Por Alejandra Ojeda Garnero
En el marco del juicio por la muerte de Franco Casco, el Tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, que preside el debate realizó una inspección ocular de las distintas dependencias de la comisaría séptima. Estuvieron presentes los abogados defensores, querellantes y el equipo de la fiscalía federal. La finalidad de la medida fue recorrer las instalaciones, y constatar con los planos que constan en el expediente, la disposición de las distintas dependencias, donde presuntamente habrían ocurrido los hechos. Identificar el lugar donde estuvo alojado Franco Casco, denominado «transitorio» por los efectivos de la dependencia y mencionado como «la jaulita» por los detenidos, y responder otros interrogantes.
Vale recordar que en este caso coexisten dos teorías diametralmente opuestas. Por un lado la querella asegura que Fraco Casco fue detenido en las últimas del 6 de octubre de 2014 en la estación de trenes Rosario Norte, fue alojado en la seccional séptima donde fue torturado hasta la muerte y luego «fondeado» en las aguas del río Paraná. Según la médica Virginia Créimer, quien participó en la práctica de reautopsia, luego «alguien» bajó a las profundidades del río Paraná, «cortó las sogas para que el cuerpo salga a flote», tras las reiteradas manifestaciones de los familiares y organizaciones contra la violencia institucional. Tras afirmar en un principio que lo arrojaron sin vida, más tarde asegurar que fue arrojado con vida, y después sostener que pudo haber sido ahogado mediante «un submarino mojado» en los tanques de agua de la seccional y por tal motivo no se hallaron diatomeas, suman nuevos datos que hasta el momento no constaban en el expediente y que al sentido común resultan inadmisibles.
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Por otra parte, los acusados sostienen desde un principio su inocencia y estuvieron a derecho desde el inicio de la causa. En los registros de la comisaría, y en el expediente consta que Franco fue detenido el 7 de octubre de 2014 alrededor de las 13, por el llamado de un vecino que denunció la presencia de una persona sospechosa en la zona, o con intenciones de cometer un ilícito. Los efectivos llegaron al lugar, y aprehendieron al joven que se identificó como Franco Godoy. Se realizaron las medidas de rigor para una persona demorada, se dio aviso al fiscal en turno, en ese momento Álvaro Campos, quien al finalizar el trámite ordenó la libertad. A las 22.05 el joven firmó el acta correspondiente y se retiró de la dependencia como ya se ventiló en el juicio con la exhibición de videos que lo muestran caminando por la zona norte de la ciudad en la madrugada del 8 de octubre.
Transitorio o «la jaulita»
La querella sostiene su acusación en la declaración de trece testigos, personas que se encontraban detenidas en el penal de la seccional al momento que Franco Casco pasó por la comisaría, quienes aseguraron, luego de cinco declaraciones, que escucharon los gritos del joven mientras era torturado en la jaulita. La inspección ocular que llevó adelante el Tribunal dejó en claro varios punto puestos en crisis durante el debate.
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Diez metros separan «la jaulita» de los penales donde se encontraban los detenidos, por lo tanto, es posible escuchar golpes y gritos, pero es imposible ver porque tanto la puerta de «la jaulita» como la de los dos penales se encuentran sobre la misma línea del pasillo. A pesar de los diez metros de distancia entre cada una de las dependencias, es posible escuchar pero resulta imposible siquiera asomarse porque las puertas cuentan con rejas comúnmente conocidas como panal de abejas, por las cuales no se puede atravesar siquiera un dedo. También es preciso señalar que entre el transitorio y los penales se encuentra la cocina.
Puertas de ingreso a los penales
Por lo tanto, desde el interior de los penales, es imposible ver lo que estaba sucediendo en el transitorio, en todo caso, es posible suponer en base a ruidos o gritos una inimaginable cantidad de situaciones.
Interior de los penales donde se encontraban los detenidos
Vista desde el interior de los penales
Además, la acusación sostiene que en la foto de prontuario se utilizó flash, y por tal motivo asumen que fue tomada la noche del 6 en la oficina de guardia, un lugar supuestamente muy luminoso para lo cual no es necesario el uso del flash. Pero en realidad la foto fue tomada pocas horas después de haber sido detenido cuando todavía había luz natural, en la cocina, un lugar con menos iluminación para lo cual en el día es preciso utilizar flash.
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Sobre la novedad que introdujo la Dra. Créimer en la última audiencia del pasado 12 de mayo en la cual afirmó que los tanques de agua se encontraban detrás de «la jaulita», y donde probablemente el joven «pudo ser ahogado en un submarino mojado» y por tal motivo no se hallaron diatomeas en el estudio pertinente, y por lo cual se explicaría la ropa mojada del joven en la foto de prontuario. No resultó fácil hallarlos, ya que detrás del transitorio se encuentra un ambiente vacío que da a dos puertas ciegas. Tras varias vueltas por la dependencia, se lograron hallar los dos tanques de agua, al ras del piso, en un sector que se encuentra frente al primer patio luego del ingreso a la dependencia conectado por un pasillo al ingreso de la dependencia y transitado no solo por los efectivos policiales sino por público en general que ingrese a la seccional.
Tanques de agua
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, cuando su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
