Alberto Perassi y su familia fueron víctimas de dos agresiones, una tuvo lugar en la mañana de ayer en el domicilio de San Lorenzo. Más tarde, en horas del mediodía apareció una cruz blanca sobre la puerta de ingreso.
En diálogo con Conclusión los abogados de la familia, José Ferrara y Adrián Ruiz, remarcaron los puntos centrales de este tipo de intimidaciones, en el marco de la investigación por la muerte y desaparición de Paula Perassi en septiembre de 2011.
La cruz estaba armada con dos trozos de cable canal unidos con un cordón negro y apareció ayer, en horas del mediodía en la puerta de la vivienda donde vive la familia.
José Ferrara apuntó que “la agresión que sufrió ayer la familia en la vivienda es sumamente grave, por el sólo hecho de ser una amenaza”, remarcó el abogado.
En tanto, Ferrara manifestó su preocupación sobre los hechos y dijo “esta amenaza excede el marco de la familia Perassi, sino que apunta también a las instituciones” y remarcó “nosotros creemos que hay un doble mensaje, uno es el que dice somos una organización criminal y no nos vamos a detener frente a nada y otro dirigido a sus propios miembros: ojo, que nadie hable”.
Se especula que este mensaje esté dirigido también a los detenidos por la muerte y desaparición de Paula ya que el abogado dijo que “en un momento Strumia estuvo a punto de confesar y por un imponderable, no lo hizo”.
Hasta el momento se desconoce quienes realizaron las agresiones, aunque la investigación determinará si los vecinos vieron algún movimiento o si pudieron identificar a alguna persona.
Además, extraoficialmente se pudo saber que el juez de la causa Juan José Tutau, recibió una intimidación similar, pero en este caso pintaron una cruz en la puerta de la casa.
También se conoció que a través del secretario del juez le hicieron llegar al magistrado una amenaza escrita, aunque no trascendió el texto del mensaje.
Los imputados en la causa son ocho personas, Gabriel S., el empresario que mantenía una relación con Paula; su esposa Rosana M. y Mirta Dominga R., la mujer que practicó el aborto, todos acusados por el delito de aborto seguido de muerte y desaparición; y por otra parte los policías Adolfo Daniel P.; Jorge K.; Aldo G.; María José G. y Gabriel G., por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, los abogados Ferrara y Ruíz pidieron la detención de Antonio D., íntimamente vinculado al empresario, por considerar la participación activa en el hecho delictivo.
