El fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz aseguró que al ex titular de la Unidad Amia Alberto Nisman, quien el 18 de enero de 2015 apareció muerto en el baño de su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, lo asesinaron y pidió que el caso pase a ser investigado por la Justicia federal.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que Sáenz se pronunció así mediante un dictamen presentado ante la Cámara del Crimen y de esa forma se convirtió en el primer funcionario judicial que consideró que la muerte del fiscal se trató de un homicidio.

Nisman apareció muerto en su baño el 18 de enero de 2015 y hasta el momento en la investigación se intenta determinar si fue suicidio u homicidio.

La querella, a cargo de la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y la de su madre, Sara Garfunkel, viene reclamando que se investigue la hipótesis de homicidio en base a estudios periciales sobre la muerte y detalles de la escena del hecho.

En primera instancia, la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini rechazo el pedido para declararse incompetente y remitir el caso a la Justicia Federal al considerar que no había pruebas concluyentes para ratificar que se trato de un homicidio o un suicidio.

Así, las querellas apelaron a la Cámara del Crimen, y el fiscal dictaminó en coincidencia con las querellas.

Sáenz remarcó que Nisman investigaba el «mayor atentado» de la Argentina por la voladura de la Amia, y que su muerte fue a cuatro días de su «gravísima denuncia» por encubrimiento de la investigación de ese hecho en la cual había acusado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman.

Además, el fiscal tuvo en cuenta varias declaraciones testimoniales, entre ellas la de la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la ex asistente de Nisman Soledad Castro, en cuanto a que Nisman estaba «abocado» en momentos en que apareció muerto, a la presentación de su denuncia por encubrimiento ante el Congreso Nacional, y que tenía buen estado de ánimo.

«Lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la Justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero», dijo Sáenz al descartar que en ese contexto Nisman pudo haberse suicidado.

También evaluó los dichos de los peritos de la querella, en cuanto a las lesiones en que tenia en su cuerpo demuestran que fue asesinado, así como las declaraciones de dos médicos que llegaron primero al departamento de Le Pac y que luego de ver unas fotos tomadas por la Policía dijeron que el cadáver había
sido removido de su postura original.

«Comparto la tesis del recurrente referida a que los estudios periciales realizados sobre las manos de Nisman y sobre el arma utilizada demuestran que estamos en presencia de un homicidio», aseguro la fiscalía, a raíz que no se encontró restos de polvora en la victima lo que daría cuenta que el sí apretó el gatillo del arma calibre 22 utilizada en el hecho. En ese sentido, Sáenz recordó que pericias posteriores al hecho sobre el disparo de un arma del mismo calibre, y del cual se levantaron rastros incluso transcurridas veinte horas después, demostraron que sí quedan restos de pólvora, lo que no ocurrió con el caso de Nisman.

Las pruebas «llevan a la conclusión indiscutible de que el arma que produjo la muerte de Nisman siempre deja residuos de disparo -deflagración- aún después de 20 horas de disparada, mientras que en las manos de la víctima no se encontró ninguna partícula».

Incluso hizo referencia a que el departamento de Nisman habría sido «limpiado» al no haberse encontrado en todo el lugar ninguna huella dactilar pese a que al ser hallado sin vida hubo innumerable candidad de personas.

El fiscal Sáenz recordó que él ya había considerado que el empleado informático Diego Lagomarsino, quien trabaja con Nisman y dijo que éste le pidió el arma calibre 22 por seguridad, debía ser investigado en «todas las hipótesis delictivas», esto es también por el homicidio.

Sáenz dijo coincidir con lo expresado por las querellas en cuanto a la «poca credibilidad que cabe asignarle a los dichos de Diego Lagomarsino y del custodio Rubén Benítez en cuanto a que Nisman les solicitó un arma de fuego».

Ahora el dictamen de Sáenz, el cual no es vinculante, será evaluado por la Sala VI que determinará si el caso debe o no ser investigado por la Justicia Federal.