Dos policías y dos exempleados de seguridad de un boliche bailable se sientan en el banquillo de los acusados, a partir de este miércoles, para ser juzgados por el homicidio de Carlos «Bocacha» Orellano, el joven de 23 años que fue hallado muerto en las aguas del río Paraná en febrero de 2020, luego de ser retirado de ese local nocturno, al que había concurrido con amigos, por guardias de seguridad. El inicio del juicio oral y público estaba previsto para el pasado lunes pero fue postergado a causa del fallecimiento del familiar de uno de los jueces que integra el tribunal. El inicio de las audiencias fue precedido por una movilización de familiares y allegados.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por los delitos de «homicidio simple con dolo eventual en grado de coautores», en tanto que a los dos policías se les suma el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica», indicaron las fuentes del caso. Todos se encuentran con prisión preventiva y enfrentan pedidos de pena de entre 17 y 19 años de cárcel por esos delitos.

Desde la Asociación Civil Bocacha Orellano -creada por familiares y amigos de la víctima señalaron que, «luego de tres años de lucha por la Verdad, llegó la hora de que sea Justicia». «Bocacha fue asesinado. Con dos agentes de seguridad privada y dos policías acusados como autores, sabemos que fue un homicidio en contexto de violencia institucional y policial».

Se trata de los empleados de seguridad privada del boliche Ming River House, Fabián Claudio M. (54) y Emiliano L. (32), y de la pareja de policías provinciales, Karina G. (43) y Gabriel N.(40).

«Si nosotros no hubiéramos peleado todo esto, toda esta gente estaría afuera y nadie hubiera pagado por el homicidio”

Edgardo Orellano, padre de Bocacha

El papá de «Bocacha», Edgardo Orellano dialogó con los medios antes de ingresar a la audiencia y apuntó contra las irregularidades del proceso. “Son tres años de movilizaciones y lucha, en búsqueda de testigos y pruebas. Siempre nadamos contra la corriente”.

“Los encargados de investigar, tenían que investigarse a sí mismos, e hicieron desaparecer cantidad de pruebas. Desde el primer momento borraron todo los rastros, se fraguaron actas, y mucho más» aseveró Orellano y agregó: “Sabemos lo que han declaro anteriormente y seguramente no darán vuelta su testimonio. Con lo que ya sabemos hasta ahora esta gente debería ir presa».

El hombre señaló que era la primera vez que su hijo iba a bailar allí y «no salió vivo». «Desapareció por 60 horas y salió flotando detrás del boliche. Que me van a negar, que mataron a mi hijo».

Asimismo se mostró crítico con el trabajo de la Fiscalía, que en la audiencia preliminar anunció que pedirá 19 años para la policía y 17 para los patovicas. «Nosotros como querellantes pediremos 23 y 19 respectivamente. Y hasta el momento no estamos conformes de como se ha manejado la Fiscalía, siempre pensamos en una perpetua y creemos que no han preservado las pruebas y muestras».

«Donde la policía decía que no había nada, nosotros encontramos. Si nosotros no hubiéramos peleado todo esto, toda esta gente estaría afuera y nadie hubiera pagado por el homicidio», remarcó Orellano.

Como ya lo afirmó en otras ocasiones, el padre de Bocacha insistió en que su hijo «vio algo que no tenía que ver, por eso dieron la orden para matarlo». «Era un buen pibe, que nunca anduvo en la calle buscando lío. Desde el boliche siempre nos agredieron, siempre se preocuparon para que no se sepa la verdad».

 

 

Él fue abordado y agredido por estos agentes, ello desencadenó su caída y muerte por asfixia en las aguas del rio Paraná.

Salvador Vera, abogado querellante.

Por su parte, el abogado que representa a la familia, Salvador Vera detalló que el juicio «estará centrado en la declaración de los testigos presenciales que son los que dan cuenta de la secuencia del último momento con vida de Carlos»

Vera aseveró que el joven «fue abordado y agredido por estos agentes, ello desencadenó su caída y muerte por asfixia en las aguas del rio Paraná». «Contamos con evidencia que da cuenta de la agresión y los múltiples focos de infiltración hemáticas vitales, en distintas partes del cuerpo de Orellano, previas a su caída al río. Los propios agentes se han puesto en el lugar de escena de los últimos momentos con vida de Carlos».

Vera reiteró que no se trató de un accidente, «no se cayó, fue un homicidio» y recordó que «hubo una expulsión forzada y violenta del lugar, y  luego lo agredieron en el sector del muelle». «Los forenses, tanto del IML como los de la Corte Suprema de Nación van a acreditar que Carlos fue golpeado».

 

 

Ellos cumplieron función de vigilancia, que era su deber y lo hicieron dentro del boliche.

Jorge Bdouret – defensor de los empleados de Ming River House

Por su parte, el abogado que defiende a los empleados del boliche Ming River House, Jorge Bedouret  aseguró que «se pasó por sobre la Justicia» y que «no hay elementos probatorios».

El letrado apuntó que la figura de dolo eventual es «completamente falsa». «Por ello esperamos que los jueces comprendan la situación».

Bedouret aseguró que «no existían los elementos» para mantener detenidos a sus representados» y recordó que «se los detuvo después de un año y realmente no estaban dadas las condiciones para hacerlo», porque no existía peligrosidad procesa, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.

Durante el debate la defensa sostendrá una versión muy diferente a la de la querella, «ellos cumplieron función de vigilancia, que era su deber y lo hicieron dentro del boliche. Afuera es un tema policial y de prefectura. Sólo intervinieron para sacarlo del boliche». «Orellano había tenido un día muy difícil, que deriva en ese amanecer. No sé si se arrojó al rio, lo empujaron, no lo sé. Las cámaras nunca estuvieron en funcionamiento, no es que se apagaron ese día». Para finalizar concluyó, «los muchachos del boliche no vieron cuándos se tiró, los únicos que lo vieron fueron los funcionarios policiales».

 La investigación

Según ventiló el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, durante las audiencias preliminares, los cuatro imputados se hallaban el 24 de febrero de 2020 «en inmediaciones del boliche Ming, dentro del Complejo La Fluvial, entre las 4.30 y las 5», mientras cumplían «servicio adicional los policías, y de seguridad privada», las otras dos personas.

De acuerdo a la pesquisa, a ese boliche había ido a bailar Orellano con amigos e intentó ingresar al VIP del local, por lo que fue retirado del lugar.

En la causa quedó acreditado que una vez que el joven fue sacado del boliche, los imputados «ejercieron violencia física» en su contra y rodearon a la víctima «contra la baranda del río Paraná».

Para el fiscal los imputados, «aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpean», lo que llevó a que Orellano «salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancias que le provocaron su fallecimiento».

De acuerdo a la reseña judicial, el cuerpo de la víctima fue encontrado el 26 de febrero de 2020 “en el río Paraná, a la altura del kilómetro 418, en cercanías al lugar del hecho imputado».

Según la pesquisa, «tiempo después de la caída de Orellano al agua», la agente Gómez dio aviso del hecho a la central de emergencias del 911 y a la Prefectura Naval Argentina, «pero omitiendo informar la verdad del mismo».

«Y luego, todos los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima», señala la acusación fiscal.

El Fiscal Dr. Patricio Saldutti, también expresó unas palabras antes de ingresar a la audiencia. «Fue una investigación muy larga en donde se aplicó desde el comienzo el Protocolo de Minnesota. Tal como lo indica el mismo, se realizó con fuerzas ajenas a la policía provincial, al igual que con los órganos periciales”.

Pudimos presentar el requerimiento acusatorio con la teoría del caso de la Fiscalía, y hoy daremos comienzo al Juicio Oral y Público. De esta manera, el MPA llega con una teoría del caso que contempla a cuatro personas imputadas, dos de ellos empleados policiales y otros dos empleados de seguridad privada que también cumplían funciones en el lugar esa noche”.

Las imputaciones son por homicidio simple con dolo eventual para los cuatro; “y a los policías se le agregan las imputaciones por incumplimiento de deber de funcionario público y falsedad ideológica».

Para culminar sentenció, “presentaremos más de 200 testigos en total, además de la prueba material y documental, videos filmaciones, y con contenido de pericias que dan un sustento objetivo a la teoría del caso y subjetivo también porque contamos con un grupo de testigos que se encontraba en el momento del hecho, en el lugar del hecho y que percibió esta secuencia», concluyó.