MIéRCOLES, 27 DE NOV

Imputaron a un empleado de la EPE vinculado a las conexiones irregulares

Se trata de la causa conocida como "la EPE paralela". La fiscal Haurigot acusó al hombre de formar parte de la banda dedicada a adulterar los medidores de consumo de energía eléctrica.

El hombre sospechado de ser otro integrante integrar la «EPE paralela» fue imputado este martes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de un ex empleado de la Empresa Provincial de la Energía y pasa ser el noveno acusado en la investigación. Quedó en libertad con reglas de conducta.

En la audiencia que se llevó cabo este martes por la tarde, Néstor Osvaldo E. fue imputado por los delitos de «asociación ilícita en concurso real con estada agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de autor». El hombre era ex empleado de la empresa y había quedado a disposición de la justicia desde el lunes de la semana pasada.

De acuerdo a los informado por fuentes de fiscalía, la Fiscal Dra. Valeria Haurigot de la Unidad de Investigación y Juicio imputó al acusado por haber formado parte de una asociación ilícita conformada por tres o más personas destinadas a la preparación, planificación y ejecución de delitos de estafa contra la Empresa Provincial de la Energía desde fecha 23 de mayo del 2018 cuando el imputado junto a otros empleados de empresa, adulteraban los medidores de consumo de energía eléctrica a través de la realización de conexiones irregulares.

Con ese mecanismo, los implicados, cobraban para lograr un aparente bajo consumo a las personas propietarias de casas particulares o negocios, que los contrataba. Se cobraba la instalación y una cuota periódica mensual consistente en un porcentaje del consumo ahorrado, lo que era verificado y controlado por los miembros de la asociación.

Asimismo la Jueza de Primera Instancia Dra. Silvia Castelli aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y el rechazo al pedido de prisión preventiva efectiva para el imputado dictando la libertad con reglas de conducta: fijar domicilio, prohibición de salida del país, firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial por el término de ley, y una caución real de 50 mil pesos.

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