La empresa de viajes fluviales Buquebus sufrió un nuevo revés judicial que la obligó a pagar 3,9 millones de pesos por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, pero el Estado aún le reclama una diferencia de más de 800 mil pesos en ese mismo expediente.
La firma, que realiza viajes entre la Argentina y Uruguay, había sufrido días atrás la inhibición general de bienes por un monto superior a 112 millones de pesos a raíz del uso indebido de fondos provenientes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
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En esta nueva causa, el Ministerio de Desarrollo Productivo multó a la firma por tres millones de pesos por «incluir en el sitio web a través del cual ofrece los bienes y servicios que comercializa en forma incorrecta conforme la normativa reglamentaria el denominado link de acceso a los Contratos de Adhesión Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor».
La sanción comprende, además, «no haber ubicado correctamente el denominado ‘Botón de Arrepentimiento´», y el «incumplimiento al deber de informar la legislación de defensa al consumidor aplicable al proveedor junto con la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la misma».
El 15 de setiembre del año pasado, «la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Productivo informó que la firma ejecutada no abonó las multas, por lo que, encontrándose firme la disposición y vencido el plazo para el pago sin que el mismo haya sido efectivizado, ha quedado habilitada la vía ejecutiva».
En ese contexto, el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número tres, a cargo del juez Santiago Carrillo, dispuso la ejecución y Buquebus transfirió el 10 de marzo pasado 3,9 millones de pesos, que fueron tomados «en concepto de dación en pago a cuenta de la suma total adeudada».
Según el Estado, esa suma trepa a 4.701.104,66, de los cuales $3.000.000 corresponden al monto inicial de capital de condena y $ 1.701.104,66 al monto de intereses, habiéndose realizado dicho cálculo de acuerdo a la práctica del fuero, aplicando la Tasa Pasiva del Banco Central.
Por consiguiente, el Ministerio de Producción reclamó al juez que «se intime a la condenada al pago de la suma restante de $801.104,66 en concepto de capital e intereses, más lo que se adeude hasta su efectivo pago».
Esta semana, la empresa recibió la inhibición de bienes ante un pedido de la AFIP para «recuperar el dinero que el Poder Ejecutivo había girado a la firma Los Cipreses S.A. (titular de Buquebus) para hacer frente al pago de salarios en medio de la crisis originada por el coronavirus».
La AFIP reclamó a Buquebus «la devolución de 63 millones de pesos que cobró del programa más intereses tras haber comprado dólares en la bolsa en noviembre de 2020, una operación incompatible con la adhesión al plan de apoyo al sector privado» implementado por el Gobierno en el marco de la pandemia.
