Este jueves, en el Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó a cabo la audiencia imputativa a los 8 detenidos por formar parte de una banda que se dedicaba a realizar conexiones ilegales de energía eléctrica y adulteración de medidores de consumo con anuencia y participación de empleados de le Empresa Provincial de la Energía.
La fiscal Valeria Haurigot les imputó a los 8 detenidos los delitos de Asociación Ilícita conformada por tres o más personas destinadas a la preparación, planificación y ejecución de delitos de estafa contra la EPE desde fecha 23 de mayo del 2018, cuando los imputados, empleados de la empresa, adulteraban los medidores de consumo de energía eléctrica a través de la realización de conexiones irregulares del suministro eléctrico para lograr un aparente bajo consumo a las personas propietarias de casas particulares o negocios, que los contrataba. Los imputados les cobraban la instalación y una cuota periódica mensual consistente en un porcentaje del consumo ahorrado, lo que era verificado y controlado por los miembros de esta asociación.
La fiscal Haurigot, en conferencia de prensa, señaló que si bien la jueza Silvia Castelli aceptó las atribuciones de asociación ilícita y estafa, no hizo lugar a los pedidos de prisión preventiva por los considerandos de edad y falta de antecedentes penales en los distintos casos. «La magistrada hizo notar la gravedad de los hechos juzgados, pero otorgó la libertad bajo fianza y otras restricciones», explicó la funcionaria judicial.
«Se trató de una audiencia que duró aproximadamente seis horas en las que imputamos 9 estafas en concreto, que son las que teníamos corroboradas», relató Haurigot. Y detalló: «Lo que tomamos en cuenta es el rol que cada uno cumplía dentro de la organización en la que había cinco personas que cumplen funciones actualmente en la EPe y dos ex empleados. Lo que pudimos comprobar es que por un lado estaban las personas que llevaban materialmente a cabo las conexiones clandestinas y por otro los que por ejemplo, se encargaban de cortar la luz de la cuadra para que estas conexiones pudieran hacerse, porque revestían un riesgo enorme y podían terminar todos electrocutados. Así que había personal habilitado para concretar esos cortes. Y ahí es donde queda clara la connivencia de estos empleados que son del área subterránea».
Además, según especificó Haurigot, en otros casos se trataba de conexiones de la red aérea y en otros de medidores adulterados.
En cuanto al pago que se exigía a quienes requerían estos «servicios», la fiscal señaló que «había por un lado un pago inicial y en muchos casos pagos mensuales». Eso iba variando entre lo que se ahorraba el consumidor entre lo que debería pagar y lo que realmente pagaba a partir de la conexión ilegal…Por eso es un caso muy complejo, porque requería información acerca de los consumos y ahí es donde se evidencia, según la teoría de la Fiscalía, la complicidad participación de los empleados administrativos de la EPE.
La fiscal reveló que entre los clientes ilegales hay comercios, fábricas, frigoríficos y varios supermercados chinos. «En algunas de las constataciones había una apariencia de legalidad del medidor y en uno de los casos hubo que romper el asfalto y allí estaba la conexión clandestina», explicó.
La fiscal Haurigot remarcó que «se manejaban como una empresa». Y que a los consumidores ilegales les cabe el delito de «estafa agravada por tratarse se bienes públicos y de servicios públicos».
Por su parte, la subidrectora de la Policía, Jorgelina Llopart, jefa de la Brigada Operacional de Tribunales que estuvo a cargo de la investigación reveló que en Mayo se recibió la primera denuncia que dio el puntapie inicial a la investigación.
«En esa denuncia, hecha por los jerárquicos de la EPE, consta un número de teléfono que es intervenido y se empieza a ramificar hacia otras líneas. Nosotros fuimos chequeando y corroborando día a día y finalmente con las órdenes de allanamiento se constató en el terreno, las adulteraciones de medidores, conexiones subterráneas de alta peligrosidad para el ciudadano común e incluso aéreas», detalló Llopart.
La oficial señaló además que: «El valor que esta sub EPE ilegal cobraba varía desde 5000 pesos a un domicilio común hasta 10.000 pesos a un salón de eventos y hemos llegado a comprobar hasta un tope de 27.000 pesos». «Y esto se trataba del pago inicial para ingresar a esta estafa contra el erario de la provincia, porque además, en forma mensual del consumo que se ahorraba el cliente ilegal se le cobraba un porcentaje».
Los imputados:
*VICTOR HUGO C. por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de jefe.
*GABRIEL FERNANDO R. por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con estada agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de co- autor.
*EDUARDO DANIEL B. por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con estada agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de co- autor.
*OSVALDO BENITO G. por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de cómplice primario-3 hechos en concurso real- en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
*GUILLERMO ALBERTO M. por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con estafa agravada por ser perjuicio de la administración pública -3 hechos en concurso real- en calidad de cómplice primario en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
*ESTABAN ALEJANDRO P. ,PEDRO M. y ADRIANO DEL VALLE C. por los delito de Asociación ilícita en concurso real con estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de cómplice primario en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor.
