Todo estaba dispuesto para que el juicio a la banda de Los Monos comience el próximo 21 de junio, pero todo dio marcha atrás cuando el miércoles pasado el juez Ismael Manfrin, quien presidirá el tribunal, dispuso a través de un decreto la suspensión del inicio, sin fecha prevista.
La postergación del debate se debe a que se extendieron los plazos de la investigación suplementaria por la cual se incorporará nueva prueba, vinculada a pericias sobre escuchas telefónicas. Debido a esta postergación, que está establecida en el código, el juez analizará también la incorporación en el juicio de Ramón Machuca, que había sido planteada por la defensa.
Para la Fiscalía, “esto era esperable porque no habían llegado las diligencias de prueba que se habían ordenado al final y por eso se dispuso la suspensión del inicio de las audiencias”.
Ahora resta esperar cuánto tiempo y cuáles son las medidas que faltan hasta ahora, señalaron desde Fiscalía. “Hoy pudimos tener un informe actuarial que indica puntalmente cuáles son las medidas que faltan y poder impulsarlas para poder iniciarlas lo antes posible”.
Por otro lado, hay medidas de prueba que se habían ordenado en instrucción suplementaria, como por ejemplo pruebas de la fiscalía que todavía no terminaron de llegar y que son unas pericias sobre las escuchas telefónicas que se habían ordenado a Acústica Forense de la Nación que van a llegar la semana que viene y eso no se incorporó.
Por otra parte, hay un plazo que establece el Código que una vez terminada la instrucción suplementaria e incorporada toda la prueba recién se puede iniciar el juicio entonces esos plazos son a los que no se pudo llegar y fue el motivo de la suspensión.
En relación a la incorporación de Ramón “Monchi” Machuca, indicaron desde Fiscalía, “hubo planteos concretos de la defensa para que sea juzgado en el mismo proceso, el juez, en el mismo decreto que ordena suspender el inicio por la prueba faltante también pide un informe para pode analizar esa situación”, pero no fue el motivo principal.
En este sentido, agregaron que “todas la causas que se mencionan, están en juzgado de instrucción, ni siquiera fueron elevadas a juicio entonces el juez pide un informe sobre cuáles son esas causas, cual es el estado procesal de las mismas, para poder analizar el planteo concreto de la defensa”.
En consecuencia, como no hay plazos precisos para la incorporación de las pruebas “la fecha del inicio del juicio es incierta, todavía no hay plazos porque se va a ver esta semana con certeza cuál es la prueba que falta introducir”, aclararon.
Por su lado, “la fiscalía ya pidió que se urgieran todas esas medidas que se habían ordenado y fundamentalmente falta una que había ordenado Acosta, al final, que se trata de una pericia sobre teléfonos que hay que recibir informes de las compañías telefónicas y dependemos de ellos, pero se les pidió que lo entreguen con la mayor celeridad posible”, remarcó la fiscal María Eugenia Iribarren.
Finalmente anunció que “luego que se resuelvan todos estos puntos la fiscalía va a pedir que se fije nueva fecha para el inicio del juicio”.
En el debate serán juzgados los 23 imputados de la megacausa por asociación ilícita que involucra a varios miembros de la familia Cantero y el homicidio de Diego Demarrre. Por la sala de audiencias desfilarán más de 350 testigos y será la causa de mayor envergadura que se haya conocido hasta el momento en la justicia santafesina.
Entre los recursos presentados por las defensas se pueden mencionar, las recusaciones a los jueces Ismael Manfrín y Edgardo Fertitta que fueron rechazadas, además de la recusación al juez de Cámara Daniel Acosta que también obtuvo dictamen desfavorable para los defensores.
Para el inicio del juicio ya fue integrado el tribunal que será presidido por el juez Ismael Manfrín y como vocales las juezas María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga. La acusación estará a cargo del fiscal Gonzalo Fernández Bussy quien estará acompañado por sus pares Alejandra Rodríguez, Verónica Balari, Román Moscetta y Luis Schiappa Pietra quien realizó la instrucción del homicidio de Diego Demarre, que también se debatirá en este juicio.
Recordemos que Diego Demarre era el dueño de Infinity Night donde fue asesinado, en la puerta del boliche el líder de la banda, Claudio “Pájaro” Cantero en la madrugada del 26 de mayo de 2013. El lunes siguiente, Demarre fue citado a declarar, salió de Tribunales y al llegar a inmediaciones de su domicilio en Maipú y bulevar Seguí fue acribillado a balazos dentro del su auto. Había sido señalado por la banda como el “entregador” para facilitar el asesinato de Cantero.
El debate sobre la fecha había surgido de la pretensión de la defensa de incorporar en este juicio a Ramón “Monchi” Machuca quien fue detenido y procesado tres años después que el resto. Desde la Fiscalía aclararon que Machuca está procesado en tres causas distintas, una por asociación ilícita, hace un año que está cumpliendo prisión preventiva y en febrero pasado la Cámara confirmó el procesamiento. Por otra parte, la semana pasada el fiscal hizo la requisitoria de elevación a juicio por la causa 913/12, que Machuca debería enfrentar en otro juicio, ya que estuvo prófugo tres años y los tiempos procesales no son los mismos que el resto de los imputados. De todos modos, en el último decreto emitido por Manfrin dispuso que se analice este planteo de la defensa.
Además a “Machuca” hay que sumarle la muerte de Lourdes Cantero y el triple homicidio de Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César ocurrido el 28 de mayo de 2013 en Francia y Acevedo, en venganza por la muerte de “Pájaro” Cantero. La complicación se presenta porque estas causas todavía están en etapa de investigación y aún no fueron elevadas a juicio por lo tanto los tiempos procesales no se pueden equiparar.
Por otra parte, además de Cantero, Chamorro y Vilches que son quienes presentaron todos los recursos, hay veinte abogados más que muchos de ellos quieren que el juicio avance. La pretensión de equiparar los juicios sería esperar una fecha incierta, como ocurre ahora con la nueva disposición del juez Manfrin. Porque además son causas para las cuales no está previsto el juicio oral y hay que elevar el pedido. Sumado a ello la posible presentación de nuevos incidentes como ocurrió con esta causa el tiempo de espera de iniciación de juicio se torna impredecible.
Por otro lado, la Fiscalía no quería seguir demorando la prisión preventiva de los imputados, de las cuales ya vencen los plazos, porque son garantías que quiere preservar. Al margen de que sigan detenidos por otras causas en la justicia provincial y en el fuero federal. Situación que deberá ser analizada.
Las penas que pedirá la Fiscalía para los 23 imputados se conocerán en la primera jornada del debate en los alegatos de apertura y en el mismo acto se hará el pedido de pena para cada uno de ellos de acuerdo a los delitos que se les imputas en distintos grados de participación, entre los cuales se puede mencionar tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, asociación ilícita, cohecho y encubrimiento agravado. Vale recordar que un total de 11 imputados en esta causa resolvieron su situación a través de juicios abreviados.
