Por Alejandra Ojeda Garnero

Una nueva jornada en el juicio por la muerte de Franco Casco sigue revelando datos que permiten echar luz sobre los puntos cuestionados por la acusación. Abogados querellantes y Fiscalía sostienen que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre de 2014 en la estación de trenes Rosario Norte, fue llevado a la comisaría séptima y en un calabozo que denominaron “la jaulita” lo torturaron hasta provocarle la muerte y luego lo “fondearon” en el río Paraná para ocultar el crimen. Para sostener esta hipótesis, se basaron en el testimonio de algunos detenidos en aquella época en la dependencia, que aseguraban “haber escuchado todo”, al referir que al joven lo golpearon, y literalmente “se escuchó un golpe seco y silencio”, con lo que pretendían graficar que golpearon la cabeza contra la pared, lesión que le habría provocado la muerte.

En cambio, los acusados sostienen desde un principio su inocencia. Aseguraron que a Franco Casco lo detuvieron el 7 de octubre de 2014 a las 13.15 aproximadamente por el llamado de un vecino que daba cuenta de personas merodeando con presuntas intenciones de cometer un robo. Fue alojado en la comisaría, como cualquier otra detención de rutina, en un espacio denominado transitorio, alejado del penal donde se encontraban los detenidos y luego de los trámites de rigor, que ya fueron ventiladas en audiencias anteriores, por orden del fiscal Álvaro Campos le otorgaron la libertad a las 22.05 según consta en el acta, la cual firmó y se retiró del lugar caminando. La firma también fue cuestionada por los acusadores, al afirmar que no era de Franco.

El tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez escuchó a los peritos que echaron luz sobre la causa de muerte y la firma del acta de libertad.

La firma del acta de libertad configura uno de los tantos puntos controvertidos de esta causa. El comandante Gustavo Caffarena, oficial de Gendarmería Nacional Argentina, perito calígrafo con más de 30 años de experiencia explicó los detalles de la pericia caligráfica que realizó junto a su par en la materia Carlos Baro Graf, sobre la firma de Franco Casco estampada en el documento.

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Caffarena recordó que “fueron dos pericias, una caligráfica sobre la firma de la víctima en un acta de libertad, para determinar si era la firma de puño y letra de Casco. Estaba el perito Baro Graf por la defensoría oficial, trabajamos en conjunto”. El pedido fue establecer si la firma era de Franco Casco o alguien más habría realizado ese escrito, “estuvimos tratando de establecer el indubitado (buscar un original de la firma en cuestión). Nos trasladamos al registro de las personas de La Plata y encontramos un libro de registros donde estaba la firma de Casco”, apunto el perito. Los documentos que se utilizaron para comparar la firma fueron el acta de nacimiento del hijo de Franco Casco, la constancia de parto y documento nacional de identidad del joven.

Con el equipamiento necesario para estos casos, microscopio, cámara fotográfica y una lupa binocular que aumenta 40 veces una imagen, “concluimos de la misma manera, y le atribuimos la autoría de la firma, es decir que había sido realizada por Casco”.

En la comparación que se realizó de la firma de los documentos con la del acta de libertad “las coincidencias fueron varias, no eran muchos elementos que presentaran dudas, había muchos elementos muy fuertes que son difíciles de imitar o copiar en una firma”, explicó el perito. La conclusión fue clara y concisa, aunque aclaró que “en muchos casos no es posible determinar”, ambos coincidieron que “en este caso todo lo analizado concluye que (la firma) es de Franco”.

También realizó la pericia sobre la camisa del comisario Diego Álvarez, que como ya se dijo, se rompió una manga durante el forcejeo cuando se produjo la detención de Franco. A Caffarena le solicitaron determinar si la rotura era un desagarro por el forcejeo o se había realizado con algún elemento cortante con filo. El perito indicó que se trataba de un desagarro producto del forcejeo.

Detalles de la autopsia

El cuerpo de Franco Casco fue hallado en las aguas del río Paraná el 30 de octubre de 2014, en avanzado estado de descomposición como consecuencia de haber permanecido alrededor de 22 días en un medio líquido. La primera práctica se realizó el mismo día del hallazgo sobre un cuerpo NN, es decir si identificar. El 3 de noviembre, con el cuerpo ya identificado por los padres del joven, Ramón Casco y Elsa Godoy, por los tatuajes que presentaba en el antebrazo con el nombre de su hijo Thiago y un grupo de estrellas en el cuello, se realizó la segunda autopsia, ambas en el Instituto Médico Legal y bajo la dirección del médico forense Raúl Félix Rodríguez.

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“Los cuerpos hablan”, es la frase acuñada por la medicina forense, y en este caso el cuerpo habló. Rodríguez se recibió de médico en el año 1984, al momento de realizar la autopsia de Franco Casco contaba con una experiencia de más de 20 años ejerciendo la medicina legal y acumulaba 13 de médico forense, además de ser docente en la carrera de medicina.

El 30 de octubre de 2014 Rodríguez estaba de guardia en el Instituto Médico Legal (IML), por un cronograma preestablecido. “A la tarde ingresa un cadáver NN y se procede a realizar la autopsia”, asistido por un experto eviscerador y una fotógrafa, “hicimos una autopsia como cualquier otra”, explicó.

Tras el hallazgo, y ante la posibilidad de que se trate del joven de Florencio Varela, “el día 31 se presentan familiares de una persona llamada Franco Casco”. “En la autopsia se vieron dos tatuajes, uno que decía Thiago y otro en el cuello. Presentaba un avanzado estado de descomposición, de soponificación y putrefacción, pero se recolectó todo el material necesario como en toda autopsia”, detalló Rodríguez.

Ese mismo día, “los familiares identifican a este cuerpo como Franco Casco”. Rodríguez ya no estaba de guardia, pero estaba trabajando en el IML”. Fue allí que se acercó a Elsa Godoy y se comprometió “humana y profesionalmente a hacer una investigación más clara y profunda”. Para tal fin habló con la fiscal a cargo de la investigación en ese momento, Mariana Prunotto y con el entonces fiscal regional Jorge Baclini “y le propongo hacer una reautopsia con delegados de partes, porque somos falibles”, indicó.

En ese sentido, pidió que convoquen “a otros técnicos y convocan a Grana médico de Gendarmería y al doctor Moglia por la Defensoría y la querella. Se hace una reautopsia el 3 de noviembre”, la misma fue filmada y fotografiada, en dicha práctica “se repite el estudio radiológico completo, examen interno y externo del cadáver, se tomaron unas pruebas más que arrojaron resultados negativos, y se llegó a una conclusión. El estado del cuerpo permitió hacer unas afirmaciones y no otras; y todos firmaron de conformidad”.

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Entre las conclusiones a las que arribaron los peritos, se puede mencionar que  “no existían lesiones internas ni externas relacionadas con la causa de la muerte, ni patologías objetivas”.

También determinaron que “el tiempo estimado de muerte se podría corresponder con el tiempo de desaparición. No se pudo determinar por el estado de putrefacción la causa básica de muerte, por lo tanto, acordamos que era causa indeterminada. También coincidimos en que se habían sacado en ese momento todos los elementos biológicos necesarios para darle un nombre a esa causa indeterminada de muerte”, indicó el forense.

Para aclarar la tan cuestionada causa de muerte, el experto se explayó sobre dicho punto: “La expertise medica tiene sus límites como todas las profesiones. En el mundo los peritos médicos consideran que el diagnóstico de asfixia por sumersión es uno de los desafíos y diagnósticos más importantes que tiene la ciencia. Se acuña el termino indeterminada cuando en el examen macroscópico no encontramos, como en este caso ninguna lesión objetiva, como herida de arma blanca, herida de arma de fuego, traumatismo de cráneo con fractura, o alguna fractura que nos pueda orientar a que esa fue la causa básica de la muerte. Este límite en la expertise no lo podemos superar, entonces decimos causa indeterminada, pedimos estudios complementarios y a partir del análisis de esos estudios podemos eventualmente darle un nombre y apellido a esa causa de muerte”.

También explicó que la causa indeterminada de muerte “incluye muerte natural, muerte violenta; y dentro de ésta la accidental, suicida u homicida”.

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“El 25 de noviembre la fiscal Prunotto a pedido de la querella hace lugar al pedido de extracción de material para el estudio de diatomeas”. El encargado de extraer las muestras fue el médico forense Víctor Moglia. Pero en este momento, “el cadáver sufrió una gran deshidratación que también se produjo en la médula ósea”. Ya se había sacado en la primera autopsia sangre de cavidad cardíaca y de esternón para hacer estudio de diatomeas”. Pero por orden de la fiscal se realizó nuevamente la extracción, pero “nos llevamos la sorpresa de que el material que se extrajo era mínimo e insuficiente para hacer un estudio de diatomeas para lo que se necesita por lo menos diez gramos”.

En su momento Rodríguez fue acusado de haber extraído, intencionalmente, menos cantidad de médula ósea para el estudio de diatomeas, pero finalmente, quedó demostrado que no fue así.

Luego de la segunda autopsia en el IML, el cuerpo fue trasladado a Buenos Aires, donde se realizó otra autopsia en el Cuerpo Médico Forense de Capital Federal, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que arrojó los mismos resultados que las dos prácticas que se habían realizado en el IML de Rosario.

Se analizaron varias fotografías del cuerpo cuando fue hallado y trasladado a la explanada de Prefectura, detrás de Canal 5. Nuevamente apareció la discusión sobre las sogas que fueron eje de debate en otras audiencias de este juicio. Las imágenes muestran las sogas atadas al brazo y pierna izquierda de Franco Casco. Como ya se ventiló en otras oportunidades, las sogas son utilizadas por personal de Prefectura para llevar los cuerpos a la orilla, es un procedimiento habitual de rescate y luego se retiran.

El brazo izquierdo de Franco Casco presentaba una impronta (marca o huella) que hacía suponer que había estado atado a la soga todo el tiempo que permaneció en el agua, luego se observa una marca similar en la pierna donde también se había sujetado la soga. La acusación sostenía apoyándose en estos elementos que había sido “fondeado”, pero en la autopsia no se detalla en ningún momento la existencia de dicha impronta. La explicación que expuso Rodríguez se basó en el estado del cuerpo. Como ya se dijo estaba en avanzado estado de descomposición, saponificación y putrefacción, sin entrar en detalles escabrosos, es posible que «el proceso de saponificación haya facilitado que se produzca esa impronta y al mismo tiempo hacerla desaparecer». “Cuando hice la autopsia no vi ningún signo en ese brazo”, aseguró Rodríguez.

Sobre la presencia de sogas en el cuerpo al llegar al IML, Rodríguez indicó que “no estaban, nunca llegan los cuerpos ahogados con las sogas, siempre con la ropa”

Una mancha violeta sobre el muslo izquierdo llamó la atención del médico, tomó muestras pensando que podría tratarse de un trauma, pero arrojó resultado negativo. Tampoco se hallaron heridas compatibles con arma de fuego o arma blanca, aunque se hicieron las pericias radiológicas de todo el cuerpo de forma minuciosa.

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«Es difícil encontrar hematomas en un cuerpo en el estado que fue hallado Franco Casco, pero se estudia», dijo el perito. Respecto al traumatismo de cráneo, que sostiene la acusación no se constató en los estudios, como tampoco hemorragias, “no hallamos ningún indicio”.

Ante la pregunta de uno de los defensores de los policías acusados, si puede afirmar que Franco Casco murió bajo tortura, el médico forense respondió que “no lo podría afirmar”.

“Descarto que haya sido torturado, no tengo los elementos objetivos que lo indiquen”, pero agregó que “todos los estudios posteriores fueron ratificando lo que se hizo desde el primer momento, no tenemos lesiones óseas, fue visto por un antropólogo, por un equipo médico que dijo lo mismo que nosotros, pero no puedo descartar una asfixia por sumersión”, aseguró Rodríguez.

También indicó que “un informe dice que tiene signos propios de la asfixia por sumersión, lesión alveolar, hemorragias, ruptura de tabiques, esto me orienta a una asfixia por sumersión. La junta medica dijo causa indeterminada”.

Para realizar un diagnostico de asfixia por sumersión, explicó que “usamos marcadores biológicos y químicos anatomopatológicos, pero podría no estar presente el plancton (estudio de diatomeas). Puede ser que no haya mucha concentración de plancton”, en un caso de asfixia por sumersión.

El médico forense Esteban Grana, comandante mayor de Gendarmería, participó de la segunda autopsia realizada el 3 de noviembre de 2014. Tiene una amplia trayectoria en la materia y presenció la práctica como perito colaborador.

El profesional recordó que se plantearon una serie de interrogantes, “vi un cuerpo que ya había sido examinado en un procedimiento normal de autopsia. Se examinó cada uno de los órganos, de las partes y la estructura del cadáver. Tenía tatuajes, había estado varios días en el agua, unos 20 días”, indicó.

“Se trata de explicar situaciones patológicas que tenía, no se determinó una causa concreta o cierta que haya podido explicar el deceso”. Recordó que se hicieron “radiografías donde no se veían fracturas o cosas específicas”, concluyó.

Franco Casco llegó en septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.

Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.