Fiscales Loyola y Lema en la audiencia
La investigación del crimen del contador Enrique Encino, ocurrido en el Casino City Center de Rosario, en enero de 2020, condujo a una extensa red que involucraba en su entramado extorsiones, balaceras y coimas y que incluía desde maleantes hasta policías e incluso, se extendía hasta algunos fiscales del Ministerio Público de la Acusación. En el momento en el que el huracán del escándalo parecía arrasar con todos, Leonardo Esteban Peiti, un histórico «empresario» y capitalista del juego, acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita que hacía pingües ganancias con casinos y garitos ilegales, hizo su jugada y se anotó unas cuantas fichas como «testigo arrepentido», colaborando con los fiscales que investigaban la causa, dando nombres y detalles, a cambio de poder transitar el proceso en libertad. Sin embargo, este miércoles por la tarde, Peiti perdió ese privilegio y, tras ser imputado en la ciudad de Rafela como líder de otras dos asociaciones ilícitas dedicadas también a la explotación del juego clandestino, se le dictó la prisión preventiva.
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Peiti fue imputado el lunes por la tarde, junto a su hermano y otras cinco personas y los fiscales de Rafaela Guillermo Loyola y Gabriela Lema lo acusaron de ser el jefe de dos asociaciones ilícitas dedicadas a organizar, administrar, operar y explotar sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente y defraudación a la administración pública. Y este miércoles, en audiencia de medidas cautelares, el juez Javier Bottero, dispuso la prisión preventiva sin plazos para Peiti y de otros dos imputados. Además dictó la misma medida para otros tres imputados. En tanto, a Roberto Peiti, hermano de Leonardo, se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
Los otros imputados que quedaron detenidos son Edgardo Angel S. S. , un empresario hotelero acusado de ser parte de la asociación y de lavado de activos calificado, José María S. y María Beatriz S. Esta última cumplirá con arresto domiciliario por tener a un menor de edad a cargo.
