El Defensor Provincial Gabriel Ganón, conjuntamente con los abogados Salvador Vera, Guillermo Vallet y Analía Elizabeth Abreu, realizaron hoy una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle al Estado argentino que realice medidas cautelares a los fines de evitar que continúe el proceso irreparable de destrucción de pruebas sobre lo ocurrido en el caso que investiga la desaparición y muerte de Gerardo Escobar, como así también para que cesen los hotigamientos que están recibiendo los familiares de la víctima.
Entre los puntos que justifican el carácter de la solicitud, el escrito advierte que aún no han sido ejecutadas medidas idóneas y necesarias tendientes a conservar y/o preservar las pruebas. Asimismo, los abogados señalan que el Ministerio Público de la Acusación nunca requirió la colaboración de otra fuerza policial que no sea la de la propia Policía Provincial a los fines de practicar diligencias investigativas sensibles -levantamiento del cadáver de Escobar en el río, exámenes médicos primarios, entre otros- y que requerían la participación de terceros insospechados de participación en los hechos sometidos a investigación, como ser otra fuerza de seguridad.
En otro aspecto, los letrados hacen hincapié en actos de hostigamiento contra Luciana Escobar, hermana de la víctima, quien señala haber recibido llamadas telefónicas anónimas varias veces al día. Si bien durante las llamadas no oye ninguna voz, el escrito indica que “estos mensajes no pueden dejar de ser interpretados en el contexto como señales amenazantes que incorporan nuevos elementos de angustia y sufrimiento a los familiares de la víctima”, indicó Ganón.
Según los términos del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, las medidas cautaleras deben ser habilitadas en caso de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”. Con respecto a esto último, la presentación aduce que, de no disponerse medidas de imperiosa necesidad, como la que oportunamente fue propuesta, se frustará indefectiblemente la producción de prueba que permita esclarecer el hecho. Además, respecto de las llamadas recibidas por Luciana, los abogados patrocinantes piensan que si no son tomadas decisiones impostergables, los hostigamientos podrían derivar en otro tipo de actos directos contra su vida o integridad física.
Foto: Florencia Vizzi
