SáBADO, 30 DE NOV

Pedirán cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para el exfiscal Rodrigo por espiar a su expareja

Este miércoles comenzó la audiencia preliminar del juicio de la causa que se le sigue al exfuncionario del MPA que, engañando a los jueces, intervino ilegalmente los teléfonos de la joven, que también trabajaba para el MPA, otras dos empleadas de Fiscalía, amigas de ella, y a los padres y hermanos.

La causa que investiga al exfiscal Fernando Rodrigo, acusado de espiar ilegalmente a su expareja y a algunos familiares de ella entró en su etapa definitoria y este miércoles se realizó la audiencia preliminar del juicio. La fiscal Natalia Benvenuto anticipó que pedirá cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer en el Poder Judicial.

El escándalo de Rodrigo se desató en el año 2017, cuando se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación. Rodrigo investigaba a una banda que se dedicaba al robo de vehículos y los desguazaba en desarmaderos. En ese contexto solicitó la intervención de varias líneas telefónicas. Los jueces autorizaron el requerimiento que incluía a 12 teléfonos entre los cuales, el fiscal incluyó el de su expareja, que también trabajaba en la Fiscalía,  otras dos empleadas del MPA amigas de la joven y a sus padres y hermanos.  Todo salió a la luz cuando un empleado de la Fiscalía reconoció el número de la joven en el listado.

Cuando los hechos trascendieron y comenzó la investigación, Rodrigo solicitó licencia psiquiátrica y tiempo después presentó su renuncia indeclinable. En agosto de 2019 fue imputado formalmente por los delitos de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de documento público, delitos todos agravados por su condición de funcionario judicial.

Según la investigación de la fiscal Benvenuto, el exfiscal introdujo los números de su exmujer, amigas y familiares de ellas en el listado presentado a los jueces, falseando los motivos de las escuchas telefónicas. La funcionaria judicial adelantó un pedido de pena de 5 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer en el Poder Judicial. Esto último complica al exfiscal quien, recientemente se postuló para ocupar un cargo de fiscal en los Tribunales Federales de Río Gallegos.

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