Por Alejandra Ojeda Garnero
El ex comisario Diego Álvarez, principal acusado en la causa por la muerte de Franco Casco, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una ampliación de denuncia en la cual solicita la inmediata intervención de ese organismo por vulneración de derechos en su lugar de detención.
Cabe señalar que en agosto de 2021, Álvarez realizó una primera presentación ante la Cidh, la cual en un hecho inédito fue admitida en el término de 14 meses y solicitó al Estado argentino a través de la Cancillería una respuesta sobre el caso en el término de no más de cuatro meses. A casi un año de dicha presentación, el Estado argentino no se pronunció al respecto.
Diego Álvarez se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz desde hace cinco años en prisión preventiva, y ante la falta de respuesta del Estado, presentó una ampliación de denuncia para reclamar «por violación respecto de mi persona de los siguientes derechos y garantías del debido proceso legal contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que enumeró en varios puntos: derecho a la integridad personal (artículo 5.4); obligación de respetar los derechos (art. 1.1); derecho de libertad personal (art. 7 incisos 1, 3 y 5); derecho a ser oído (artículo 8.1); derecho a presunción de inocencia (artículo 8.2); derecho a protección de la honra y a la dignidad (artículo 11.2); igualdad ante la ley (artículo 24); protección judicial (artículo 25); derecho a ser juzgado en plazo razonable (articulo 7.5); promoción del odio nacional (articulo 13.5); derecho de ratificación o respuesta (articulo 14.1); protección a la familia (articulo 17.1); clausula federal (articulo 28.1); deberes de las personas (articulo 32.2)».
En el texto de 32 páginas, el excomisario enumeró «la violación a los derechos que se encuentran protegidos en la Convención Americana en perjuicio de una persona natural sujeta a la jurisdicción de un Estado», y denunció que se recrudeció a partir del primer escrito presentado ante dicho organismo.
El aislamiento prolongado contradice explícitamente múltiples directivas y principios contenidos en instrumentos, cartas y documentos internacionales de Derechos Humanos. De acuerdo a la jurisprudencia internacional, el aislamiento prolongado puede configurar tortura, trato cruel, inhumano o degradante».
Por otra parte, el 26 de octubre de 2021 se cumplió el plazo de cuatro meses que la Cidh otorgó al Estado argentino para responder sobre la situación de encarcelamiento de Diego Álvarez, término que era improrrogable y el Estado no ha dado respuesta. La Cidh renovó su pedido el 17 de febrero pasado, pero el Gobierno sigue sin das explicaciones al respecto.
En este sentido, Álvarez realizó la ampliación de denuncia, ya que se encuentra a punto de cumplir cinco años en prisión preventiva, sin sentencia.
El ex comisario denunció que “la perpetración de nuevas formas de violaciones de parte del Estado argentino comenzaron con las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, primero “al haberme presentado públicamente y por parte de un miembro del Estado como culpable, inclusive mucho antes de ser enjuiciado”; como también “al haberme castigado anticipadamente, poniéndome en prisión preventiva pese a la ausencia de todo riesgo procesal”.
Esto se llevó a cabo mediante una “operación política, militante, mediática y social que se tejió en muestra contra, y al día de la fecha no ha cesado, por el contrario, se ha descontrolado y tornado violenta”.
Otro punto que considera de extrema gravedad es la publicación del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, que en su cuenta de Twitter expresó:
«Recibí a la familia de Franco Casco, el joven torturado y asesinado a manos de efectivos de la policía en 2014 en la ciudad de Rosario»
Cuando aún no había comenzado el juicio por la muerte de Franco Casco, «el titular de la Secretaria con el deber estatal de tutelar los derechos que alego violados, con el titular del Ministerio en Defensa de las personas inculpadas en un delito, publican para que vean todos los argentinos una foro en sus oficinas del Estado, en pleno desarrollo de su funciones, donde en una reunión oficial con la familia del joven Casco se afirma que soy un asesino y un torturador».
En el mismo sentido, el funcionario Pietragalla participó de un acto público frente a los Tribunales Federales de Rosario cuando se desarrollaba una de las primeras audiencias del juicio por la muerte de Franco Casco y en su discurso «extendió su prejuzgamiento a todos los trabajadores policiales afirmando que ‘esta problemática la acarreamos desde la época de la dictadura con prácticas que se siguen utilizando hoy'».
Ante dichas manifestaciones, Diego Álvarez pidió a la Cidh: «Entenderá esa Comisión que dichos tan aberrantes deben ser repudiados en profundidad. El Secretario no solo viaja mas de 300 kilómetros para hacer acto de intimidación y presión en la puerta del Tribunal, sino que además asume PUBLICAMENTE que somos culpables en un hecho por el cual aun no tenemos sentencia. Además de ellos, intenta trazar una línea de conducta entre la dictadura militar que asoló nuestra nación entre 1976 y 1983 y unas supuestas prácticas que se siguen utilizando hoy, y las cuales –según desliza el secretario- nosotros llevamos a cabo».
Del mismo modo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, con el mismo tenor «repitió una y otra vez las palabras ‘condena ejemplificadora’ y ‘erradicar la violencia institucional’.
Luego de la pronunciación de su discurso, fue invitado por los familiares de los acusados «quienes hacen acto de presencia en cada jornada del debate» para informarlo sobre su versión del caso y «el secretario huyó del lugar sin siquiera escuchar las peticiones que querían hacerle llegar en persona, ya que por escrito esperamos su contestación hace mas de un año y medio. Incluso sobre el fondo del video del cual se adjunta enlace, se puede oír el canto de cientos de personas que acompañan la petición de justicia, verdad y libertad, quienes le cantaron al Secretario “CAUSA ARMADA” en referencia a la forma pública en la cual se conoce el caso, hoy día un emblema de los armados políticos y militantes, cuestiones estas por las cuales llegamos a solicitar la intervención de esa Digna Comisión».
«Esta forma de ilustrar la realidad es una manera mas concreta de referir a esa Comisión que el Estado Argentino está al corriente de las peticiones que seguimos haciéndole llegar, y prefiere lisa y llanamente ignorarlas para continuar su frenesí de violación sistemática de todos esos derechos que la CIDH se propuso tutelar», continúa el escrito.
Sin embargo, «habiendo sido mancillada, pisoteada, ultrajada, manoseada y violada nuestra dignidad y la de nuestras familias en los mas amplios sentidos que el poder Estatal puede permitirse, seguimos golpeando sus puertas y pidiéndole al Estado Argentino una posibilidad -aunque sea remota- de que nos oiga, cuestión que como puede comprobar La Comisión, nunca se concreta», alega Álvarez.
En otro momento de su discurso, y en claro acto de prejuzgamiento Pietragalla afirmó: “Seguro habrá condenas” entre otras afirmaciones, refirió “este caso no tiene que quedar impune y tiene que haber sentencias ejemplificadoras (…) vemos que suceden estos hechos naturalmente (…) tiene que haber condenas y juzgamientos para erradicar la violencia institucional (…) el caso de Franco es tan claro y terminó con la muerte de un chico que solo vino a visitar a su familia y sabemos como terminó”.
Además, el ex comisario denunció la manipulación de testigos por parte del Estado en el juicio que se está desarrollando en los Tribunales Federales de Rosario, donde se encuentra sentado en el banquillo de los acusados junto a 18 policías que se desempeñaban en la comisaría séptima. «Miembros del Estado instalaron una falsa acusación en mi contra y mis compañeros desde el inicio, se amplificaron al asociarse con funcionarios públicos, abogados de querellas privadas, conformando una organización mixta plenamente dedicada a poder terminar el trabajo sucio que el propio Estado había iniciado».
En este sentido agregó que «esto fue revelado en las audiencias de juicio, donde testigos que declaraban en favor de la acusación se expresaron en los siguientes términos: hubo dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos que me visitaban siempre en la unidad carcelaria donde cumplo condena… ellos me conseguían beneficios a cambio de mi declaración… siempre me cumplieron todo».
Ante la pregunta de un abogado defensor: ¿esta es la primera vez que declara en esta causa?, respondió: «no, a mi me citaron en un estacionamiento, había dos tipos, me dijeron que eran de Derechos Humanos», y continuó, «no era una fiscalía, era un hotel céntrico, ahí nos hicieron esperar cuarenta minutos hasta que llegaron otros y nos informaron qué teníamos que decir».
Finalmente, Álvarez solicitó que se cite a dar testimonio a los abogados Salvador Vera y Diego Rodríguez sobre la presunta manipulación de las declaraciones de los testigos para declarar falsamente en contra de los policías. Y que intime al Estado para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos de la cual están siendo víctimas.
