Por Alejandra Ojeda Garnero

Un informe elaborado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal muestra que en 2014 se registraron 14 casos de gatillo fácil en la ciudad de Rosario. Y en lo que va de este 2015 ya suman 13. En ambos años se sucedieron dos hechos con similares características que centraron la mirada en los efectivos de la fuerza provincial.

En 2014, la desaparición de Franco Casco se tornó en un caso emblemático por los vuelcos que dio la investigación. Franco llegó a Rosario a fines de septiembre desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para visitar a unos familiares en Rosario. El 6 de octubre partió de ese domicilio para regresar a su ciudad y esta fue la última oportunidad que se lo vio con vida. Luego fue detenido por la policía y derivado a la seccional 7ª y no se supo más sobre su paradero hasta que el 30 del mismo mes apareció flotando sin vida en las aguas del río Paraná.

Varias versiones indicaban que al joven lo habían visto con vida en los días posteriores a su desaparición, luego se dijo que podría estar perdido o desorientado. Otra versión lo ubicó en la terminal de Ómnibus donde, según la misma fuente fue detenido por la policía. Lo cierto es que 22 días después el cuerpo de Casco apareció flotando en las aguas del río Paraná.

La primera versión policial indicaba que fue detenido el día 6 de octubre por resistencia a la autoridad en la seccional 7ª, pero fue puesto en libertad al día siguiente por falta de antecedentes, según le informaron a Elsa Godoy, madre del joven. Sin embargo, cuando el padre de Casco fue nuevamente a la comisaría, la versión cambió y los uniformados dijeron que fue detenido el día 7, que estaba perdido y que no llevaba ningún elemento consigo. Aunque la tía aseguró que el joven salió de su casa con los documentos, una mochila y el pasaje de tren para regresar a su ciudad.

Cuando fue hallado el cuerpo de Franco, presentaba múltiples golpes y un examen indicó que el joven no murió ahogado.

El otro caso emblemático que tiene en el ojo de la tormenta a la policía provincial es la desaparición y muerte de Gerardo Escobar, un empleado municipal que fue a bailar a un boliche del centro de la ciudad, salió del lugar el viernes 14 de agosto de este año y fue hallado sin vida flotando en las aguas del río Paraná, una semana después.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaban a un posible suicidio y aseguraban que el cuerpo no presentaba heridas punzocortantes o de bala, con lo cual en las primeras horas descartaron la hipótesis de homicidio.

Luego del hallazgo del cuerpo, los familiares afirmaron que Gerardo no tenía motivos para suicidarse y por las imágenes que lo mostraban cuando salió del boliche, no estaba alcoholizado, tampoco se advirtió ningún conflicto con otras personas. Otra imagen captada por las cámaras de seguridad del boliche muestra que varias personas observan hacia la esquina de Sarmiento y Tucumán y realizan gestos que denotan algún tipo de conflicto en el lugar.

A partir de allí resultó muy difícil saber qué sucedió, porque las cámaras públicas cuando fueron relevadas ya no tenían las imágenes de lo sucedido la madrugada del 14 de agosto. Casualidad o no, las cámaras no funcionaron justo en el momento en que “algo” pasó con Gerardo Escobar, casualidad o no las cámaras son monitoreadas por la policía provincial.

Para tratar de entender la problemática, Conclusión entrevistó a Gabriel Ganon, a cargo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, organismo que brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para generar un entorno de plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

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El defensor público Gabriel Ganon explicó que “hay dos problemas” en relación al accionar de la policía y uno de ellos es “la total autonomización de la policía, no existe ningún tipo de control político sobre la fuerza policial”, por lo tanto, indicó Ganon, “la situación es bastante crítica”.

Ganon aseguró que “a la policía se la deja manejarse de la manera que quiere, con total absoluta autonomía del poder político y esto permite que cuando ocurre un episodio de estos, ningún policía sea sancionado. Y que institucionalmente se proteja y se ampare este tipo de comportamientos”.

¿Quién debiera controlar el accionar de la policía?

Para controlar el accionar de la “en realidad lo que debiera hacer el poder ejecutivo es cumplir con la última Ley de la policía y controlar políticamente a la fuerza, una situación que no ocurre, ni desde el discurso, ni con las acciones concretas”, enfatizó el funcionario judicial.

Para Ganon, uno de los factores por los cuales no se resuelve el problema es porque “por un lado hay un discurso que está absolutamente ausente, que además niega la existencia del problema e internamente no se toman decisiones que permitan sancionar administrativamente este comportamiento. Pero creo que eso tiene que ver con que no hay un discurso uniforme y claro para intentar ajustar el comportamiento de la policía al cumplimiento de la ley sino todo lo contrario”.

“La policía debe cumplir con sus funciones establecidas en la última Ley de la Policía (Ley provincial 13.297-2013) y eso no se está cumpliendo. Uno de los puntos que esa ley contempla son los concursos públicos de ascenso que no se cumplió, el gobernador dio marcha atrás y no cumplió con el decreto después de su lanzamiento en 2013”, indicó Ganon.

“Entonces no hay ningún control político de quien asciende, o sea todo el poder disciplinario sobre la policía lo sigue manejando la misma policía, con lo cual si ellos mismos se controlan tienen la libertad de hacer lo que se les plazca sin correr el riesgo de que se aplique ningún tipo de sanción».

Además la norma establece como finalidad primordial lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas.

También apunta al desarrollo y la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables de la comunidad; la implementación de Programas de Vinculación y Coordinación Institucional con los Municipios y Comunas, con organismos estatales descentralizados y autárquicos, en relación a sus competencias propias y que influyen en el fortalecimiento de la seguridad pública; el desarrollo de estrategias y canales de participación comunitaria, a través de tareas coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil; la realización y sostenimiento de la protección integral y efectiva para los niños, niñas y adolescentes sin desatender el sostenimiento de la sociedad en su conjunto como potencial victima de la inseguridad, entre otras.

El otro punto crítico que señaló Ganon sobre el accionar policial “es la falta de respuesta de parte de la administración de Justicia, es decir, no hay respuesta administrativa pero podría haberla más allá del resultado final de la causa judicial y no hay respuesta judicial porque no hay voluntad tampoco de que exista”.

El funcionario resumió que “el Poder Judicial no tiene voluntad de avanzar en la investigación y la sanción de los hechos de violencia institucional”.

Dos casos emblemáticos de violencia institucional fueron los de Franco Casco y Gerardo Escobar, los dos estuvieron desaparecidos por varios días antes de ser encontrados flotando en las aguas del río Paraná. Previamente habrían tenido algún altercado con policías.

En ambos casos la policía intentó instalar la hipótesis del suicidio y para Ganon esto “se volvió una práctica sistemática, y la Fiscalía avaló también desde un primer momento. Los casos fueron bastante similares en la interpretación que la Fiscalía dio de los hechos”.

Puntualmente en el caso Casco “la Fiscalía continuó manifestando que la persona estaba viva y de hecho aparecieron testimonios falsos que fueron plantados por la policía que decían que lo habían visto con vida y se cayó esa versión porque apareció flotando en el río”, aseguró Ganon.

Y continuó: “En el caso Escobar fue exactamente igual y también apareció un testigo que dijo haberlo visto perdido, desorientado” en un colectivo de línea, pero con la diferencia que, en el caso de Franco Casco, se pudo comprobar que estuvo detenido en la comisaría séptima y en el caso de Escobar “no se puede saber con precisión en qué lugar estuvo privado de la libertad. Lo que sí se sabe con precisión es que la policía tuvo algo que ver con su desaparición, primero porque está involucrada gente que estuvo prestando servicios adicionales en La Tienda”, boliche de donde se lo vio salir a Gerardo Escobar y dirigirse hacia la esquina y los patovicas van detrás. “Y segundo porque uno de los imputados tenía trece teléfonos celulares y dos chalecos antibala de la policía lo cual demuestra que tenía un estrecho vínculo con la policía, sino cómo explica que tenía dos chalecos antibala en su casa”, remarcó.

Otro hecho llamativo que destacó Ganon es que “en la puerta de La Tienda siempre hay patrulleros, eso es de público conocimiento y deben haber estado esa noche también y nunca se aclaró que fue lo que pasó con esos patrulleros”.

El Defensor indicó que “es difícil saber qué pasó con los efectivos que estaban en la puerta porque desde el 20 de agosto la familia no tiene acceso a la información sobre los avances de la causa porque la Fiscalía se los niega con el argumento de que no se presentó como querellante”.

El defensor general indicó que “este es un argumento absurdo porque el Código contempla que la víctima, más allá de presentarse o no como querellante, tiene derecho a recibir información”, sobre los avances de la causa en la que fue víctima un familiar.

Lo cierto es que hasta el momento no se conoce cómo llegó Gerardo Escobar a las aguas del río Paraná donde fue encontrado una semana después de su desaparición.

Los videos que trascendieron, según Ganon “si fueron editados o cortados no lo sabemos, y a raíz de eso creemos que las personas implicadas, entre los que están los policías y patovicas del lugar, lo tuvieron privado de la libertad y después lo tiraron al río”.

Una de las pruebas en la que “nos basamos es que el celular suena hasta horas del mediodía del día viernes y el último registro del celular da en la casa del patovica”.

El informe preliminar de la autopsia de Escobar expresa que “la causa de muerte es indeterminada y se esperan resultados de análisis complementarios para realizar un diagnóstico más preciso”. Por otra parte, los médicos firmantes manifestaron que “el tiempo de sumersión es de entre seis y ocho días” con lo cual existe un margen dos días en los que pudo estar con vida.

Otro dato llamativo en la investigación es que “muchas de las cámaras públicas, no funcionaban y son cámaras manejadas por la policía”, aclaró Ganon.

Todos los hechos vinculados a violencia institucional, donde están involucrados efectivos de la fuerza, son investigados por la misma policía, lo cual genera algún tipo de sospecha sobre el aporte de pruebas o el posible ocultamiento de las mismas.

Para mayor transparencia, las investigaciones debieran estar a cargo de otra fuerza y no de la propia policía.

Para terminar con la violencia institucional, Ganon aseguró que es necesario “que el poder sancionatorio de la policía esté en manos del poder político y no de la propia policía. Y otra reforma que no se termina de cumplimentar es que no se crea el cuerpo de policía de investigaciones, que dependería únicamente del Ministerio Público de la Acusación”, lo que comúnmente se conoce como la policía judicial.

“Otro punto importante para que se termine con la violencia institucional es el posicionamiento social ante la violencia policial, es determinante. Un posicionamiento social activo, crítico del comportamiento policial por fuera de la ley hace que los hechos de violencia institucional decaigan y empodera a las víctimas, que se animan a denunciar y eso empuja a la administración de justicia a que tenga respuestas diferentes, que hasta el momento no las tiene”, concluyó el defensor.

Como muestra de las afirmaciones de Ganon, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal elaboró un informe que muestra los casos de gatillo fácil y violencia institucional que aún no fueron resueltos.

Los casos que describe el informe dan cuenta de la violencia institucional que ejerce la fuerza policial, en la mayoría de los casos se describe una situación de robo, persecución y enfrentamiento, donde la víctima es siempre el supuesto delincuente. La función policial es detener al supuesto delincuente y ponerlo a disposición de la Justicia para que investigue la responsabilidad penal que le cabe al sospechoso.

La lista incluye a varios jóvenes y comienza en los primeros días de 2015 con Jonathan Herrera, que fue confundido con un supuesto ladrón que era perseguido por la policía mientras lavaba el auto en la puerta de su casa; Alexis Rosales, ultimado por agentes de Comando Radioeléctrico cuando observaron una auto en “situación sospechosa” y sin mediar palabras les dispararon, aunque el parte policial indica que hubo intercambio de disparos. Los casos descriptos son similares y la lista continúa con Nelson Fuentes; Jonathan Belotti; Dante Fiori; Carlos Godoy; Maximiliano Zamudio; Facundo Rivas; Lucas Matías Segovia y Ezequiel Marcelo Fiori (estos dos últimos cuando ingresaron a robar en una casa de José Ingenieros al 8500, según el parte policial, agentes que patrullaban la zona observaron la puerta abierta y al ingresar se toparon con los delincuentes que comenzaron a disparar, el resultado fue los dos delincuentes muertos con tres disparos en el pecho cada uno); Marcelo Joaquín Cañete; Elías Martínez y Gerardo Escobar.

El año 2014 no marcó grandes diferencias, aunque luego de observar el informe de este año se puede inferir que va en aumento.

Foto: Salvador Hamoui – Florencia Vizzi