El Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner, dijo que el caso de la nena Arcoíris se encuadra en lo que «podemos describir como vinculación forzosa», situación que consideró «uno de los problemas más severos de violaciones de los derechos de chicos y chicas en los ámbitos judiciales».

El funcionario consideró, que este tipo de casos «son situaciones en las que, pese a la existencia de procesos en curso por denuncias de abuso, o ante informes de expertos que recomiendan evitar el contacto entre chicos y/o chicas con alguno de sus progenitores, o ante claras expresiones de esos niños y niñas de no querer tener encuentros con esos adultos, se dictan resoluciones en sentido contrario».

De esta manera, agregó «se ocasionan de ese modo severos perjuicios a chicos y chicas que son tratados como objetos en esos procesos judiciales, negando su condición de personas, sujetos plenos de derechos».

Consultado por el caso de la niña llamada Arcoíris, nombre ficticio para preservar su identidad, estimó que «se encuadra en lo que describíamos como vinculación forzosa. La familia cuenta con sus propios abogados. Lamentablemente en La Rioja las infancias no cuentan con un Defensor o Defensora, pero afortunadamente sí está interviniendo la Defensoría nacional, a cargo de la doctora Marisa Graham».

Según la mamá, la nena refirió abusos por parte de un familiar cuando era llevada a casa de su padre para cumplir con un régimen de visitas y aseguró que sobre esa persona pesaba una «prohibición judicial».

El 29 de abril, luego de que más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país lanzaran una campaña para solicitar al Poder Judicial riojano que proteja a Arcoíris, la justicia consideró que la nena no había sido abusada y ayer allanaron el domicilio de una periodista, Manuela Calvo, y le secuestraron material de trabajo para impedir que se refiera al tema.

Sin entrar en los detalles del caso, Lerner dijo que la Defensoría nacional, «a diferencia de la Senaf, tiene amplias facultades de intervención en casos judicializados, incluso cuando el niño o niña y su familia tengan sus propios letrados. Desde que supe de la situación judicial de la niña Arcoíris y las acciones de su madre tomé contacto con la doctora Graham».

«Estamos convencidos -amplió- que lo que está realizando la Defensoría, desde su lugar de independencia de los poderes judiciales y ejecutivos nacional y provincial, es la respuesta adecuada que debe brindar el Estado Nacional en la presente situación».

El funcionario nacional, abogado y especialista en la temática, también se refirió a las reformas necesarias para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

«Por un lado, si bien el Código Civil vigente es moderno y muy respetuoso de los derechos de chicos y chicas, no sucede lo mismo con la mayoría de los códigos procesales en materia de familia, tanto a nivel nacional como en muchas de las provincias. La consecuencia es que siguen vigentes procedimientos escritos y excesivamente largos, no hay escucha directa obligatoria de los jueces y juezas a niños y niñas, tampoco está reglamentado el patrocinio propio de las personas menores de edad», dijo, en alusión al llamado «abogado/a del niño».

En materia de institucionalidad de defensa de los derechos de las infancias, destacó que «solo existe la figura del Defensor de niños, niñas y adolescentes nivel nacional y en solo cinco provincias. Otro capítulo pendiente son los criterios de selección y designación de jueces y juezas con competencia en niñez y adolescencia, así como sus planes de formación, que frecuentemente dejan mucho que desear: son desactualizados, incompletos o incluso con poco enfoque de derechos de niños y niñas desde una mirada actual».

Entre otras deudas, marcó que «prácticamente es inexistente la información estadística de las prácticas judiciales, lo que hace muy difícil la elaboración de propuestas de cambio por la ausencia de datos fundamentales».

A la hora de señalar los aportes, Lerner valoró el desarrollo en todo el país de «una política de construcción de mesas intersectoriales y territoriales sobre el abuso sexual contra las infancias y el embarazo forzado», impulsada por la Senaf, el Ministerio de Justicia de la Nación y UNICEF, «que nos permite ir construyendo alianzas y criterios comunes con diferentes actores relevantes en cada provincia, como las áreas de niñez, salud, justicia y, allí donde es posible, con los actores judiciales».

También consideró relevante el reciente lanzamiento por el Ministerio de Justicia del Programa Patrocinar, «con quienes trabajamos, y que está extendiendo el servicio de abogados/as para acompañar gratuitamente a las víctimas menores de edad que así lo requieran».

Además señaló como otras acciones importantes la puesta en marcha de dos carreras de especialización, gratuitas y destinadas especialmente a los equipos territoriales de niñez, en alianza con las universidades nacionales de Entre Ríos y de La Plata, y que todas las provincias cuenten ahora con la línea 102, especializada para temas de niños y niñas

Por último, Gabriel Lerner puntualizó los avances del Registro Único Nominal (RUN), que «permite que las medidas de protección adoptadas respecto de cada niño y niña o su familia consten en legajos digitales, lo que posibilita mejores seguimientos, derivaciones eficaces, evitar acciones superpuestas o descoordinadas, etc.».