El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó hoy que la implementación del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional «va a demorar algunos años» y anunció además que se demorará la puesta en marcha de la ley de flagrancia que busca acelerar los procesos.
Durante una reunión plenaria de la comisión de Justicia del Senado y de la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, Garavano presentó un proyecto con modificaciones a esa normativa que todavía no entró en vigencia, pero aclaró que la intención es «hacerle la menor cantidad de retoques posibles».
El ministro destacó que el Gobierno está «muy involucrado en tratar de que esta implementación (del nuevo Código) sea exitosa», pero recordó que como su aplicación será gradual, comenzando por la provincia de Salta, «va a demorar algunos años» en llegar a todas las provincias.
«Vamos a tener un lapso muy largo de tiempo en el cual vamos a tener que convivir con la nueva normativa y la vieja», señaló el funcionario, al tiempo que indicó que por esa razón se plantan «cambios específicos» a fin de encontrar una «coherencia» que abarque también a las nuevas leyes sancionadas por el Congreso.
El objetivo, según indicó el ministro, es que las reformas se hagan «bien», tratando de «generar un sistema penal que dé respuestas a las demandas de la población sin afectar los sistemas de garantías».
Entre los cambios planteados por el proyecto, el principal está referido a las excarcelaciones, para las cuales Garavano señaló que el Ministerio de Justicia trata de «establecer pautas objetivas para definir cuando se está ante entorpecimientos de la justicia».
Al respecto, precisó que el proyecto del Poder Ejecutivo «establece que jueces que condenan a una persona a prisión efectiva, más de tres años, puedan a requerimiento del fiscal disponer la prisión preventiva o arresto domiciliario para que esa sentencia tenga un aseguramiento».
Por otra parte, Garavano se refirió a la ley de flagrancia como «un paso en la dirección» planteada por el nuevo Código Procesal respecto de la necesidad de «resolver los casos rápido», pero que «se pidió a Presidencia que demore la publicación de la ley para poder hacer todos estos ajustes» para su aplicación.
En efecto, la ley establece que cuando una persona sea detenida durante la comisión de un delito, intentando cometerlo o inmediatamente después, tendrá que ser llevada ante un juez entre 24 y 48 horas después para hacer una audiencia oral y pública donde se decidirá se será liberada o no. Pero en los últimos días, el Ministerio de Justicia recibió planteos de los distintos estamentos del Poder Judicial acerca de las dificultades operativas y de infraestructura para cumplir con esta ley, razón por la cual pidió demorar su aplicación.
Al respecto, Garavano explicó que convocó «a una reunión interpoderes, entre la Corte, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso, para revisar todas las cuestiones necesarias para hacer una implementación eficaz».
El ministro señaló que «el Consejo de la Magistratura está comprando equipamientos, desocupando salas que se pueden usar para las audiencias» y, para graficar la situación, explicó: «Si ustedes relevan los edificios judiciales, muchas veces los mejores lugares están ocupados por papeles».
