Este miércoles se imputó a los siete acusados de realizar amenazas contra locales comerciales que se encontraban abiertos durante el paro. Además, se ordenó a los imputados una prohibición de acercamiento contra los locales y sus propietarios y se ordenaron medidas alternativas apara resguardar la investigación a través de una firma semanal en la oficina de gestión judicial.
En una audiencia que se llevó a cabo este miércoles al mediodía en el Centro de Justicia Penal, fiscalía le imputó a las siete personas que fueron detenidas en el día de ayer -dejados en libertad unas horas mas tarde-, la comisión del delito de «Amenazas coactiva y de Compulsión a la huelga» contra os bares Vittorio, ubicado en Alem y 3 de Febrero, y bar Blanco (Pellegrini y Alem).
Además, de acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio Pública de la Acusación (MPA), se ordenaron medidas alternativas para «resguardar la investigación y a los denunciantes», a través de una firma semanal en la oficina de gestión judicial y con una prohibición de acercamiento por cualquier tipo de medios a las víctimas y los locales comerciales .
Los imputados son siete, seis de ellos relacionados con el sindicato de gastronómico y un séptimo, integrante de la CTA Rosario. Se trata de Franco A. de 25 años, Ariel S. de 45 años, Diego G. de 47 años, Roberto P. de 25 años, Walter D. de 45 años, Jorge P. de 48 años y Rubén N. de 60 años. Todos ellos fueron detenidos en el día de ayer tras un llamado al 911 por parte de trabajadores de los dos bares en cuestión y liberados horas después.
Asimismo, según detalló la Fiscal Valeria Haurigot de la Unidad de investigación y juicio, se recolectó toda la evidencia disponible desde el momento de la aprensión que incluyen los llamados a la Central de Emergencias, las filmaciones del interior de los locales y declaraciones de las víctimas que aseguraron que «alrededor de 4 personas bajaron de una camioneta Ford Ranger, ingresaron a los locales, se presentaron frente al encargado -en uno de los casos y al dueño -en el otro- y les pidieron que cierren porque les iba a traer un dolor de cabeza y demás dichos intimidantes».
«En el video se vio que en una de las filmaciones una persona obstenta un arma pero no lo atribuimos como una amenaza con uso de armas porque entendemos que el palo no se lo exhibieron a la víctima. Sí se secuestró pirotecnia pero que tiene que ver con la huelga», explicó Haurigot.
En tanto, al momento de la defensa, los abogados representantes de los imputados, argumentaron el derecho constitucional a la huelga de sus clientes que fue aceptada por fiscalía pero contrapuesta minutos más tarde con el planteo de «una puja de intereses con lo que es el derecho a trabajar.
«Hay una colisión de derechos con igual jerarquía constitucional, el derecho a trabajar y el derecho a la huelga. En este caso, se excedió el derecho a la huelga para convertirse en un delito», concluyó la funcionaria judicial.
