La Cámara Comercial suspendió la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri, hasta que la Corte Suprema resuelva si la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires debe intervenir o no, tal como lo solicitaron los accionistas de la empresa. En tanto el Supremo Tribunal no resuelva si la justicia porteña tiene competencia, la causa queda en stand by.
La resolución de la Cámara es producto de un fallo dividido, en el cual las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal decidieron votar por la suspensión del proceso en tanto que Guadalupe Vázquez se pronunció en contra de suspender el concurso.
En el fallo, las juezas apuntaron que su postura es contraria a la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, pero determinaron que corresponde esperar que se pronuncie la Corte antes de seguir adelante.
En el mes de agosto, la Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, rechazó la intervención del tribunal porteño. Dicha intervención fue requerida por la empresa Socma, que busca que la justicia porteña aparte a la fiscal Gabriela Boquín quien, en su momento, reveló las maniobras del Correo Argentino para no pagar la deuda millonaria que arrastra. A partir de allí, la jueza Marta Cirulli dispuso la quiebra.
No es ningún secreto que Socma presiona para que sean sus jueces aliados en los tribunales de Buenos Aires quienes definan la situación.
Un expediente de largo alcance
El concurso de acreedores del Correo Argentino comenzó en el año 2001. En ese momento la deuda con el Estado en concepto de canon ascendía a 296 millones de pesos que, dada la ley de convertibilidad que regía en ese entonces, significaban 296 millones de dólares. En septiembre de ese año se dio inicio a la causa.
Entre los años 2003 y 2015, el Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por el acreedor mayoritario, que es el Estado. Pero, en junio de 2016, cuando Mauricio Macri era presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones convocó a una audiencia para lograr un acuerdo. Los representantes del Estado aceptaron la segunda propuesta, que implicaba una quita del 98,87% de la deuda. Ese fue el acuerdo que la fiscal Boquín denunció que era abusivo y que perjudicaba los intereses del Estado. “La propuesta es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, señaló la fiscal, remarcando además que la empresa se benefició con «un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores».
En marzo de 2021, la familia Macri realizó una nueva propuesta de pago, de alrededor de 1000 millones, pero fue rechazada por la Procuración del Tesoro. En junio de 2021 se dictó la quiebra pero una apelación suspendió la resolución.
