El juez federal Ariel Lijo aceptó como querellante a la Oficina Anticorrupción en la causa por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado hizo lugar al planteo que en ese sentido hizo días atrás Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción y una de las principales referentes del PRO.

De esta forma, la OA tendrá la posibilidad de tener acceso a la causa y sugerir medidas de prueba.

En diciembre pasado, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación, aunque consideró que el ex vicepresidente Boudou está en condiciones de ir a juicio oral y público sólo por el delito de cohecho.

No obstante, el fiscal entendió que respecto al otro delito por el que está procesado, el de «negociaciones incompatibles con la función pública», resta realizar una gran cantidad de medidas de prueba previo al inicio del proceso oral.

El fiscal Di Lello también pidió «completar la instrucción» y que se avance en «la investigación respecto a la ruta del dinero» puesto que a varios años de tramitación aún se desconoce quién aportó los fondos a The Old Fund, del abogado Alejandro Vandenbroele, para que éste adquiera el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone.

Al respecto, el fiscal recordó que le había pedido a Lijo que citara a declarar al banquero Jorge Brito, de Banco Macro, ante la sospecha que de ése fuera el origen del dinero para la compra de la imprenta  dedicada a la producción de papel moneda.

Junto a Boudou están procesados su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; Vandenbroele; el exjefe de gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri; el exasesor de AFI Rafael Resnick Brenner; y el exdueño de la gráfica Nicolás Ciccone.

En tanto, el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick, tiene falta de mérito y el fiscal Di Lello pidió que previo a enviar el caso a juicio se resuelva su situación procesal, esto es si finalmente lo procesa.