Los jueces encargados de llevar adelante el juicio oral y público por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA reclamaron mayores recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder afrontar el debate.

Se trata de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA por la que será juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner, que fue elevada a juicio oral en marzo pasado, pero aún no tiene fecha de inicio.

El pedido dirigido al titular de la Corte, Carlos Rozenkrantz, fue formulado por la jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, Gabriela López Iñigez, y respaldado los magistrados Jorge Tassara y José Michilini, los dos colegas de otros tribunales que la acompañarán en el juicio.

La jueza remarcó que resulta «de suma urgencia poder conformar un equipo de trabajo exclusivo para esta causa, que en calidad y número posibilite encarar en condiciones, sino óptimas, al menos razonables las exigencias que el caso impone, desde el momento actual y hasta la culminación de todas sus implicancias”.

A través de un escrito fechado el 15 de febrero, pero que se conoció en las últimas horas, López Iñiguez y sus colegas reclamaron poder contar con un equipo exclusivo compuesto por 3 secretarios de cámara, 2 prosecretarios, 2 oficiales y 3 escribientes auxiliares.

La magistrada destacó que el tribunal deberá afrontar el juicio en condiciones extraordinarias porque dos de sus integrantes debieron ser reemplazados -lo que implicará que sus vocalías no estén a disposición del juicio- y porque se trata del único TOF con doble competencia: además de las causas federales tiene asignados más de 200 casos del fuero ordinario.

De los integrantes originales del TOF, la jueza Sabrina Namer fue recusada por una de las partes a raíz de su paso por la Unidad Fiscal de investigación del atentado a la AMIA tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, y el juez Nicolás Toselli se excusó por sus lazos familiares con el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, ofrecido como testigo en el juicio.

“Los distinguidos colegas, doctores Tassara y Michelini, han tomado conocimiento de la situación y entienden la imperiosa necesidad de contar con un equipo idóneo y de confianza de los firmantes, por lo que comparten las preocupaciones expresadas así como las necesidades que fundan esta petición”, sostuvo López Iñiguez en el escrito firmado por los tres jueces.

“La tramitación de cuestiones sensibles y complejas, que requieren a mi modo de ver una dedicación exclusiva, recae en los pocos empleados de una sola vocalía”, sostuvo la jueza, y remarcó que «la causa Memorándum consume ya actualmente de modo muy intenso la capacidad de trabajo humana y material» de su equipo y de la mesa de entradas del tribunal.

La magistrada también detalló que la causa cuenta con 52 cuerpos principales, 26 incidentes y “cuantiosa documentación, gran parte de la cual es de elevada sensibilidad, por su carácter confidencial dado que involucra asuntos de Estado” por lo que remarcó la necesidad de contar con más personal.

Enumeró además que el tribunal deberá “abocarse a estudiar y resolver el pedido (de las partes) de introducir en el debate” todo el trámite en el que se investiga el atentado contra la AMIA y las copias del expediente sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros.

“La causa involucra el juzgamiento de los alcances jurídicos y legales de decisiones adoptadas en el orden nacional en relación a los otros poderes del Estado”, sostuvo López Iñiguez en relación a los alcances del juicio en el que se abordará el memorándum firmado por el fallecido canciller Héctor Timerman y aprobado por el Congreso de la Nación.

Al fundamentar el pedido a la Corte, López Iñiguez sostuvo que “no es posible siquiera imaginar que la dotación básica del personal de un tribunal, concebida para otro contexto, pueda llevar adelante tan imperiosa tarea”.

La causa por supuesto encubrimiento fue elevada a juicio oral en marzo del año pasado por el juez federal Claudio Bonadio y está originada en la denuncia del fallecido fiscal Nisman, quien acusó a la ex presidenta Cristina Kirchner de haber promovido la firma del memorándum para dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.