Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
“Lo que cambia es que va a haber una orden judicial citando a un senador de la provincia, para que comparezca ante tribunales de la Justicia para ejercer su derecho de defensa, por encontrarse sospechado en la comisión de un delito. Pone a Santa Fe en un escenario más razonable dentro del derecho interno, la normativa interna comprometía la responsabilidad institucional, esta decisión pone a la provincia en otro lugar”.
La definición es del fiscal Luis Schiappa Pietra -quien junto a su par Matías Edery investiga un sistema de juego clandestino orquestado mediante lo que judicialmente se figura como “asociación ilícita”-, al analizar el fallo del juez José Luis Mascali, quien declaró este lunes inconstitucional el párrafo segundo del art. 51 de la Constitución de Santa Fe, lo cual autoriza al Ministerio Público de la Acusación a llamar a indagatoria al senador Armando Traferri, señalado como la “pata política” que protegía esa red ilegal.
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Se trata de una trama que puso en vilo a la Legislatura provincial y tensó al máximo las relaciones con el Ejecutivo (y especialmente dentro del justicialismo santafesino) y también con la Justicia, en una provincia azotada por la economía delictiva -dentro de la cual está el narcotráfico- al poner en foco a funcionarios judiciales de primer nivel y legisladores con peso político.
La causa por juego clandestino, iniciada tras un homicidio casi arbitrario en un balcón del Casino City Center muchos meses atrás, desató un reguero que ya se llevó puesto fiscal (incluida la máxima autoridad regional) y desde el inició buscó imputar a los señalados como protectores desde la política.
Los fiscales intentaron imputar al legislador, e incluso pidieron su desafuero, chocando contra la solidez corporativa que lo impidió. Traferri creía, a esta altura, que había logrado capear la tormenta. Pero la decisión de Mascali, del Colegio de Jueces Penales de 2° Instancia de Rosario, cambió todo.
“Lo que dice el fallo que era lo que planteábamos, soluciona una situación muy injusta en relación a la legislación que tiene Santa Fe con el resto del país, en gran parte gira en torno a ese contexto, situación de desigualdad respecto a la posibilidad de imputar a un legislador, entendemos que vamos a poder imputar a Traferri”, dijo este mediodía el fiscal Edery, en conferencia de prensa.
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“Para nosotros sirve porque vamos a poder poner delante de un juez la evidencia que tenemos para que él lo evalúe. El límite de un allanamiento u otras medidas existe con el resto de legislaciones, para poder proceder a eso tenemos que seguir investigando”, valoró, respecto a la decisión del juez rosarino.
Si bien aún es pronto para establecer fechas de una posible audiencia imputativa, los investigadores ya adelantaron que esperan la fijación en función de la feria judicial.
El senador provincial Armando Traferri y su defensor, el abogado José Luis Vázquez.
“Tenemos imputaciones que hacer respecto de personal policial sin imputar, pero tenemos más de 20 sumando a todas las causas que tenemos en la provincia, se está discutiendo cómo avanzar, sin en un juicio o varios. No sabemos qué es lo que va a hacer la defensa del senador, cuál va a ser la actitud. Si se interpone recurso, no se suspende la ejecutoriedad de la medida y vamos a llamar a la audiencia. Recién estamos analizando el fallo, la situación no es habitual”, explicaron.
Responsabilidad institucional
A su turno, Schiappa Pietra resaltó que “esta decisión pone a la provincia en otro lugar, es muy auspicioso” ya que “la normativa interna comprometía la responsabilidad de Santa Fe al impedir que avancen investigaciones a este nivel”.
Respecto al nivel de involucramiento del senador sanlorencino en el entramado de juego ilegal, que podría tener derivaciones en otras causas, los fiscales afirmaron tener “evidencia que a él lo coloca organizando esa red de juego clandestino”, con lo cual “si se habla de funcionarios es una causa de corrupción”.
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La investigación tiene cerca de 20 imputados, y considera que el dinero se lavaba a través de muchas empresas. Edery y Schiappa Pietra afirmaron que van a convocar a audiencias en lo próximo para “cómo se lavaba el dinero”.
En ese sentido, colocan “en el rol de organizador a Traferri, y también a (el ex fiscal regional, Patricio) Serjal; el jefe era (el empresario) Leonardo Peiti, porque era el que disponía. Igualmente, organizador y jefe, en esta cuestión, están al mismo nivel”.
“En materia de criminalidad compleja organizada, lo que nosotros tenemos muy claro es que no podría funcionar si no hay apoyo del sector político, representado por el claramente, tenemos muy claro el vínculo de Serjal con Traferri; lo planteamos en el Senado, posibilitó que este gigantesco sistema de juego ilegal funcionara como funcionó: en Rafaela, Venado Tuerto, Casilda, Cañada de Gómez, Melincué, Rosario, distintos lugares. Sin duda, creemos que la participación del senador fue determinante para que esto pueda operar como operó”, completaron.
Turbulencias y campaña
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), afirmaron que en lo personal se viven “momentos turbulentos”.
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“Se llegó así, con muchas dificultades, idas y vueltas, sabíamos que esto no iba a ser simple ni fácil, lo teníamos claro. Estamos tranquilos, lo que dijimos siempre es que tenemos una investigación penal que se inicia por un homicidio en el Casino City Center, no hay que olvidarlo, y a partir de ahí llegamos donde llegamos”, declararon en el Centro de Justicia Penal.
Respecto a los montos del dinero que se podría haber “blanqueado”, si bien dijeron que “son difíciles de precisar”, pero que tras una consulta en lotería de la provincia, en función de las declaraciones, podrían ser “cerca 3 mil millones de pesos por año”. En esa línea, el inicio de la actividad de esa asociación lo fijan desde que asume Serjal.
Por último, sobre la posibilidad de que ese dinero haya servido para financiamiento de campañas políticas (tema con demasiada actualidad, a las puertas de una nueva elección legislativa), consideraron: “Hay declaraciones, que ya vamos a ventilar, que indican que parte de ese dinero servía para financiar campañas políticas”.
