En la última jornada de alegatos por el triple crimen de Villa Moreno, la defensa de los cuatro imputados expuso sus argumentos. El relato de los abogados se basó en la violación de derechos garantizados por pactos internacionales de derechos humanos, en la irregularidad de la producción de la prueba y la forma en que se incorporó la misma al debate, en la intervención irregular de las líneas telefónicas y en la validez de las declaraciones de los testigos. En consecuencia, se escuchó un pedido unánime: nulidad del proceso y absolución para sus representados.

Los argumentos para tal pedido fueron argumentados en los alegatos que dieron inicio a la jornada con la intervención de Adrián Martínez y Carlos Varela, quienes representan a Sergio “Quemado” Rodríguez, el principal imputado en la causa, por ser quien empuñó y accionó la ametralladora PAM 1 que dio muerte a los tres jóvenes el 1º de enero de 2012 en el predio del Club Oroño en Quintana y Dorrego.

El abogado Martínez en su planteo inicial afirmó que no se respetaron las garantías constitucionales, para ello citó los pactos internacionales y convenciones de derechos humanos. Además solicitó la nulidad de las declaraciones de los testigos porque fueron realizadas en Fiscalía sin la previa notificación a la defensa y sin el control de la misma. En consecuencia, solicitó la nulidad de todos los testimonios y todas las acciones que deriven de ellos, inclusive la elevación a juicio.

Tras citar jurisprudencia que avala su teoría, solicitó la “nulidad de carácter absoluta de todo el proceso” e instó al tribunal: “Si se dicta una sentencia condenatoria va a ser nula”. Y no dudó en advertir la apelación en una instancia superior, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los puntos fuertes del alegato de Martínez se centraron en demostrar la violación de la garantía constitucional sobre la intervención de las comunicaciones y la forma en que se obtuvo la prueba. En relación a este punto planteó que: “La resolución para intervenir una línea de teléfono debe ser fundada” y la resolución no esgrime ningún fundamento de proporcionalidad entre el beneficio en el juicio (del uso de esta prueba) en detrimento de la garantía constitucional que el letrado supone violada. Por lo tanto, el defensor solicitó la nulidad de esa prueba.

También se pronunció sobre las irregularidades en el reconocimiento de su defendido Rodríguez por el testigo y sobreviviente de la masacre, Marcelo Suárez, porque afirma que cuando su cliente fue detenido en Santa Elena, provincia de Entre Ríos, las fotos tomadas en sede policial habían sido difundidas por los medios de comunicación. El argumento expresa la nulidad de la prueba porque el testigo pudo haberlo reconocido por las imágenes difundidas por los medios y no por recordarlo en la escena del crimen.

Luego le tocó el turno al letrado Carlos Varela, quine realiza la defensa de Rodríguez en forma conjunta con Martínez. Fiel a su estilo, sostuvo sus dichos en la audiencia de apertura del juicio y reiteró su invitación a la fiscal Nora Marull: “Sorpréndanos señora fiscal, compruebe la responsabilidad de nuestro asistido. No existe ninguna prueba que se valga por sí misma para aportar a la causa”.

Afirmó sin dudas que la fiscalía se apoya en una tesis donde abundan la ausencia de pruebas, los discursos voluntaristas y la carencia probatoria. Manifestó que “hemos vuelto al circo romano, las gradas están colmadas”. Refirió también que la fiscalía trató de replegar a la defensa.

Para completar su alegato y complementar el de Martínez, Varela expuso las contradicciones en las que incurrieron testigos, en la pericia balística que se contradice con los dichos de los testigos. Y acusó al tribunal de permitir el ingreso de prueba viciada a esta causa.

Analizó, además, la negativa de la pericia forense a las escuchas telefónicas, de lo cual se desprende que la fiscalía no tenía la certeza de quiénes eran las personas que intervenían en esas comunicaciones, por lo cual el beneficio de la duda asiste a su defendido, en este punto.

En líneas generales la defensa trató de derribar la teoría de la Fiscalía que se basa en las escuchas telefónicas de alrededor de 90 líneas intervenidas, incluida en esa lista el móvil del abogado Fausto Yrure.

Más tarde llegó el turno de los letrados Gabriel Navas e Yrure, representantes de Delgado y Sprío, quienes están sindicados como coautores del triple crimen. Navas remarcó que en los primeros seis meses de los tres años que llevó la instrucción hubo una investigación profusa, pero confusa. Y dijo: “La causa entró en una espiral de desidia”, manifestó.

Navas se refirió a una supuesta teoría de las trampas, por lo cual señaló que vincular a sus defendidos con el narcotráfico fue una estrategia para buscar una condena social y poner al tribunal en una trampa jurídica.

A su vez, Navas manifestó que sus clientes fueron estigmatizados al ser “tildados de narcos y por carácter transitivo son culpables”.

Por su parte, Yrure también se apoyó en “la ausencia absoluta de pruebas” y fue categórico a la hora de responder el alegato de la fiscalía donde los acusan de no producir prueba propia y sólo pretender derribar la teoría fiscal: “Tenemos una teoría y nos alcanza con tres testigos. Estaban en otro lugar, no necesitamos más pruebas”.

Para la defensa de sus clientes, Yrure y Navas se basaron en los videos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde se puede observar a Delgado y Sprío llevar a su amigo Maxi “Quemadito” Rodríguez herido. También en los informes de las compañías telefónicas captados por antenas que ubicaron a los acusados en otros lugares distintos al del hecho y los mensajes de texto que intercambiaron con sus celulares. Plantearon irónicamente que “mientras enviaban mensajes con sus celulares disparaban con sus armas contra las víctimas”. Prueba por la cual queda demostrado, según Yrure, que no estuvieron en el lugar del hecho.

En referencia a la trascendida frase en la cual Mauricio Palavecino se autodefine «yo soy choro, mato y trafico», apuntó que fue sacada de contexto y que la misma fue una conversación del imputado con un amigo donde se disputaban quien era mejor y la frase fue como una suerte de metáfora. Pero la sorpresa del público fue mayor cuando comparó la frase con términos futbolísticos como «yo hice un gol de media cancha». La carcajada del público fue unánime por lo descabellado de los dichos del defensor.

Por último, fue el turno del defensor Ignacio Carbone, quien representa al imputado Mauricio “Maurico” Palavecino. En principio plantea la nulidad de todo el proceso por la irregularidad en la producción de pruebas y especialmente se refirió a la detención de su defendido a quien se le tomó declaración testimonial cuando su teléfono estaba intervenido anteriormente a la detención por tener vínculos con Rodríguez lo cual directamente lo convierte en sospechoso, afirmó Carbone.

Otra irregularidad cometida fue el secuestro del teléfono de Palavecino y el allanamiento de su casa sin una orden, además del secuestro de la Kangoo blanca (sin orden) supuestamente utilizada para trasladarse hasta el lugar del crimen.

En bloque, como los denomina la fiscalía, los defensores pidieron la nulidad de todo el proceso y la absolución de sus clientes. Y manifestaron que, en el hipotético caso que el tribunal emita una sentencia condenatoria, se aplique el mínimo de la pena prevista para el delito juzgado.

Afuera, en la carpa montada desde el primer día del juicio oral, en total silencio los militantes acompañaron todas las jornadas. Ahora esperan expectantes la sentencia del tribunal. Manifiestan tener esperanza por la resolución que dictarán los jueces.

Para finalizar la jornada se realizó la réplica entre la partes y así se dio fin a la etapa de alegatos. El jueves a las 12.30 se leerá la sentencia del tribunal conformado por el presidente Gustavo Salvador, Ismael Manfrín y José Luis Mascali. Cabe destacar que este tribunal es el mismo que absolvió en 2011 a Claudio «Pájaro» Cantero  y sus cómplices en la causa por la muerte de Walter Cáceres por considerar endeble la prueba presentada.