comparecer por la fuerza pública a los imputados para que participen del reconocimiento. Por otra parte, se presenta la complicación de que el Tribunal Federal de calle Oroño al 900, no cuenta con una sala donde los testigos no puedan ser vistos por los imputados al momento del reconocimiento, por lo tanto, se realizará cuando se arbitren las medidas necesarias para el trámite, y se pueda preservar a los testigos. El tribunal resolvió que se realizará la rueda de reconocimiento con todos los imputados hombres juntos y con todas las mujeres juntas. Sin la presencia de otras personas de similares características, ajenas a la causa. La decisión se aprobó parcialmente por el tribunal, con la disidencia del juez Martínez.

Vale aclarar que los imputados están dispuestos a participar de la rueda de reconocimiento «siempre y cuando se cumpla con lo que manda la ley», afirmó Gesino en la audiencia, y agregó que «ante la elección del tribunal de realizarla de forma irregular decidieron no aceptar dichas condiciones, debido a las desventajas que implica», le dijo a los magistrados. «En el caso que se retome el camino legal, no tienen inconvenientes en presentarse y ser reconocidos», finalizó el defensor.

Luego de resolver los planteos, los magistrados escucharon a los tres testigos. Jorge G., Diego D. y José I., quienes coincidieron con la mayoría de quienes prestaron su testimonial en audiencias anteriores. Manifestaron que se trataba de un penal iglesia, quien no estaba de acuerdo con las reglas podía pedir traslado y se iba. Se escuchaban golpes y gritos, generalmente a la noche los fines de semana, es una zona de boliches y llega gente borracha o que ocasiona disturbios. Todos coincidieron en que la policía pega, pero ninguno de ellos fue golpeado en la comisaría séptima, y tampoco podrían decir si a otros reclusos les pegaron. No lograron recordar nombres de los efectivos, como tampoco reconocer cuantas guardias había en la seccional ni quienes integraba cada una de ellas. El momento más tenso de la audiencia fue cuando el último testigo de la jornada no reconoció su firma en la declaración del 2015 que consta en el expediente, es decir que dicho testimonio no debiera ser incorporado en el debate, ya que el testigo afirmó que lo que allí consta no fue leído ni firmado por él.

> Te puede interesar: Juicio por la muerte de Franco Casco: una noche, gritos, una noticia y muchas conjeturas

Jorge G., estuvo detenido en la comisaría séptima “de marzo a octubre de 2014, en el penal 2”, como el resto de los detenidos se enteró sobre Franco Casco por las noticias, “me di cuenta cuando lo miramos en la tele”, junto a los otros detenidos escucharon que “estaba desaparecido, lo habían encontrado muerto y que había estado en la séptima”, pero lo tomaron como “algo normal, no le di mucha importancia”, dijo el testigo a la vez que indicó que “yo no lo vi ni lo escuché y no se si los otros que estaban en la comisaría lo vieron o escucharon”.

Como ocurre en todas las comisarías, “todos los días iban muchas personas” detenidas. A quienes llegaban por averiguación de antecedentes “los metían en la jaulita”, pero “nunca escuché que vinieran gritos de ahí”, aseguró el testigo.

Como en todos los casos, declaró varias veces antes de hacerlo en la Fiscalía Federal en 2015, pero “no me acuerdo, creo que era en el centro, un tribunal federal, estaba la madre del chico y un fiscal, y me llevaron a un cuartito”. También aseguró que nunca recibió amenazas por haber declarado en la causa, sin embargo le ofrecieron ingresar al programa de protección de testigos, pero les “dije que no”. Otros detenidos aceptaron la propuesta y fueron quienes declararon de forma totalmente contraria, y hasta manifestaron haber recibido beneficios por su declaración, con una clara animosidad hacia los imputados. A lo largo de las exposiciones de los testigos que pasaron por la séptima, se observan testimonios diametralmente opuestos sobre un mismo hecho.

El joven había afirmado en su declaración de 2015 que “nadie de los que estaba ahí sabía que lo habían detenido”, y agregó “nunca escuchamos nada relacionado con Franco Casco”.

Como ya lo afirmaron otros reclusos, “nunca hubo peleas ni golpes, era un penal evangélico”, y con respecto a los supuestos maltratos dijo “a mi no me pegaron nunca”.

Al ser consultado sobre la noche que la acusación sostiene fue detenido Franco Casco, el joven dijo que “no se escuchó nada, por eso nos extrañó”.

A su turno, Diego D., contó que estuvo detenido en la comisaría séptima, pero “no me acuerdo la fecha, ni el año”, pero recuerda que estuvo “en el penal 1”.

> Te puede interesar: Juicio por la muerte de Franco Casco: más pruebas que refuerzan la versión policial

También tomó conocimiento del caso por televisión “lo vi en el noticiero”. A diferencia del otro testigo, aseguró que “siempre les pegaban a los chicos, siempre se escuchaban gritos pero no se veía para la jaula”, y consideró “normal” los gritos y golpes “se escuchaban siempre”, aseguró. Sin embargo, “nunca vi llegar a nadie golpeado” al pabellón, en cambio, los gritos y golpes venían de las personas que llegaban borrachas o drogadas”, generalmente los fines de semana de noche.

Como se trataba “de un penal iglesia”, los reclusos “ayudábamos a los que llegaban”, pero “a ese chico nunca lo vi”. Todos reconocieron a un efectivo de la comisaría llamado “Walter, siempre nos hablaba de Dios y nos compartía la palabra, era cristiano”.

El testigo aseguró que en otras comisarías recibió varias golpizas, pero “nunca denuncié”.

Finalmente, José I. contó que estuvo detenido en la séptima “de 2014 a 2015, de agosto a febrero”. Del mismo modo que el resto de los testigos, “me enteré por la tele que (Franco Casco) había estado en la comisaría, nosotros no sabíamos que había estado ahí”.

> Te puede interesar: Causa Franco Casco: salen a la luz nuevos videos que confirman que salió vivo de la comisaría séptima

También afirmó que “se escucha pero no se puede ver porque estábamos atrás”. Sobre los supuestos maltratos del personal policial a los detenidos aseguró que “a mi nunca me golpearon en esa comisaría, si escuché que golpeaban a otras personas en la jaula”, pero aclaró que los ruidos se deben a que las personas detenidas en la jaula “patean la puerta, gritan, eso es normal”, y sucede “principalmente los fines de semana”. Sin embargo, aseguró que “no conocí a ninguna persona que haya sido golpeada”.

En el penal, “los presos nos reuníamos y hablábamos de las cosas de Dios, éramos todos iguales, no había privilegios”.

Luego de tratar de reconstruir con sus recuerdos lo ocurrido en su paso por la comisaría séptima, el testigo fue convocado a reconocer su firma en la declaración de septiembre de 2014 ante la Fiscalía Federal, aseguró que “esa no es mi firma”, y se dio por terminado el interrogatorio. Además manifestó que “me llamaron para declarar, me dijeron que era testigo, que el caso había terminado y que no me iban a molestar más. Eran dos muchachos grandes”.

El caso

Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.

Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.

Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.

César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.