Este jueves, en la segunda jornada del juicio oral y público por la muerte de Carlos «Bocacha» Orellano, los jueces, acompañados por todos los actores del proceso, realizaron una inspección ocular en la zona donde fue hallado el joven, flotando sin vida en el río Paraná en febrero de 2020.

La inspección se realizó con un amplio despliegue de la Policía de Santa Fe y de la Prefectura Naval. De la misma participaron los tres jueces que conforman el tribunal, Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Súarez, el fiscal Patricio Saldutti, el letrado de la querella, Salvador Vera, y los cuatro detenidos, dos policías y dos exempleados de seguridad del boliche Ming River House.

Además, en el lugar estuvieron los familiares de «Bocacha» que, en diálogo con la prensa, sugirieron que hay personas en el juicio que «están cambiando los relatos». Así lo afirmó Edgardo Orellano, padre de Carlos, quien además explicó que los jueces querían ubicarse en el lugar.

Por su parte, el abogado querellante apuntó que fue una medida de inspección y reconocimiento del lugar propuesta por todas las partes en la audiencia preliminar, para que los jueces que van a dictar sentencia puedan tomar contacto directo con los espacios en los que se desarrolló el hecho. «La idea era marcar los puntos de interés de las partes y se pudo llevar a cabo, más allá de que el lugar se encuentra profundamente modificado. Todas las partes hicimos marcaciones de interés, el lugar donde se desencadenó el hecho, el lugar de marcación de los testigos presenciales y el lugar de donde fue sacado Carlos del boliche».

En cuanto a lo dicho por Edgardo Orellano, Vera explicó que «en el día de hoy uno de los acusados, un funcionario policial decidió hacer una manifestación, sin repregunta». «La declaración que él hace forma parte de una de las cinco variantes de declaraciones que hicieron durante la investigación, todas contradictorias. Son incontables la cantidad de versiones en relación al último momento del hecho, pero lo cierto y objetivo en relación a esto es que en el momento en que ocurre eso, ellos demoran muchísimo el aviso. Hacen un primer aviso falso al 911 y luego hacen un aviso con uno de estos relatos».

Los cuatro imputados por la muerte de «Bocacha» enfrentan cargos por  «homicidio simple con dolo eventual en grado de coautores», en tanto que a los dos policías se les suma el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica» y pedidos de pena de entre 17 y 19 años de prisión, aunque la querella solicitará penas aún más elevadas.