El inicio del juicio por dos homicidios y asociación ilícita donde está acusado Esteban Lindor Alvarado junto a seis cómplices estuvo plagado de situaciones desopilantes. Como datos de color, Alvarado se presentó como “comerciante” cuando fue consultado por los jueces por su actividad o profesión, mientras que luego dijo que vivía en Constitución y Ricchieri, calles que corren paralelas y jamás se unen; también se quejó de la falta de conectividad en el penal de Ezeiza donde se encuentra alojado. Otro imputado dijo no recordar su fecha de nacimiento y no haber ido jamás a la escuela, y tampoco recordaba el número de su DNI. En tanto, otra imputada pidió ser atendida por un servicio de emergencias al sentirse descompuesta debido al frío que se sentía en la sala de audiencia por el aire acondicionado.
Al margen de estas situaciones, y luego de superadas ciertas vicisitudes pasadas las 9 comenzó el debate presidido por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada acusaron a Esteban Alvarado de participar en 12 hechos junto a Mauricio Jesús Laferrara, Facundo Almada, Matías Horacio Ávila y Germán Facundo Fernández, como cómplices de la mayoría de los crímenes y Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi, por el lavado de activos. Alrededor de 130 testigos desfilarán por el Centro de Justicia Penal en unas cincuenta jornadas de debate que se espera terminen en abril.
En el alegato de apertura los fiscales aseguraron contar con evidencia suficiente para demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputa. Por un lado los homicidios de Lucio Maldonado y Cristian Enrique, dos tentados a una empleada de Ministerio Público de la Acusación ocurridos en diciembre de 2018 y enero de 2019, dos atentados a edificios del estado provincial, cinco causas por lavado de activos donde están involucrados inmuebles de gran valor económico, y una asociación ilícita desde junio de 2012 hasta al menos octubre de 2019, por lo cual se le impusieron multas por 1.500 millones de pesos, otras por 250 millones de pesos y se decomisaron bienes por 200 millones de pesos. Esta causa cuenta además con otras 22 personas condenadas en juicios abreviados, entre ellos miembros de la policía, algunos formaban parte de la estructura criminal y otros por haber colaborado. Schiappa Pietra también aclaró que dentro del equipo de investigación sufrieron una interferencia con la presencia de un infiltrado que proveía de información a Esteban Alvarado.
Para poner en contexto, la investigación que señala a Alvarado como jefe de una asociación ilícita comienza con el homicidio del prestamista Lucio Maldonado a finales del 2018, pero es necesario remontarse al período mayo a agosto del mismo año donde se produjeron una serie de ataques a balazos a tribunales, edificios provinciales y viviendas de miembros del Poder Judicial vinculados al juicio de Los Monos. Alvarado se montó sobre esos hechos, en los que siempre aparecía un cartel que rezaba “con la mafia no se jode”, para despistar a los investigadores para que creyeran que eran Los Monos quienes realizaban los ataques. Esta investigación llevó a descubrir el entramado criminal sobre la actividad ilícita de Alvarado y el resto de los acusados.
Matías Edery y Luis Schiappa Pietra destacaron la magnitud del dinero que a lo largo de los años acumuló la organización y pidieron que se les apliquen multas por 1.500 millones de pesos a los acusados por el delito de lavado de activo, y revelaron que ya se aplicaron sanciones a otros miembros de la banda por 250 millones de pesos y se decomisaron bienes por 200 millones de pesos.
Se juzgarán en este juicio cinco casos de lavado, son inmuebles de mucho valor económico, por los cuales hay solicitudes de multas por 1.500 millones de pesos. Los fiscales esperan demostrar durante el juicio «cómo la organización lavó dinero con la adquisición y posterior transferencia de esos inmuebles».
Los fiscales intentarán demostrar en el juicio que la banda cometió «dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos».
Como ocurre en la mayoría de las causas por delitos económicos de organizaciones criminales, la investigación llega a la cabeza de dicha organización, pero es imposible seguir ascendiendo en la búsqueda de la complicidad política, aunque a «creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande como la de Alvarado, digo casi porque evidentemente para que subsista en el tiempo tiene que haber un vínculo político, pero no lo pudimos encontrar», agregó el fiscal.
Según la acusación, Alvarado lideró una organización criminal desde mediados de 2012, cuando fue condenado por robo de autos en el conurbano norte bonaerense, hasta fines de 2018.
Los fiscales probarán que Alvarado, «desde su lugar de detención, construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios».
Edery y Schiappa Pietra pidieron la pena de prisión perpetua para Alvarado, Laferrara, un «gatillero» imputado por varios homicidios, y para Ávila y Fernández la misma pena, mientras que solicitaron 15 años de prisión para Almada, un cuidador de caballos de Alvarado implicado en el asesinato del prestamista como partícipe.
En tanto, pidieron 8 años de cárcel para Grecci Hazzi y 3 para Ghirardi, por lavado de activos.
Schiappa Pietra recordó que «en este juicio hay siete imputados, pero es una causa que tiene 22 condenados», entre ellos seis policías que acordaron penas mediante procedimientos abreviados, y que eran quienes garantizaban «el permiso estatal» para el desarrollo de la banda.
También el propio abogado de Alvarado, Claudio Tavella, fue sentenciado a 3 años de prisión por lavado de activos al simular la compra de un campo de 10 hectáreas que, en realidad, era propiedad del jefe de la organización.
La ex esposa de Alvarado, Rosa Capuano, fue condenada el año pasado a 3 años de prisión y el pago de una multa de 51 millones de pesos, calculada en el doble del monto de recursos de origen ilegal lavados a través de una red de empresas y adquisición de inmuebles y vehículos.
Para afrontar esa suma, la mujer acordó con la Justicia la entrega de una casa en el country «Funes Hill», un camión semirremolque y 9 vehículos.
Según los fiscales, uno de los estamentos de la compleja organización estaba integrado por personas encargadas de «administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindan las estructuras societarias».
Las defensas
Por su parte las defensas negaron todos los delitos que se les imputan y pedirán la absolución.
