Por Alejandra Ojeda Garnero
El fiscal regional de Rosario Jorge Baclini dialogó con Conclusión y aseguró que el nuevo sistema de persecución penal tuvo grandes logros y destacó principalmente lo que tiene que ver con las garantías para las víctimas y mayor transparencia en la resolución de los hechos delictivos. Aunque además aclaró que aún falta mucho por hacer en cuanto a falencias edilicias y a la falta de personal.
El fiscal Baclini evaluó realizó un balance en que resulta “satisfactorio, se están alcanzando algunos objetivos, por un lado, y por otro lado hay muchos temas pendientes. Estamos en un lugar que es complejo. Con gran cantidad de delitos, con una estructura que inicialmente no fue muy amplia, aunque ahora fue mejorando”.
El jefe de los fiscales dijo que “se fueron cumpliendo algunos objetivos que son necesarios en este tipo de reformas que es la consolidación de un fiscal que sea el que persiga. La consolidación de que todo se resuelva en audiencias orales y públicas, que son metas difíciles de lograr aunque parezca algo sencillo. Que el fiscal tenga celeridad y rapidez en la investigación”, son puntos que se pueden evaluar como positivos.
“En síntesis los grandes logros del sistema es tener un juzgamiento con mayores garantías y mucho más eficiente. Sobre todo las garantías de las víctimas que es a quienes intentamos darle respuesta en los términos de Justicia que la sociedad reclama”, remarcó
La sociedad exige respuesta ante la comisión de un hecho delictivo, pero la respuesta de la Justicia llega cuando el delito ya se cometió, y en cuanto a este tema el fiscal aclara que “es importante marcar las diferencias entre lo que son las cuestiones de Justicia y las cuestiones de Seguridad, porque a veces la confusión de las dos terminologías genera que se atribuyan responsabilidades a uno u otro lugar que no son adecuadas”.
Para el fiscal Baclini “el problema integral de seguridad abarca a Seguridad, Poder Ejecutivo y Justicia (Poder Judicial) juntamente con un diseño estructural mucho más abarcativo, comprendiendo cuestiones de cultura, sociales, de educación, etc”. En este punto es necesario remarcar que “las responsabilidades son de todos, en los ámbitos en los que cada uno se desarrolla. Nosotros intervenimos luego de la comisión de un delito y luego tenemos que dar respuesta. En la medida que nosotros tengamos mayor influencia en el esclarecimiento de casos, mayor índice de sanciones, habrá cierta repercusión en la cuestión de seguridad”, señaló.
Si bien el nuevo sistema comenzó con escaso personal, teniendo en cuenta la densidad poblacional y el índice de delitos, Baclini detalló que “somos 160 personas en toda la Fiscalía Regional 2 que no solo comprende el departamento Rosario sino que abarca los departamentos de Las Rosas, Iriondo, Caseros, Villa Constitución y San Lorenzo. La policía en esta misma jurisdicción cuenta con siete mil efectivos, entonces el diseño de un plan de seguridad en forma plena es mucho más abarcativo del Poder Ejecutivo. Pero trabajamos mancomunadamente, tenemos mucho contacto en todas las áreas donde se plantean diferentes cuestiones” para tratar de bajar los índices de delitos en toda la región.
El trabajo conjunto con otros estamentos del Estado “es un tema que tenemos bastante afinado con el Ministerio de Seguridad anterior y trabajamos con el actual para mantener un desarrollo que sea interrelacionado porque sabemos que trabajar en forma aislada como se hizo históricamente no nos va a conducir a ningún lugar”.
El trabajo articulado “es también es un desafío del nuevo sistema penal que se va materializando en decir tenemos determinadas necesidades en términos de seguridad y en términos de Justicia y tenemos que sentarnos a diseñar y a intercambiar planes que nos integren a los dos estamentos”, para dar mejor y mayor respuesta en lo concerniente a la prevención y a la administración de Justicia.
Ante la presencia de mayor cantidad de delitos con mayor violencia, la sociedad reclama penas más duras, para Baclini “el sistema tiene que ser efectivo, es decir que frente a la comisión de delitos y de acuerdo a la gravedad, el sistema tiene que dar un tipo de respuesta acorde al tipo de delito. Todo esto tiene que funcionar, si o si de esta manera. Esto tiene cierta repercusión en la cuestión de la seguridad, puede ser de menor o mayor importancia la influencia que pueda tener en lo que es la seguridad integral. Pero, la cuestión de seguridad no se soluciona con respuestas simplistas. Cambiando una ley no se va a cambiar la seguridad. Esto tiene que tener una respuesta más amplia, mucho más integrativa. En nuestras sociedades no se va a terminar el delito, se puede controlar la cantidad que se cometen y a eso hay que apuntar efectivamente. El sistema penal tiene que ser efectivo y los delitos graves sobre todo tienen que tener una respuesta adecuada. Y esa respuesta no puede ser otra que la punitiva a través de la cárcel. En los delitos medianos, según el tipo de delito podrá ser la cárcel o podrá haber respuestas alternativas como la “probation”, la “mediación” o la “conciliación”, aseguró.
En el mismo sentido remarcó que “de acuerdo a la intensidad y la gravedad del delito es el tipo de respuesta que se debe a dar, pero el sistema tiene que tender a ser efectivo y aumentar la cantidad de casos que lleguen a juicio. Porque un sistema ineficiente genera impunidad y la impunidad mayor cantidad de delitos. Más allá de esta respuesta puntual, se requieren también otro tipo de respuesta más integral”.
Baclini asegura que a pesar el personal de la Fiscalía trabaja incansablemente para dar respuesta a todos los casos que se le asigna, las dificultades se presentan a diario, en primer lugar “tenemos muchas carencias, desde la edilicia, como por ejemplo materializar la creación de una delegación de la Fiscalía en Villa gobernador Gálvez que favorezca a unos 150 mil habitantes y que la gente pueda ser recepcionada en el lugar donde vive”, hasta el escaso personal con el que cuenta. Aseguró que “si bien hoy tenemos 105 empleados, cuando iniciamos teníamos 11, lo que implica una carencia terrible. En la evolución se fueron incrementando, pero 105 sigue siendo la mitad de los que trabajaban en el sistema penal anterior, que contaba con 190 personas. Cuando analizamos estos números este sistema es más costoso en términos de recursos humanos porque requiere un fiscal que esté en la audiencia, sin embargo hoy tenemos 65 fiscales contra 90 recursos humanos de la misma calidad que tenía el sistema viejo, entre jueces de instrucción, jueces correccionales, secretario de instrucción, secretario correccional y fiscales”. Sin duda una cuestión pendiente a resolver para optimizar el trabajo de todos los integrantes de la Fiscalía.
De todos modos Baclini aclaró que “hay que tener en cuenta que este es un sistema progresivo, el cambio ha sido muy grande para pretender una respuesta inmediata. Se necesita aceitar paulatinamente todo el mecanismo porque a veces resulta difícil consolidar con los reclamos que hay en una ciudad conflictiva como Rosario. De todas maneras tratamos de dar respuesta duplicando y triplicando los esfuerzos, porque donde hay un problema se procura que esté el fiscal en el lugar”.
Sin embargo “más allá de todas las carencias y dificultades el número que manejamos en términos de respuesta, de sentencias condenatorias, de resolución de causas son números que superan la media histórica del sistema residual que era un sistema mucho más burocrático y formalizado a través del expediente y mucho más lento”, donde además los jueces resolvían cada uno a su criterio y las sentencias no traspasaban los muros de sus despachos.
Este nuevo sistema terminó con el hermetismo de los jueces y “en este punto es importante reconocer que la publicidad es algo extraordinario en términos de control. Todo el mundo sabe lo que pasa y nosotros no le escapamos al control”. Pero se quejó “cuando se produce un hecho bueno no se le da la trascendencia adecuada, si la Fiscalía obtuvo un buen resultado en términos de investigación de persecución penal, pero si el hecho es malo se lo sobredimensiona. No me parece mal que se lo marque, porque nos hacemos cargo de las cosas que se hacen bien y de las que se hacen mal, pero esto puede generar una posibilidad de control en términos de los políticos, de la sociedad y de las víctimas que controlan a la Fiscalía. Y esto es muy bueno, estamos para cumplir un rol del Estado que necesariamente tiene que estar controlado”.
El jefe de los fiscales reconoció que es necesario hacer algunos ajustes para optimizar la labor de la fiscalía y para eso advirtió que “necesitamos trabajar más en áreas que es necesario potenciar, como la Policía de Investigaciones. La importancia de esta policía es que debe cumplir la orden del fiscal en la calle y que sea una persona de confianza del fiscal trabajando en cada caso. Mientras que el sistema tradicional delegaba plenamente en la policía la investigación del caso, aquí se asume con mucho control fiscal o lo asume directamente el fiscal. Pero el fiscal sin una policía que materialice en la calle la recopilación de evidencia, es una cabeza sin cuerpo. Es decir, estas nuevas estructuras sin una policía judicial no tienen operatividad. La policía judicial es muy importante y sobre todo en el aspecto de la criminalística, en la tecnología aplicada a la investigación”, y esto actualmente no está funcionando como debiera.
Para llevar adelante investigaciones que lleguen a juicio sin la posibilidad de ser declaradas nulas, es necesario que exista un organismo especializado en criminalística para realizar las pericias y recolectar las evidencias en el lugar el hecho con la mayor eficiencia. Hoy no funciona de esta manera. La Policía de Investigaciones (PDI), que luego se conformará como un organismo de investigación “como está creado por ley y como funciona actualmente, tiene una estructura mixta. Por un lado los investigadores y por otro lado la criminalística, que es la tecnología aplicada a la investigación”. Los efectivos, en su mayoría no cuentan con la capacitación específica y de calidad para llevar adelante las pericias en el lugar del hecho. El titular del Ministerio Público de la Acusación indicó que “si bien ya se han dado algunas capacitaciones, estamos todavía en una etapa inicial. En criminalística se han comprado muchos aparatos, alguno de los cuales ya se utilizan plenamente y otros se están utilizando gradualmente porque requieren una determinada tecnología para levantar la evidencia del lugar del hecho o la capacidad para saber manejar el aparato adecuadamente. Esto requiere de tiempo de capacitación, y todo se hace en forma gradual”.
Otro tema fundamental para lograr mayor cantidad de resolución en los casos que está previsto en este nuevo sistema de persecución penal y que no se dimensiona como se debería es la protección de testigos. “Contamos con una ley que se sancionó pero que todavía no se ha logrado implementar plenamente. Proteger al testigo significa que pueda acercarse a declarar con total tranquilidad de que no va a ser la próxima respuesta en una venganza porque declaró. La fuente de información que no tiene una protección adecuada por parte de la Fiscalía, es una persona que no va a aportar ningún tipo de información y no podemos extraer información de alguien a quien no le podemos brindar protección” señaló Baclini.
Esto tiene que ver con el contexto social en el que se cometen los delitos, “hay muchas personas que son conflictivas, con grupos que tienen una gran ascendencia en los barrios y la gente no se anima a hablar porque se sabe víctima del próximo delito”.
“Para la plena implementación de la ley se necesitan recursos y capacitar gente para que brinde contención. También es necesario el asesoramiento en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con la integridad de las personas. En ocasiones es necesario cambiar a la persona de localidad, cambiarle el teléfono y es necesario crear un cuerpo especializado para brindar la protección adecuada. Incluso la ley también prevé una recompensa que también genera algún tipo de incentivo para que se acerque información sobre algunos hechos”.
Los tiempos del nuevo Código Procesal son muy acotados “entre la aprehensión de la persona y el momento en el que va a la primera audiencia, son 24 horas. En esas 24 horas desde que la persona fue detenida comienza la carrera contrarreloj porque al fiscal le llega el aviso de la detención unas tres horas después, la información global recién le puede llegar a las diez horas, luego pide la audiencia que se va a desarrollar en las próximas doce horas. Ese tiempo implica que el fiscal se sumerja en una carrera contrarreloj y más teniendo en cuenta que no hay un solo detenido sino en ocasiones han llegado a ser siete detenidos en un día. Lo cual implica que debe resolver esos casos en el mismo plazo de tiempo, aunque existe la posibilidad de una prórroga por 24 horas más. El tiempo es muy acotado para obtener la información que se necesita y que esa información sea de calidad y que el fiscal pueda prepararse adecuadamente para llevar adelante la audiencia. Sería interesante poder extender ese plazo de 24 horas a 48 o 72 para una mejor calidad en la preparación de los fiscales.
Los juicios abreviados han sido materia de virulentas discusiones y manifestaciones, sobre todo cuando se trata de resolver la situación de un imputado por homicidio. Pero el fiscal aseguró que “el juicio abreviado es una solución que está prevista legalmente y es una solución que en los modelos acusatorios es plenamente aceptada en todos los lugares del mundo. El sistema funciona así. Pero hay casos en los cuales hay conveniencia de ir a juicio. Vale aclarar el derecho de ir a juicio es del imputado, acusado por el delito. Tiene las opciones de someterse al escarnio público pero, la Fiscalía puede fijar una política en relación al juicio abreviado. Esta política se tiene que fijar en casos resonantes, graves o de gran conmoción social, es bueno que la Fiscalía lleve el caso a juicio para que la sociedad perciba que la Fiscalía actúa y que la persona que cometió el delito fue sometida a juicio”, por un lado.
Por otro lado, “el procedimiento abreviado es un acuerdo entre el fiscal y el imputado junto a su defensor, sobre los hechos, la calificación legal y la pena a imponer. Esto se da en un marco de legalidad, es decir si la sanción punitiva que establece el Código es una pena de 3 a 10 años, ese es el margen de pena que el fiscal debe respetar. Por otra parte, el juez hace un control de la legalidad del acuerdo, es decir, se celebra una audiencia y todo se resuelve dentro del marco de la ley. Lo que sucede es que hablar de negociación en términos de justicia penal, es como que se está hablando de algo sucio, y no es así. No siempre las condenas en los juicios abreviados se fijan en las penas mínimas, se han cerrado abreviados por delitos contra la integridad sexual, en 12 y hasta 17 años de prisión. El juicio abreviado es una negociación legal que en muchos caos el imputado acepta para no someterse a la exposición pública que implica un juicio. En estos casos existe además un sistema de control legal que si el delito tiene una pena mayor a 8 años, el fiscal regional debe revisarlo, como lo establece el código. En este caso puntual hay que entender un cambio de metodología en la forma juzgamiento”, aseguró.
Para Baclini “es importante destacar en este punto que en el sistema anterior nadie se enteraba de nada, había un total hermetismo, ahora las audiencias son públicas y todo el mundo se entera de todo”.
Existen delitos que provocan un gran impacto y conmoción social. “El delito de homicidio es el más grave y es el que se toma como parámetro internacional para medir el funcionamiento en términos de inseguridad y en términos de funcionamiento del sistema. Hoy tenemos una tasa de esclarecimiento del 52 por ciento en homicidios y no es una cifra satisfactoria. Esa cifra es sobre los homicidios en los que hay prueba para determinar que el acusado es el autor del delito y no en todos los lugares se mide en los mismos términos y con esta precisión. La cifra tiene que ver con que tomamos el caso esclarecido cuando reunimos todos los elementos para asegurar que el acusado es el autor del delito. Otro 25 por ciento de los casos son con posibilidad de esclarecimiento, porque es necesario reforzar la prueba para imputar el delito”.
“La tasa de esclarecimiento tiene que ver también con el contexto social y político de cada sociedad. Estamos en una sociedad que requiere homogeneizarse un poco más porque hay muchas diferencias sociales y hay zonas donde cualquier disputa se resuelve en términos de homicidio y en esos lugares no todos los testigos se acercan a declarar porque temen represalias. Y en muchos casos el fiscal llega al lugar y lo recibe un contexto totalmente hostil donde se dificulta recolectar la evidencia y en algunos casos protegen al homicida por lo tanto se hace muy difícil el esclarecimiento del hecho”, aclaró Baclini.
Si bien las muertes violentas en hechos de robo son sensiblemente inferiores la cifra “por homicidio en ocasión de robo históricamente se mantiene un porcentaje que ronda entre el 10 y el 15 por ciento, lo cual es una cifra altísima ya que la posibilidad de que a una persona la maten mientras está trabajando en su negocio para robarle debiera ser ínfima o nula. Sin embargo estos hechos ocurren, gravísimos y generan mucho impacto”.
El balance a dos años de la implementación es positivo, señaló Baclini “el nuevo Código fue virtuoso porque instaló el nuevo modelo pero requiere un ajuste normativo que lo va dando la dinámica práctica. Por ejemplo hay requisitos para que el fiscal deje o no detenida a una persona que son los mismos estándares que tiene el juez para decidir la libertad o no de una persona. Nosotros pensamos que esto tiene que cambiar, el fiscal tiene que tener un poquito más posibilidades de llevar a una persona a audiencia y tomar decisiones, es decir, esto de ponerlo en el mismo estándar del juez hace de que muchas veces una persona cometa un hecho delictivo y al fiscal no le queda otra alternativa que dejarlo en libertad porque el marco legal le impide llevarlo a audiencia. Pensamos que cuando la persona es detenida tendría que ser llevada a audiencia y allí si el marco legal lo permite el juez lo libera o no. Pero que el fiscal tenga la posibilidad de llevar mayor cantidad de personas a audiencia, porque esta idea de que yo cometo un delito y se dispone mi libertad y se hace dentro de un marco legal prontamente no es bueno en términos de respuestas del sistema y en términos de percepción de quien cometió el delito, más allá del principio de inocencia”.
Otro punto a revisar es “en términos de medidas cautelares la prisión domiciliaria muy amplia como la tiene el código sin ningún tipo de sistemas de control requiere que se fijen bien los sistemas de control o que se establezca criterios tabulados de procedencia de las prisiones domiciliarias. Hoy contamos con una prisión domiciliaria como alternativa o como reductiva, morigerante de la prisión preventiva que es bastante amplia y en estos términos se hace bastante difícil porque existen muchos casos de personas que incumplen la prisión domiciliaria. El sistema tiene que dar la percepción de que lo que dice se cumple y si el sistema dice que te manda a domiciliaria y nadie te controla, la percepción es que no se cumple, el sistema se torna deficiente. En esto apuntamos a que todos los estamentos sean eficientes, porque el control de la domiciliaria no depende de Fiscalía, actualmente lo controla la Policía. También sería conveniente que el juez revoque la prisión domiciliaria cuando se detecta un incumplimiento”.
Uno de los temas que últimamente ha estado en el tapete fue el robo a taxistas y en ocasiones seguidos de muerte. Para dar respuesta a esta problemática y tratar de detectar patrones delictivos para combatir este tipo de hechos “se asignaron competencias temáticas a unidades fiscales, como existe la unidad de secuestros virtuales, por ejemplo. Pero cuando detectamos que existe una modalidad delictiva que es muy común asignamos una especialización temática a una unidad fiscal. Cuando se presenta la situación crítica de los taxistas con un índice muy alto de robos donde hay falencia en la prevención y en la investigación. Si bien hay muchos casos que fueron resueltos donde los delincuentes fueron detenidos in fraganti, lo que tenemos que detectar es si existe una modalidad delictiva común o grupos que se dedican a cometer estos delitos y el objetivo es establecer patrones y modalidades de conducta, lugares específicos para tratar de identificar personas que cometan estos delitos en forma continua.
Otro ejemplo que se puede citar es el de las heladerías, la asignación de una oficina específica para la investigación de los robos a estos comercios determinó que una misma persona era quien cometía los robos en una zona determinada y con un patrón específico, que derivó en la detención de esa persona”.
La incipiente presencia de delitos cometidos por efectivos de las fuerzas policiales motivó la creación de una oficina que investiga este tipo de delitos. “Se creó una oficina con la idea de que abarque también los casos de corrupción interna y se trabaja con la idea de que los casos de maltrato y de corrupción son intolerables. No se puede tolerar que el Estado que me tiene que brindar asistencia, contención me maltrate en todas la situaciones donde debe asistirme. O una persona (efectivo policial) que comete un delito con las horas extras, o una persona que somete a torturas o vejámenes o golpes a un detenido. El Estado no puede desde un principio ético esclarecer el delito con delito. Esto es inaceptable. La idea de trabajar con esta unidad temática específica para generar un tipo de respuesta que sea igualitaria. La idea de generar este tipo de repuesta tiene que ver con que la sociedad también perciba que hay un criterio de Justicia. También esta oficina tiene como objetivo la particularidad de las víctimas que fueron violentadas por el sistema y requieren de determinado nivel de contención para poder declarar. Porque no es sencillo que un detenido declare y confíe en el sistema lo maltrató. Y la depuración de los efectivos que cometen delitos debe tener una respuesta adecuada”.
Para finalizar Baclini dejó un mensaje a los familiares de las victimas que piden Justicia y aún no tienen respuesta. “Nosotros trabajamos para que se brinde Justicia, obviamente que detrás de una víctima o de los familiares de una víctima siempre se va a esconder una insatisfacción en la respuesta porque donde hay un familiar muerto no hay nada que pueda traer de nuevo a la persona y eso es irreparable en todos los términos. Nosotros podemos trabajar en lo que es la verdad, descubrir el hecho y trabajar en lo que es la Justicia y en que se logre una sanción”.
Pero el jefe de los fiscales hizo un pedido a la sociedad “nosotros necesitamos que se trabaje más cerca de la Fiscalía, que las víctimas se asocien con la Fiscalía, en el sentido de brindar información, para acompañar la evolución y donde se advierta que hay una situación crítica o no reciben la respuesta adecuada lo planteen y nosotros evaluemos. Permanentemente recibimos y escuchamos a las víctimas en todos sus reclamos. No siempre se puede dar una respuesta satisfactoria. Se trabaja, con escases de todo, para poder dar respuesta. Pero vale aclarar que somos receptivos a las víctimas y las ubicamos dentro de nuestros principales motivos de nuestro trabajo. La sociedad y la víctima son nuestros principales motivos de trabajo”.
Por otra parte, ante el reclamo generalizado que apunta a la pasividad de la Justicia en cuanto a la persecución de los responsables de delitos, el fiscal aclaró que “lo que nosotros queremos es hacer, pero tenemos que trabajar con pruebas, porque de lo contrario cualquiera de nosotros está en riesgo de ser detenido porque se le imputa algún delito. Tenemos que ser serios en esto, si vamos a generar una responsabilidad penal, tenemos que contar con las pruebas para generar esa responsabilidad penal”, concluyó.
