Por Alejandra Ojeda Garnero
El juicio por la muerte de Franco Casco continúa en los Tribunales Federales de Oroño al 800 y Conclusión sigue siendo el único medio presente en cada audiencia. En esta nueva jornada, dieron su declaración testimonial peritos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación para echar luz sobre algunos puntos que fueron objeto de controversias entre las partes.
Con dos teorías del caso totalmente opuestas se encuentran sentados en el banquillo de los acusados 19 policías de Santa Fe que desde el inicio de la investigación sostienen su inocencia y aseguran que Franco Casco salió vivo de la comisaría séptima.
Vale recordar que Franco Casco llegó a Rosario a fines de septiembre de 2014 y los primeros días de octubre se comunicó con su familia con intención de volver a su Florencio Varela natal, pero su familia le pidió que “aguante un tiempo más”. Haciendo caso omiso del pedido, Franco salió de la casa de su tía, donde se estaba alojando en Rosario, y el 6 de octubre a la tarde abandonó el lugar y no se supo más sobre su paradero hasta el 30 de octubre cuando su cuerpo apareció en el río Paraná.
La acusación sostiene que los policías lo detuvieron ilegalmente en la Estación de Trenes Rosario Norte, lo privaron de su libertad, lo torturaron en la comisaría, y para ocultar el crimen lo “fondearon” en el río Paraná. Esta hipótesis derivó en la detención de 30 efectivos de la comisaría, y luego en el procesamiento de 19. Por los delitos que les achacan, algunos de ellos enfrentan una posible pena de prisión perpetua, y otros ya se encuentran cumpliendo una condena anticipada, en prisión preventiva desde hace cinco años en prisiones federales en condiciones inhumanas, a pesar de la existencia de profusa prueba en el expediente que demuestra que son ajenos a las circunstancias de muerte del joven.
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Desde el inicio del juicio en diciembre pasado, se ventilaron diversas pericias que fueron derribando una por una las acusaciones que intentan vincular a los 19 policías con la muerte de Franco Casco, y a diferencia de lo que establece la ley, son los acusados quienes presentaron hasta el momento la mayor cantidad de pruebas para su defensa, en cambio la parte acusadora, que debe demostrar la culpabilidad no ha actuado en consecuencia.
Como ejemplo vasta mencionar que el ex comisario Diego Álvarez, realizó una extensa ampliación indagatoria, de aproximadamente tres horas, se puso a disposición para que le formulen cualquier tipo de pregunta, pero su convocatoria no tuvo respuesta. Tanto la Fiscalía como las querellas no formularon preguntas relacionadas con el hecho concreto que tiene que ver con la muerte de Franco Casco.
La acusación se apoya en la declaración de las personas que supuestamente estaban detenidas en la comisaría en el momento que Franco Casco fue detenido, y con esos testimonios, crearon una teoría del caso que se viene cayendo a pedazos audiencia tras audiencia.
La teoría asegura que Franco Casco fue detenido la noche del 6 de octubre de 2014 en la Estación de Trenes Rosario Norte, fue llevado a la comisaría, torturado y arrojado al río. La Dra. Creimer, quien participo de una de las autopsias, dijo que “cuando las organizaciones de Derechos Humanos comenzaron a movilizarse en la comisaría, los mismos policías fueron hasta el fondo del río donde lo habían arrojado, cortaron las sogas con las que lo habían “fondeado” para que salga el cuerpo a flote”, una serie de ficción no se atrevería a tanto.
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Los acusados sostienen desde el inicio de la investigación su inocencia y aseguran que Franco salió vivo de la comisaría. Fue detenido el 7 de octubre alrededor de las 13, fue puesto a disposición de un fiscal por el delito de resistencia a la autoridad, con lo cual la acusación de detención ilegal cae por su propio peso.
Por otra parte, aseguran que fue torturado hasta la muerte, “lo golpearon toda la noche, se escuchó un golpe seco y después silencio” fueron algunas de las declaraciones de los detenidos de aquel momento para graficar las supuestas torturas. Un total de tres autopsias con junta médica determinaron que Franco Casco murió ahogado, que no había lesiones traumáticas en su cuerpo, ni signos de violencia. El examen de diatomeas que fue tan cuestionado, por su resultado negativo fue ampliamente explicado por distintos peritos con una extensa experiencia en la materia.
Sin embargo, se puso en duda más de una vez las lesiones óseas en los restos de Franco Casco. Vale aclarar que se le practicaron tres autopsias, hubo dos inhumaciones y el cuerpo fue manipulado por distintos especialistas forenses para realizar los estudios para determinar la causa de muerte.
Según las autopsias, que se realizaron bajo el protocolo de Minesotta, por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación, el cuerpo de Franco Casco no presenta ningún indicio de violencia. El encargado de analizar las placas radiográficas para buscar algún alguna injuria, el radiólogo Jorge Pereyra junto a su colega María Matilde Buzzi, indicaron que “luego del análisis macroscópico de los restos óseos realizados en conjunto por los profesionales que integran la junta médica, se advirtió la presencia de trazos fracturarios en dos costillas”, específicamente “la quinta y sexta del lado izquierdo que presentaban irregularidad de los extremos compatibles con fenómenos óseos reparativos como se ve en las lesiones antemortem”.
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Para determinar con certeza dichas lesiones, realizaron estudios específicos y obtuvieron como resultado que “las lesiones desde el punto de vista radiológico podrían corresponder a fracturas con signos reparativos (antemortem) de un período entre 7 y 14 días, es decir una o dos semanas antes de haber pasado por la comisaría séptima.
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
