La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento ordenó hoy al Ministerio de Economía informar los índices de pobreza e indigencia desde el 2013 a la fecha.
Lo resolvió al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) para que «se ordene a esa cartera ministerial que informe el índice de pobreza e indigencia que surgen de la metodología implementada por el INDEC desde el 2013 al corriente año».
El Gobierno dejó de difundir el índice de pobreza en abril de 2014 y el ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió a fines de marzo último no saber «el número de pobres» que hay en el país e incluso consideró que esa medición era «bastante estigmatizante».
El titular de la cartera de Economía, negó que el Gobierno quiera ocultar los índices, pero sostuvo que «cuántos pobres hay es una pregunta bastante complicada. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante».
Ahora, la diputada Donda cuestionó el hecho de que se trata de «información pública de carácter trascendente para conocer la marcha del gobierno».
El Ministerio de Economía rechazó el pedido al cuestionar que Donda «no es titular de un derecho que se encuentre afectado conforme lo exige la acción de amparo».
También dijo que «la legitimación procesal de la parte actora para iniciar una acción de amparo surge de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, del artículo primero de la ley 16986 y del decreto 1172/03 que regula el acceso a la información pública del PEN», recordó la jueza.
Explicó que la norma prevé que «toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado».
Así, la jueza ordenó que en el plazo de cinco días hábiles seinformen «los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variacionesporcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero de 2014″así como los índices de pobreza e indigencia.
«El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan», añadió.
Tras recibir la respuesta del Ministerio de Economía, la jueza Sarmiento tendrá que resolver si satisface o no el informe presentado desde el Gobierno.
