La Cámara Federal de Tucumán rechazó los planteos presentados por las defensas de seis de los integrantes de la organización criminal conocida como «Clan Ale», acusada de trata, narcotráfico y lavado, contra los procesamientos con prisión preventiva dispuestos por el juez federal Fernando Poviña.

En una resolución de más de 80 carillas, el tribunal de alzada resolvió no dar curso a los planteos de inconstitucionalidad del artículo 210 del Código Penal, que reprime con penas de tres a diez años a quienes formen parte de una asociación ilícita, la que definieron como “el actuar en el marco de una organización criminal, aumentando así la impunidad y facilitando la consumación de otros delitos”.

De esta manera, la causa queda a un paso del juicio oral al considerar la Cámara Federal de Tucumán probado que los acusados integraban una organización criminal dedicada a introducir al circuito legal la recaudación de actividades ilícitas.

Los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, Mariana Cossio,Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar, confirmaron los procesamientos de Rubén «la Chacha» Alé, María Jesús Rivero, Oscar Roberto Dilsacio, Fabián Antonio González y Victor Suaréz por el delito de lavado de dinero agravado por haber conformado
una asociación ilícita destinada a tales fines.

Cámara de Apelaciones de Tucumán

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Asimismo, los camaristas mantuvieron la decisión adoptada por el responsable del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Poviña, y ratificaron los procesamientos de Ángel «Mono» Alé, María Florencia Cuño, Julia Esther Picone y Valeria Fernando Bestán por lavado de activos.

El dinero era canalizado a través de distintas sociedades, como ser la remisería «Cinco Estrellas» o la firma de casa de juegos «Point Limitis», ambas propiedad de Alé.

Además en la sentencia se estableció que los imputados habían incrementado su patrimonio y nivel de vida económico, sin poder justificar el origen de los fondos: Particularmente, Alé habría evadido impuestos, lo que le permitió la adquisición de inmuebles, autos y armas.

La imputación, analizada por los camaristas, refiere a la primera parte de la investigación desarrollada a raíz de la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella.

Por otra parte, resta al tribunal resolver los recursos interpuestos contra el procesamiento, en orden al delito de asociación ilícita, de otras siete personas que fueron detenidas en octubre pasado, durante una serie de allanamientos realizados en la provincia de Tucumán, por personal de la Procelac, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA).