Una de las columnas sobre las que se asentó la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia de Covid-19 fue, sin duda alguna, el Poder Judicial, que tuvo a su cargo los controles para garantizar el efectivo cumplimiento del aislamiento social obligatorio y las penalizaciones de aquellos que lo incumplieron. En la provincia de Santa Fe se creó una unidad fiscal específica y, la Unidad Regional II que incluye a Rosario y localidades aledañas, comandada por el fiscal Gustavo Ponce Asahad quien, en diálogo con Conclusión, detalló la forma en que se trabajó durante estos dos meses que lleva funcionando la fiscalía y realizó un balance de lo actuado. De los datos brindados por el funcionario judicial surge que hubo un total de 6813 actuaciones judiciales por la violación de las medidas de aislamiento, de las cuales 4190 corresponden a Rosario con 897 vehículos seceustrados.
«Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo, lo que hizo la Fiscalía General, a cargo de Jorge Baclini, fue establecer una serie de reglamentaciones a efectos de adaptar toda la estructura del Ministerio Público de la Acusación a la situación de emergencia», relató Ponce Asahad. «Asimismo, por parte de la Fiscalia Regional, a cargo de Patricio Serjal, se creó una unidad fiscal especializada para delitos relacionados al incumplimiento de las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio», detalló.
Si bien al principio se coordinó el trabajo con un sólo fiscal, en poco tiempo quedó claro que iban a hacer falta varias manos más debido a la cantidad de causas que comenzaron a tramitarse y a las prórrogas de los decretos presidenciales de aislamiento social.
Así es que poco después se incorporó al fiscal Marcelo Vienna y subsiguientemente se fueron sumando los fiscales Carlos Covani, Matías Ocaris y Mariano Ríos Artacho. Y luego, por el gran cúmulo de trabajo, hubo que designar dos fiscales de audiencias, Ángeles Granato y Lucas Altare.
Suspensión de juicio a prueba y alternativas
Desde que comenzó a funcionar la Unidad Fiscal de Covid-19, se acumularon un total de 6813 causas penales, de las cuales 4190 corresponden sólo a Rosario. Según detalló Ponce Asahad, algunas de esas causas están siendo finalizadas a través de audiencias imputativas en libertad que se realizan con la modalidad de videoconferencia con los imputados y defensores particulares.
Además, desde el 11 de mayo, el fiscal general habilitó la posibilidad de la «probation». «Es la opción de celebrar la suspensión de juicios a prueba con resarcimiento económico en relación a la capacidad contributiva de los imputados», explicó el funcionario judicial. «Y en estos casos, basándonos en la reglamentación, también puede ser sometido a decomiso el vehículo que se haya secuestrado. En cuanto a las reparaciones económicas que integran la probation como regla de conducta, la intención de la Fiscalía General, es que primero sea remitido a efectores de salud, tanto provinciales como municipales».
En relación a como funciona el sistema, el fiscal apuntó que «la probation se celebra por un tiempo determinado que oscila entre los 6 meses y 1 año, tiempo en el cual, la persona que sometida a esa alternativa al juicio oral y público debe observar ciertas reglas de conducta, como por ejemplo, la prohibición de salida del país, el tema de que no vuelva a cometer un delito». «La probation, como alternativa al juicio oral y público, se pueden dar siempre y cuando se den requisitos legales».
El eje de estas probation está dado por el hecho de que el imputado ofrezca, en la medida de lo posible, una reparación económica a la sociedad que se destinará a efectores de salud o instituciones que la Justicia disponga. De acuerdo en lo especificado en la instrucción reglamentada por Baclini, se instruye que «la razonable reparación a la sociedad que deba ofrecer el imputado, en la medida de sus posibilidades económicas, consista preferentemente en donaciones de bienes o dinero acordándose con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe o con municipios y comunas en los que se produjo la transgresión a la normativa penal, la forma de hacerlo efectivo».
Jornadas extenuantes y trabajo seguro
Si algo ha caracterizado estos dos meses de trabajo de la Unidad Fiscal Covid-19 son las largas jornadas de trabajo y la gran dedicación del personal. Así al menos lo resaltó el fiscal Gustavo Ponce Asahad que puso el acento en el «verdadero trabajo en equipo» que llevan adelante. Además, remarcó la provisión de equipamientos realizada por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación para proporcionar un ámbito de trabajo con todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria.
«Han sido extensas jornadas de trabajo con mucha dedicación por parte del personal administrativo, de los secretarios de gestión que han sido asignados. Claro que coordinado todo esto por la unidad fiscal en conjunto con los fiscales que la integran, siempre en permanente contacto con nuestras autoridades superiores, es decir, con el fiscal regional y el fiscal general. Creo yo que ha sido una experiencia altamente positiva, ya que ni bien declarada la emergencia sanitaria se estuvo a la altura de las circunstancias, a través de nuestras autoridades, a efecto de crear una unidad fiscal especial y producir todas las reglamentaciones para hacer frente a los casos de incumplimientos que constituyan delito», explicó Ponce Asahad. Y agregó: «Desde el 12 de marzo, los fiscales que integramos este equipo hacemos turnos de 24 horas rotativos, de lunes a lunes, que comienzan a las 21».
Además ponderó la permanente buena disposición de todos los que integran la fiscalía. «Ha sido un verdadero trabajo de equipo en donde, si bien aportamos nuestros conocimientos, esto fue materia de estudio y de trabajo permanente, porque nunca habíamos tenido una situación excepcional como esta en este contexto y con la profusa normativa emanada por el Poder Ejecutivo de la Nación, como por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como el de la Municipalidad de Rosario, esto ameritó que tanto los fiscales de esta unidad como el personal administrativo estuviéramos en permanente consultas y actualizaciones para dar respuestas inmediatas a todas las consultas que se nos acercaban».
En cuanto a la seguridad en el ámbito de trabajo, el funcionario detalló que el fiscal general, Jorge Baclini, proveyó un horno sanitizante en el que se esterilizan todos los oficios y actuaciones que llegan a la Fiscalía. «Es un horno quirúrgico que tiene una capacidad para colocar 8 resmas de papel. Entonces las actuaciones policiales que nos remiten en relación a estas causas, antes de ser distribuidas entre el personal son sometidas a una proceso de sanitización en ese horno que funciona a una temperatura de 70 grados, eliminando todo vestigio de bacterias que puedan estar en los papeles».
Además, la sede de la unidad Covid-19 funciona en forma exclusiva en calle Montevideo al 1900 desde el 12 de marzo. Así se asegura que haya un solo lugar de recepción de las actuaciones y la presencia en sus puestos de trabajo de la menor cantidad de la planta administrativa que rotan en diferentes horarios para evitar la aglomeración.
«Así mismo, se han activado todos los protocolos de seguridad. Nos proveyeron un termómetro electrónico de modo tal que toda persona que ingrese sea monitoreada en su temperatura, hay un dispenser de alcohol en gel, por lo que se cumple un protocolo de bioseguridad.
