Córdoba: 13 policías al banquillo por el crimen de Valentino Blas Correas

Foto: Gentileza Ramiro Pereyra/LaVoz

El juicio con jurados populares por el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un operativo de control de seguridad en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, comenzó este miércoles con 13 policías sentados en el banquillo de los acusados.

La audiencia pública está a cargo del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y con un jurado popular, 8 titulares y 8 suplentes.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tendrá participación como ‘amicus curiae’ (asesores jurídicos voluntarios del Tribunal), en tanto que Amnistía Internacional solicitó ser admitida como ‘observador’ del juicio.

El asesinato

De acuerdo a la instrucción de la causa, la madrugada del 6 de agosto del 2020 Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo junto a cuatro amigos compañeros de colegio, entre ellos Valentino, todos de 17 años en aquel entonces, quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, se cruzaron con un control policial de prevención y los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad.

En su testimonio, Echeverría dijo que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba a la cabeza, por lo que aceleró.

Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes «con intención de matarlos», según el requerimiento de elevación a juicio.

Por su parte, el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, «en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo», efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha «a sabiendas que no había justificación legal para ello».

La acusación sostiene que «Gómez y Alarcón desplegaron las conductas supra descriptas abusando de su función, en contra de la normativa que regula el debido uso de las armas reglamentarias por parte de las fuerzas de seguridad».

A su vez, las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó en la zona de la escápula derecha de Valentino, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por el traumatismo de tórax provocado por el proyectil.

Si bien los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas,uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescente a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento, los policías ‘plantaron’ un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el auto con los chicos, en la intersección de Chacabuco y Corrientes.

Antes, los amigos llevaron a Valentino al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por esa desatención se tramita otra causa que fue elevada a juicio con tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) imputados por ‘abandono de persona’ y ‘omisión de auxilio’.

La acusación a los policías

Los suboficiales Gómez y Alarcón, en tanto, llegan al juicio como ‘coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Estos enfrentan cargos por ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’.

Durante el debate, serán los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo quienes buscarán probar estas acusaciones.

La madre del joven muerto

Este martes, en una conferencia de prensa junto a la madre de la víctima, Soledad Laciar, la organización Amnistía Internacional Argentina comprometió su “acompañamiento y monitoreo” del juicio.

La madre del adolescente dijo que lo que pasó con su hijo “dejó al descubierto la manera de obrar de la policía de Córdoba”, como así también la “falta de compromiso del Gobierno provincial”, al afirmar que “hay responsabilidades políticas que no están en este juicio”.

Y agregó que «se va a demostrar que hay más responsables” del hecho, al ingresar a los tribunales donde se lleva a cabo el juicio.

“Hoy están siendo juzgados 13 policías. Pero hay más. Las responsabilidades políticas llegan hasta el gobernador” Juan Schiaretti, sostuvo Soledad Laciar en la puerta del edificio judicial.

Asimismo calificó como “deshumanizada” la fuerza policial provincial, al sostener que “luego de asesinar plantaron un arma».

«Confío totalmente en que la justicia va a condenar. Es la única forma de que haya un cambio”, remarcó la mujer.

Y agregó: “Hoy están aquí sus amigos. Ellos son mis hijos. Son los que trataron de salvar a Blas mientras la policía plantaba un arma”, añadió Laciar, quien ingresó a la sala de audiencia del juicio con su hijo Juan Segundo Correas.

Por su parte, el joven manifestó: “Es hora que se haga justicia. Es también hora de que el Gobierno (provincial) se haga cargo de la policía que tiene y que escuche a toda la gente que vino aquí a pedir que esto que le sucedió a mi hermano no vuelva a ocurrir”.

Familiares y amigos acompañaron a los padres de Blas hasta la zona de ingreso portando consignas de “justicia” por el asesinato.

También estuvieron los representantes de Amnistía Internacional y de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.