La Corte Suprema de la provincia de Mendoza falló a favor de la liberación de más de 800 presos en la provincia cuyana. La medida permitiría la liberación de los encarcelados sin sentencia.
Inmediatamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó hoy con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para comunicarle la preocupación del Gobierno nacional acerca del fallo. Junto con sus secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané, Bullrich se puso en contacto mediante teleconferencia con Cornejo, quien a su vez se mostró acompañado por el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. El objetivo de la comunicación fue transmitirle el interés del Gobierno nacional de que la Corte Suprema de Justicia no proceda en la ejecución de un fallo del máximo tribunal provincial.
El fallo, además, le ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la «regularización» de las personas con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional. «El objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia», sostuvieron los funcionarios.
El recurso fue presentado por la Asociación Civil Xumex, el procurador de las personas privadas de su liberad en Mendoza, Fabricio Imparado, la integrante del comité provincial para la prevención de la tortura María Mercedes Duverti y el abogado Diego Lavado. Los profesionales pidieron poner fin al hacinamiento y que se cumpla con el Código Procesal Penal, que establece que los fiscales tienen 10 días para pedir una prisión preventiva y los jueces, 24 horas para concederla. «Nadie cumplía, ya que se estiraban en promedio unos 4 meses, e incluso un año», explicaron desde la ONG sobre los fiscales. Y agregaron que los magistrados «se tomaban hasta dos semanas».
La ministra Bullrich y sus secretarios agregaron que «a la vez se evalúa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional». Y destacaron que el cumplimiento del fallo podría acarrear consecuencias negativas, como «crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de ´gravedad institucional´ al provocar una situación de emergencia de seguridad».
«Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública», advirtió el Ministerio de Seguridad.
