Finalmente la causa por la tragedia de calle Salta 2141 se debatirá en un juicio oral y público. Lo decidió el camarista Guillermo Llaudet Maza en rechazo al recurso de queja presentado por el gasista que estaba trabajando en el edificio en el momento de la tragedia.

Vale recordar que el juez Sentencia Isamel Manfrín ya había resuelto que el juicio se realice en forma oral y pública pero el gasista apeló la resolución y se presentó en queja ante la Cámara Penal.

La resolución de Llaudet Maza ratificó la decisión de Manfrín, con lo cual queda firme la decisión de que el debate se realice de forma oral y pública.

Sin embargo, el gasista puede presentar aún un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema provincial.

En diálogo con Conclusión Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco expresó que “estamos contentos con la decisión del juez Llaudet Maza porque creemos que el juicio oral es la forma más transparente de evaluar los testimonios y donde se puede recabar más elementos para juzgar a una persona”, y agregó “nos gratifica la resolución del juez”, aseguró Nissoria.

Con respecto a la fecha en la que se iniciará el debate explicó que “a partir de la resolución empiezan a correr 65 días para que se organice la defensa, pero estimamos que será en los últimos tres meses de este año o principios del 2017”, adelantó.

Por otra parte, expresó que con esta decisión del juez “nos estamos acercando a una Justicia más justa”, concluyó Nissoria.

La tragedia de Salta 2141 fue la pero que vivió la ciudad. El 6 de agosto de 2013 un escape de gas produjo una gran explosión y derrumbe de una de las tres torres del edificio donde perdieron la vida 22 personas.

Por la tragedia fueron procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

También los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.

En caso de una eventual condenada podrían ser sentenciados a un máximo de 5 años de prisión, pena prevista para el delito de estrago culposo agravado por el que fueron procesados.