La jueza federal María Servini indagó durante la noche de este jueves a los primeros diez detenidos por haber provocado “desmanes” en inmediaciones del Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el pasado miércoles, y los acusó de haber atentado contra el orden constitucional.
Estos diez detenidos, inicialmente, habían quedado bajo la órbita federal y fueron indagados en las últimas horas. Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y, durante este viernes, la jueza resolverá si concede o no las libertades.
Mientras tanto, la magistrada tiene por delante indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
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Los detenidos están acusados de varios delitos que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Asimismo, no se descarta que a los 23 acusados que aún no fueron indagados también se les endilgue el haber atentado contra el orden constitucional.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Carlos Stornelli, quien pidió que los 33 detenidos continúen en prisión preventiva. Fue este funcionario quien les imputó a todos los arrestados la comisión de quince delitos, con la posibilidad de que se aplique como agravante el hecho de “atemorizar a la población”, o sea, el terrorismo.
En su dictamen, Stornilli denunció que hubo “graves y violentos sucesos” cerca del Congreso, por lo que se investigan “acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta”.
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El Código Penal, en su artículo 41 quinquies, dice que quienes cometan algún delito con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
No obstante, aclara que este artículo “no se aplicará en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Artículo 41 quinquies del Código Penal.
Según consignó la periodista Irina Hauser en una nota publicada en Página12, entre las diez personas indagadas en las últimas horas –tres mujeres y siete varones– hay una familia, compuesta por el abuelo, hija y nieta, que vendían empanadas y bebidas, un vendedor de choripanes, una mujer de 59 años que grabó una de las detenciones y un joven que hablaba por teléfono apoyado en una valla.
