El Tribunal Oral Federal 1 fijó para el 8 de mayo del año que viene el comienzo del juicio oral y público contra el exvicepresidente Amado Boudou, acusado de «falsedad ideológica» en la transferencia de un vehículo que compró en la década de ´90.

Este juicio, cuya acusación estará a cargo de la fiscal Stella Maris Scandura, será el primero que afronte Boudou, quien es investigado en varias causas judiciales, entre ellas en la que está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica.

En esta causa, Boudou está acusado junto a su expareja Agustina Seguín -ambos como partícipes necesarios- y los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani a quienes Boudou responsabilizó por las irregularidades en la documentación, así como la encargada del registro automotor número 2 María Graciela Taboada de Piñero, donde se realizó el trámite.

La acusación contra Boudou es por haber insertado datos falsos en la transferencia de su vehículo marca Honda CRX, el cual compróen 1993.

Boudou adquirió esa cupé de color rojo y le cambió el motor dos años después, lo que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia a su nombre, que finalmente se realizó con documentación falsa.

En los papeles presentados hay firmas apócrifas y se declara un supuesto domicilio del Vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa de su documento nacional de identidad.

En un hecho inédito en la historia argentina, el juez federal Claudio Bonadío había resuelto enviar a juicio a Boudou por este caso en diciembre de 2014, cuando aún se encontraba en funciones y pocos minutos después de que la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad de la defensa del entonces titular del Senado.

Por sorteo, fue designado a cargo del proceso el Tribunal Oral Federal Número 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, quienes vienen de llevar adelante el juicio por el Plan Cóndor.

Boudou a la par es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y también por presuntas dádivas, al haber hecho viajes en helicóptero y avión de manera gratuita en el marco de su campaña para las últimas elecciones presidenciales, mientras que además se sigue otra causa en su contra por la compra presuntamente irregular de 19 vehículos para el Ministerio de Economía.