La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Claudio Bonadio con el objetivo de que se le inicie allí un juicio político por «mal desempeño» y «prevaricato», luego de que el magistrado la recibiera el miércoles en su despacho en el marco del llamado a indagatoria por la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro.
La ex mandataria, que hizo la denuncia a través del mismo abogado que la acompañó el miércoles a los tribunales federales de Comodoro Py, Carlos Alberto Beraldi, solicitó que «se proceda a suspender al magistrado denunciado y a formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño».
Tal como lo hizo el miércoles cuando recusó al titular del Juzgado Federal 11, Fernández de Kirchner sostuvo en el escrito de 28 páginas al que accedió Télam que no hubo irregularidades en la compra-venta de dólares a futuro durante su gestión y reclamó que se investigue a las autoridades del Banco Central (BCRA) designadas por el actual gobierno, por los cambios en la cotización del dólar.
La ex jefa de Estado aseguró que la denuncia por la venta de dólares futuros presentada en octubre del año pasado, cuatro días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fue utilizada primero con fines electorales y luego para remover al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
«La denuncia de los diputados (Federico) Pinedo y (Mario) Negri fue presentada cuatro días después de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales», aseguró Fernández de Kirchner en su escrito y luego agregó: «Dos días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, Bonadio dispuso el allanamiento del BCRA en pleno horario de operaciones, interrumpiendo por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado único de cambios».
«Tal actividad -continuó- carecía de toda razonabilidad, máxime si se advierte que la mayoría de los elementos documentales que se pretendían localizar ya habían sido presentados en la causa por la propia entidad rectora».
Además sostuvo que «la causa penal en cuestión también fue utilizada como un elemento central de hostigamiento para forzar la salida del entonces Presidente del BCRA, pese a que su mandato legal recién debía expirar en el año 2019».
«Luego de dicha renuncia -continuó- se designó un nuevo Presidente del BCRA (Federico Sturzenegger), se liberó el tipo de cambio y, como una consecuencia de ello, se produjo casi de manera inmediata una devaluación de la moneda nacional de más del cuarenta por ciento sin que fuera adoptada medida alguna dirigida a proteger el valor de la divisa argentina».
La ex presidenta remarcó que «dado que las nuevas medidas impactaron directamente sobre la liquidación de los contratos de compra de dólares a futuro, paradójicamente se produjo la situación que los denunciantes del ahora partido gobernante intentaron presentar como delictiva, esto es que, a través de los contratos de dólar futuro, se ocasionarían pérdidas estratosféricas para el BCRA».
En ese contexto, sostuvo que pudo haber «mal desempeño» por parte del juez que lleva adelante la investigación, Bonadio, «habida cuenta del ejercicio abusivo y arbitrario del poder jurisdiccional que le fue conferido, ello en el marco de una causa en la cual se persigue una exclusiva finalidad política».
También sostuvo que pudo haber «prevaricato por parte del juez interviniente en la denuncia de referencia al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos, en particular al convocar a prestar declaración indagatoria a los imputados» y «tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante de la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de derechos constitucionalmente tutelados».
La presentación de Fernández de Kirchner fue realizada este jueves a primera hora ante la Secretaría General de la sede central de Consejo de la Magistratura en Libertad 731.
Según el circuito previsto para este tipo de denuncias, el expediente recaerá en la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside Adriana Donado, en representación del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos y que, además de Ángel Rozas (UCR), está compuesto por otros siete miembros del organismo encargado de la selección, controlo y sanción de los jueces.
La comisión a cargo de Donado, deberá sortear el expediente entre sus miembros, el cual lo analizará y podrá rechazarlo in limine o elevarlo al plenario del Consejo.
La próxima reunión de consejeros está prevista para el próximo 28 de abril, pero de existir necesidad, podrían convocarse en una fecha anterior, aunque desde el organismo descartaron la posibilidad que sea antes del lunes ya que la titular de la Comisión actualmente está de viaje.
