La filtración a los medios del preacuerdo de juicio abreviado firmado por el capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti, en el cual se contempla la figura del «arepentido colaborador», agitó las aguas en el ámbito judicial y político, ya que su difusión perjudica el marco de confidencialidad para que dicho acuerdo avance. La investigación del origen de esa filtración se tradujo en una causa penal y este jueves se realizó un allanamiento en un estudio jurídico de Casilda a fin de dilucidar de donde provino la misma.

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el operativo realizado por las Tropas de Operaciones Especiales fue requerido por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El procedimiento se centró en la vivienda del abogado Fernando M., donde también fuciona su oficina. El letrado no quedó detenido, pero se le secuestró el teléfono celular.

Según los trascendidos judiciales, el abogado tuvo un contacto con Leonardo Peiti ya que lo habría visitado en la clínica donde se encuentra cumpliendo su prisión preventiva por cuestiones de salud.

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Por su parte, en una entrevista con AireDigital, el fiscal Luis Schiappa Pietra remarcó que hubo una clara intencionalidad de perjudicar el acuerdo judicial con la filtración del mismo a los medios. «Antes de que se genere el procedimiento legal, se ventiló y ahora hay un montón de personas hablando de esto, claramente tuvo una intención de interrumpir el proceso y de generar zozobra en el marco de la investigación».

En ese sentido, el funcionario del MPA  comentó la gravedad de la situación, confirmó que está en marcha una causa penal por la difusión del preacuerdo y subrayó que no sólo se filtró sino que el mismo fue publicado íntegro en un portal digital.