Por Alejandra Ojeda Garnero
En una nueva audiencia de debate por la muerte de Franco Casco, el joven de Florencio Varela que llegó en septiembre de 2014 a Rosario para visitar a sus familiares en Empalme Graneros y el 6 de octubre dejó la vivienda y no se supo más de él hasta el 30 del mismo mes cuando su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná, continúa a paso lento pero firme. Este jueves varios testigos desfilaron frente al tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, quienes tienen la tarea de definir, en base a las pruebas, si los 19 policías que llevan cinco años detenidos en prisión preventiva, tienen alguna responsabilidad por los delitos de desaparición forzada, tortura y muerte con distintos grados de participación por los que fueron procesados en el año 2017, tres años después de ocurridos los hechos.
A lo largo de la investigación se habló mucho sobre una imagen que mostraría a Franco Casco en la iglesia de Cafferata al 500. Un día antes de la aparición del cuerpo, el entonces secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, afirmó que tres testigos habían visto a Franco el domingo 26 de octubre en la iglesia evangélica Palabra de vida, que estaba a dos cuadras de la comisaría. Pero esas imágenes que mostraban las cámaras de seguridad de la iglesia estaban siendo relevadas por personal de Asuntos Internos, que trabajaba en la búsqueda de paradero del joven. Del Vecchio aseguró ante los medios de comunicación que se trataba de Franco Casco, antes que las pericias lo confirmaran. Por este hecho, el personal de Asuntos Internos fue acusado de encubrimiento agravado y de plantar pruebas. En mayo del 2018 el tribunal resolvió revocar los procesamientos y dictar falta de mérito para los dichos empleados, por considerar que no existían irregularidades en el procedimiento, excepto dos de ellos que continúan procesados y son juzgados en este juicio por haber sido nombrados por algunos detenidos como «quienes pegaban».
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Dos de esos testigos dieron su testimonio frente al tribunal. Gustavo C., que se desempeñaba como personal de seguridad privada del templo y Abigail G., una de las fieles. “Estabamos en la iglesia y vinieron los policias mostrando una foto de un chico que habia desaparecido, y nos pareció que lo habíamos visto, pasaron, vieron las cámaras, y nada más. No recuerdo la fecha, hace muchos años”, aseguró Gustavo. La foto exhibida en ese momento por los policías era la que apareció luego en todas las pancartas de pedido de justicia por Franco Casco. Sin embargo, el joven al que hacía referencia el empleado de la iglesia era Leonardo Salinas, un chico que frecuentaba asiduamente la zona de la terminal, pero “no tenia ningún tatuaje”, dijo el testigo, y agregó que «dije que se trataba de Franco Casco porque eran muy parecidos”, y el 29 de octubre vio a “una persona baja, en short y descalzo corriendo por la terminal”, al cual relacionó también con el joven desaparecido. Abigail G., dio su versión en el mismo sentido, ante la consulta de los efectivos policiales, dijo que “lo había visto, pidieron las cámaras y eso fue todo”.
Construcción de la realidad y condena social
La causa por la muerte de Franco Casco comenzó a ser juzgada el 6 de diciembre pasado, ocho años después de los hechos, pero la condena mediática y social se dictó antes de que el cuerpo fuese hallado el 30 de octubre de 2014. “A Franco Casco lo mató la policía”, rezaban las banderas y pancartas que encabezaban las marchas, y murales que luego se pintaron a lo largo y ancho de la ciudad. Las noticias corrían como reguero de pólvora para contar que un chico que vino de Florencio Varela a Rosario a visitar a su tía terminó muerto bajo tortura en la comisaría séptima y luego arrojado al río Paraná para ocultar el crimen, pero luego, según una médica forense, los mismos policías, por la presión de las marchas de los organismos de Derechos Humanos, buscaron el cuerpo en el fondo del río, cortaron las sogas con las que lo habían “fondeado”, para que el cuerpo salga a flote.
No resulta fácil leer un expediente judicial, que hoy tiene más de 30 cuerpos, pero en el inicio no acumulaba tantas fojas, sin embargo ya estaban incorporados los informes de tres autopsias, pericia odontológica, examen de diatomeas y estudios complementarios realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Equipo Argentino de Antropología Forense, organismos que gozan de gran prestigio a nivel nacional e internacional. Sin embargo, se replicó una y otra vez la consigna “A Franco Casco lo mató la policía”, cuando aún los agentes no habían sido acusados formalmente, como tampoco detenidos, hecho que se materializó el 4 de septiembre de 2017 y permanecen en esa condición hasta la fecha.
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La construcción mediática de un caso se puede entender al escuchar a los comunicadores que prestaron su testimonio en la audiencia de este jueves. El autor de “Los desaparecidos del Paraná” que tomó tres casos que ocurrieron en la ciudad de Rosario, donde habría participación policial y cuyas víctimas aparecieron en las aguas del río, da cuenta de una visión del caso, ya que se sostiene en “la investigación” que realizó el periodista en la cual recolectó información por el término de “alrededor de cinco meses”, donde realizó “entre quince y veinte entrevistas”, además accedió “a partes de expedientes judiciales, denuncias policiales, informes o investigaciones academicas relacionados con la violencia policial, las desapariciones forzadas y otros tipos de trabajos academicos que me permitieron tener cierto contexto sobre el tema. Pero tambien algunas cuestiones relacionadas con la medicina forense que es un ambito bastante importante para el desarrollo de este trabajo porque una de las caracteristicas era saber que pasa con los cuerpos cuando entran en contacto con el agua, que pasan mucho tiempo en el agua”, dijo el periodista.
Los entrevistados fueron «familiares de las tres víctimas, que son Franco Casco, Kiki Ponce y Pichón Escobar que son los tres casos analizados en el texto», También entrevistó a «abogados de la familia de Franco Casco, dos médicos forenses o legistas, Felix Rodríguez y Virginia Creimer, y una tercera entrevista con la entonces directora del Instituto Médico Legal Alicia Cadierno», además sumó el relato del entonces «defensor provincial Gabriel Ganon».
La querella le consultó al periodista si tenía conocimiento sobre casos de policías que amenazaban a jóvenes que estaban detenidos diciéndoles que le iba a pasar lo mismo que a Franco Casco, ya que «gran parte del trabajo tuvo que ver con recopilar denuncias formales o no realizadas en sede judicial de jovenes que podrían haber sufrido otro tipo de violencia similar o amenazas, y en muchos casos me comentaron que se repetía una amenaza de la policía a jovenes que les decían ‘te va a pasar lo mismo que a Franco Casco’, varios casos puntuales, de unos chicos que fueron subidos a un patrullero llevados a la orilla del río Paraná y ahí en medio del verdugueo, las amenazas y maltratos fisicos lo amenazaron y era algo que muchos comentaban que se empezó a repetir luego de la desaparicion de Franco Casco, como una forma de amenaza de la policía. Pero me refiero siempre a detenciones no formalizadas en comisarías o en centros de detención, sino mas bien a prácticas policiales en los barrios o de policias que suben a los patrulleros a los chicos y los llevan a la orilla del río, no en las comisarías». Sin embargo, al ser consultado para que refiera casos concretos sobre esos hechos de amenaza, dijo que «hay alguna denuncia que cité en el caso pero sinceramente los nombres no podría reproducirlos con certeza».
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En la nota también hizo referencia la médico forense Raúl Félix Rodríguez, quien realizó la primera autopsia al cuerpo de Franco Casco, a partir de una entrevista que realizó en el Instituto Médico Legal, en la cual según el testigo, el médico «me agradecía la posibilidad de hablar, que en muchas oportunidades se lo había acusado a él pero que sentía que tenía mucho para defenderse».
Durante esa entrevista le consultó al médico sobre la información que circuló sobre «las acusaciones públicas que se le hacían, siempre tenían que ver con una defensa corporativa que se decía que hacía porque él había pertenecido a la fuerza» a lo cual le respondió que «que había dejado de trabajar como médico de la policía hacía muchos años».
A su turno, el defensor Carlos Racamato le consultó si había podido entrevistar a los acusados en esta causa, pero el comunicador dijo que «durante varios meses de trabajo intenté contactar a las personas acusadas, uno de ellos era el doctor Felix Rodriguez, que finalmente me concedió la entrevista y tuvo la posibilidad de defenderse, uno de los principales acusados», aunque el médico forense no forma parte del listado de acusados en esta causa y declaró como testigo en una de las audiencias de este debate. El forense fue señalado por la parte acusatoria.
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«Después intenté contactar a uno de los policias que estaban en ese momento acusados, no era tan larga la lista de nombres que tenía en ese momento. Recuerdo que hice varios intentos a través de los canales formales de la policía, pero no logré contactar a esas personas, no porque se negaran a ser entrevistados o a hablar, sino porque no logré dar con ellos, no se si se enteraron de mi búsqueda», explicó el comunicador.
Según la investigación que realizó el periodista, que data del año 2016, afirmó que «en los tres casos se comprueba que hubo participación, no quiero afirmar el grado de participación porque no lo se, ni de responsabilidad, pero si logré comprobar que en todos había habido una intervención policial en los minutos previos a la muerte o a la desaparición de esas personas. Y lo que se notaba era una serie de irregularidades de las prácticas policiales, más allá de que pudieran configurar un delito grave como el que se sospechaba que podia ser la muerte o desaparición forzada».
Puntualmente afirmó que en el caso Casco «hubo una serie de irregularidades con las actas y con el trabajo policial», aunque no especificó cuáles, pero si afirmó que «podían ser interpretadas en algunos casos como complicidad posterior y en otros casos como irregularidades anteriores».
También indicó que «en otros casos se veía un claro accionar de la policía, irregular en la forma de las detenciones, muchas detenciones ilegales y no registradas, como chicos que eran subidos a patrulleros o que eran detenidos momentáneamente sin que quedara registro, o amenazas para que no denunciaran las violencias policiales. Sacando la violencia letal, iban desde hostigamiento, verdugueo, maltrato y humillaciones que podrían considerarse torturas o vejaciones».
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Como último elemento el periodista afirmó que encontró un elemento en común «cierta resistencia del poder judicial en investigar las denuncias de esas víctimas o de los familiares, cuando denunciaban que había policías involucrados».
El defensor Germán Mahieu le consultó específicamente sobre su contacto con el expediente del caso Casco, a lo cual respondió que solo accedió a «parte del expediente, informes de autopsia, declaraciones testimoniales, algún pedido que pudiera haber hecho sobre el delito de desaparición forzada, y no me acuerdo más, la investigación la cerré a fines del 2016 y se publicó en febrero de 2017».
A diferencia de lo que expresa la nota, el comunicador aseguró en su declaración que al momento de cerrar su investigación «no había ningún policía procesado».
Otra publicación titulada “Franco Casco continúa desaparecido”, en la cual Elsa Godoy, madre del joven aseguró que “estaba muy golpeado” cuando le mostraron en la Fiscalía la foto de su hijo. En este sentido la consulta de los defensores se centró en las fuentes de información que utilizó el comunicador para esa publicación, pero el testigo aseguró que “no fue una investigación, fue una cobertura, probablemente con fuentes públicas, en ese momento las partes que se constituían como querellantes, los familiares de las víctimas, integrantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales”.
