La Justicia confirmó embargo de $450 mil a la ministra Acuña por ocultar datos sobre vacantes
Así lo determinó la jueza María Soledad Larrea dado que la Ministra no brindó información sobre vacantes para alumnos de entre 45 días y los 3 años. Los fondos obtenidos irán a dos cooperadoras escolares.
La Justicia porteña confirmó el embargo de 45 mil pesos y otra suma de 450 mil, que se encuentra en revisión, a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, por incumplir un pedido de información pública sobre vacantes de la escuela número 6 Naranjo en Flor, en el barrio porteño de Saavedra.
«De acuerdo a la ley 104, de acceso a la información pública, solicité información en el año 2018 sobre la escuela Naranjo en Flor, en particular, sobre la capacidad de aulas, la cantidad de niños que habían elegido esa institución para ingresar», informó el abogado Eduardo Daniel Barreyro.
«Iniciamos la demanda y tras la confirmación de ese pedido en segunda instancia y hasta del Tribunal Superior de Justicia, solicitaron a la ministra (Soledad) Acuña que otorgue esa información», añadió el letrado, quien interpuso el pedido de información sobre el establecimiento escolar ubicado en Galván 3710 del nivel inicial.
La causa «Barreyro, Eduardo Daniel contra GCBA sobre acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)» tramita en el juzgado número 21 de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Entre tantas resoluciones, debido a dilaciones e interposición de recursos de apelación, de inconstitucionalidad y de queja por parte de la ministra, la jueza María Soledad Larrea, tras insistir nueve veces sobre el cumplimiento de otorgar la información pública solicitada y tener la misma posición confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, hizo lugar a una multa diaria de tres mil pesos desde el 13 de marzo de este año, hasta tanto se diera efectivo cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.
El 3 de diciembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones confirmó la penalidad dispuesta por el Juzgado en Primera Instancia, debido a que «la administración no ha cumplido con la totalidad de lo ordenado en la sentencia».
Bajo la actuación 2455645/2021, la Cámara advirtió «el grado de reticencia en el cumplimiento; en primer lugar, desde el punto de vista del retardo, que resulta manifiesto si se tiene en cuenta que la solicitud de información fue efectuada en sede administrativa el 18 de noviembre de 2018, y recién el 13 de agosto de 2021 fue brindado el primero de los datos requeridos».
Además, se estableció que los puntos 3 y 4 no fueron contestados sino en la oportunidad de interponer recurso de apelación».
Además, se informó que los puntos 2, 5 y 6 no fueron debidamente informados».
El punto 2 solicitaba información sobre la capacidad del establecimiento, desglosado por turno, y la cantidad de vacantes disponibles puestas a disposición de los aspirantes, para la preinscripción del ciclo lectivo 2019.
El punto 5 pedía información respecto a la cantidad de vacantes asignadas como prioridades de ingreso de primer orden, para cada sección y turno.
En tanto, el punto 6 volvía sobre el pedido del anterior pero en segundo orden, y solicitaba específicamente la distancia existente desde el establecimiento hasta el domicilio del último aspirante asignado en este orden, para cada sección y turno.
La resolución del 30 de noviembre de este año, confirma que corresponde aprobar la liquidación practicada por el letrado Barreyro, «hasta la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45000), hasta el día 10/3/2022, en concepto de sanciones conminatorias».
Además, aclaró, que corresponde desestimar la impugnación formulada por Acuña y aprobar la actualización de la liquidación de Barreyro, «hasta la suma cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos ($456.000) en concepto de sanciones conminatorias devengadas entre el 11/03/2022 y el 14/11/2022».
Esa suma se explica por la demora de (hasta ese entonces) de 152 días hábiles, donde se sanciona diariamente con tres mil pesos, por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia dictada.
La mitad de los 45 mil pesos, según confirmó el abogado, se destinará a la cooperadora de la escuela Normal Superior Número 2, distrito escolar 6 «Mariano Acosta», ubicada en el barrio porteño de Balvanera y la otra mitad, la evaluará posteriormente.
En tanto, esta agencia solicitó la opinión de la ministra respecto a esta causa sin obtener respuesta.