Esta semana, un tribunal de alzada decidió revocar la absolución a Matías Fernández, un joven que fue acusado e imputado por su participación en el ataque a balazos al edificio del Ministerio Público de la Acusación, ocurrido el 14 de agosto de 2018. El ataque fue perpetrado junto a su hermano, Leonel Fernández, quien hoy está siendo juzgado por ese y otros episodios similares, junto a Ariel Máximo Cantero.

Si bien Matías Fernández era menor al momento de los hechos, el Tribunal conformado por Georgina Depetris, Javier Beltramone y Guillermo Llaudet consideró que Matías Fernández es penalmente responsable por los delitos de amenazas coactivas calificadas, por haber sido cometidas con armas y estar dirigidasa un estamento público, con la intención de que los fiscales dejaran de investigar los atentados a magistrados y funcionarios del Poder Judicial. También se le achacaron los delitos de daño agravado, porque el hecho fue ejecutado con armas con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, y portación de arma de fuego de guerra sin autorización legal.

En su oportunidad, el fiscal Miguel Moreno había acusado a Matías Fernández de circular a bordo de un Renault 9 color gris, conducido por José Alberto Castillo, y en esas circunstancias haber efectuado disparos desde el interior del rodado en movimiento contra el frente del edificio del MPA, provocando daños en su fachada e ingresando proyectiles al interior del lugar donde se encontraba de guardia una empleada policial.

Tras la balacera, el vehículo se dio a la fuga por calle Montevideo, tomando España hacia el sur, siendo perseguidos por un móvil del Comando Radioeléctrico. En inmediaciones de Gaboto y Ovidio Lagos el Renaul 9 aminoró la marcha y cuando el patrullero se acercó comenzaron a disparar.  La persecución continuó por Crespo, hubo más disparos y finalmente, los ocupantes se dieron a la fuga, quedando en el vehículo solamente el conductor, José Alberto Castillo, quien fue detenido en zona de Avellaneda y Segui.

El Tribunal de Alzada hizo una nueva valoración de las pruebas recabadas, entre ellas, el testimonio de un testigo de identidad reservada, quien refirió que que estando demorado en la comisaría habló con José Alberto Castillo y le dijo que «le habían ido a tirar tiros a un fiscal»,  que «cobró 15.000 pesos por manejar»y que los chicos eran Matías Fernández y Leonel Femández,  que se tiraron del auto en Crespo y Saavedra.

También toman en consideración una serie de escuchas telefónicas, surgidas en otras investigaciones y que dan cuenta como fue reclutado Matías Fernández por Lucía Uberti y Matías Cesar (ambos están siendo juzgados actualmente por ese hecho, entre otros). Y, no solo eso, sino del conocimiento pleno que tenía el joven de lo que harían y la finalidad:  «Así se destaca la insistencia del menor en las conversaciones con LucíaaUberti, en cuanto a que «yo lo hago», cuando ella le mandaba fotos del MPA, y si nos preguntamos qué era lo que había que hacer, es ni más ni menos que lo que ocurrió; balear el edificio del MPA sito en calle Montevideo».

Se destaca la decisión de los jueces «que las escuchas telefónicas son contundentes en asignarle un rol activo en el ataque a la sede del MPA de calle Montevideo, coordinando con Uberti, cuantos eran en el auto, que ocurrió con el remisero, como callar al mismo, los reproches sobre la desprolijidad y el aviso prematuro de que todo habia salido bien, el reclamo del pago, y los comentaríos entre ellos del hecho de que en un primer momento detuvieron a personas que no tenían nada que ver con el hecho en cuestión».