Organismos defensores de Derechos Humanos le pidieron a la relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia judicial que formule «un llamamiento urgente al Gobierno a fin de que tome acciones respecto de la actuación de la Corte Suprema y se requieran medidas para favorecer la independencia e imparcialidad en la conformación del Consejo de la Magistratura».
La presentación fue avalada por varios de los principales organismos de Derechos Humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Los organismos firmaron una presentación de la asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJUS), que denuncia a los cuatro jueces de la Corte Suprema por el fallo que restableció la integración de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, con el presidente del máximo tribunal a la cabeza.
«Esta situación regresiva en derechos humanos afecta gravemente a la independencia e imparcialidad de todo el sistema judicial federal, al volver a instituir como presidente del Consejo de la Magistratura a un juez de la Corte», sostiene la presentación.
En ese sentido, el documento advierte que «el Consejo de la Magistratura se ha compuesto de forma irregular, por un fallo parcial, dictado por una Corte parcializada, que se ha manifestado en forma parcial e intencionada».
Los organismos le pidieron a la ONU que exija al Estado argentino «encauzar las discusiones parlamentarias que transitan andariveles distantes de las propuestas internacionales en la conformación de un Consejo de la Magistratura».
El Congreso tiene a estudio un proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura, cuyo tratamiento aparece trabado por la falta de votos necesarios para su aprobación.
Ello posibilita, según la denuncia, que el fallo de la Corte Suprema que anuló una ley que rigió durante 15 años signifique «la conformación de un Consejo de la Magistratura ‘a la carta’, poniendo en riesgo el estado de derecho y al propio sistema democrático de la República Argentina».
«Es un fallo que beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad, y en eminentemente abuso de poder», subraya el texto.
Los denunciantes argumentan, además, que el fallo debe ser considerado nulo porque «los jueces de la Corte Suprema debieron excusarse», ya que tenían un interés directo en los efectos de su propia decisión.
