El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y a los ex ministros de Salud Juan Manzur y Daniel Gollán, por presunto fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la contratación de los Plan Qunita.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la medida la dictó el juez Bonadio quien además fijó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
Asimismo, el juez también procesó a otras veinte personas: a los funcionarios de planta permanente del ministerio de Salud Juan Piccolini, Ana Paula Herrera Viana; Fany Clemente Lamas; Elisa Gulberti; Viviana Bonpland; Alelí Claudia Pilar García, y Carlos Alejandro Liz.
La lista de procesados también lo tiene a Nicolás Kreplak, subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del ministerio; los entonces funcionarios de planta permanente de presidencia Alicia Escobar Atencio; Claudia Ángela Esteban y Carlos Tejada.
También procesó a los dueños de las empresas que ganaron la licitación Martín Miranda y Virginia Espinel Nobile (Deltas Obras y Proyectos SA); María Victoria Flores y Evangelina Gamero (Compañía Comercial Narciso SRL); Diego Luis Romero y Stella Maris Santiago (Grupo Diela SRL); Leandro Flores y María Paula Escudero (Dromotech SA); Sergio, Martín y Dora Gisela Lupi (Fibromad SA); y Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli, Jorge Omar Artazcoz y Dora Ruocco (Fasano SRL).
La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits para el nombrado Plan Qunita, el cual fue presentado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, el cual consiste en que todas las mujeres embarazadas del país reciban en la Asignación por Embarazo (AUE) una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del bebé.
La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL, Grupo Diela SRL, Compañía Comercial Narciso SRL, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Dromotech SA, las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115.000 y las demás los 25.000.
Bonadio en su resolución detalló la cadena para aprobar el expediente de licitación de compra y recalcó que mientras el precio fijado por la Sigen fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500 pesos, se pagó en valor promedio por cada kit la suma de 7.800 pesos.
En su extensa resolución, el juez recordó sobre el Plan Qunita las palabras de la entonces presidenta Cristina Kirchner: «El que hizo la valorización y dijo que todo esto, en el mercado local cuesta 11.000 pesos se quedó corto. Todo esto junto no cuesta 11.000 pesos, puedo dar fé de que no, cuesta mucho más… Yo que
estoy comprando cosas no sale eso, sale más».
«No se trata de un concurso para ver quién da más, ya que lo analizado es una compra del Estado Nacional con dinero de todos los argentinos», replicó Bonadio.
Por eso para Bonadio hubo «direccionamiento de la licitación» porque las empresas ofertaron todas un valor promedio de 7.800 pesos, y porque Fasano SRL vendió un total de 115 mil unidades y el resto de las cinco empresas sólo unos 25.000.
Sobre la responsabilidad de los funcionarios, el juez explicó que «haya sido efectuada de modo activo o pasivo al no formular objeción, aportaron al resultado final del delito, cual fue la adjudicación de la licitación a las seis empresas ganadoras.
Al prestar declaración indagatoria a mediados de noviembre, luego de perder en las elecciones a gobernador para la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández negó tener responsabilidad pues aseguró que el expediente se había aprobado en otras instancias sin que se hayan detectado irregulares y su intervención fue un formalismo.
«No es posible aceptar que Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación deslinde la responsabilidad que le cabe por el dictado del acto administrativo que asignó la adjudicación, en la omisión del cumplimiento de las obligaciones de las anteriores instancias que incumplieron también con su labor, cuando han sido obvias e indiscutibles las transgresiones legales advertidas en el procedimiento, que jamás habrían podido pasarse por alto al observarse el pliego, por una sencilla razón: su ilegalidad es manifiesta», sostuvo el juez.
«No es un control formal más el del Jefe de Gabinete de Ministros, sino que es su propia obligación por ser la máxima autoridad en contrataciones de valores económicos relevantes», agregó.
