El pasado mes de septiembre al conocerse la venta del 50% del capital de frigorífico Friar realizada por Vicentin Family Group y Nacadie al fondo de inversión BAF Capital S.A., el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Impuestos realizaron una presentación al juez Fabián Lorenzini para que declare la nulidad de la operación, al considerar que Friar era parte del mismo grupo empresario integrado por Vicentin SAIC. Este miércoles se conoció la resolución del magistrado que decidió rechazar el pedido de ambas entidades, al considerar que no es procedente porque Friar SA, Nacadie SA y Vicentin Family Group (VFG) son diferentes personas jurídicas.
En el extenso fallo Lorenzini considera que «sin perjuicio de que las mencionadas conformen o no un holding empresarial, cada una de las personas jurídicas -como se sostuvo anteriormente- poseen personalidad jurídica diferenciada y por lo tanto cada una resulta -en principio responsable de los actos realizados». Según se desprende del escrito, Lorenzini considera que se está ante diferentes personas jurídicas y, por lo tanto, antes personalidades diferenciadas, lo que implica reconocer autonomía a cada una de ellas».
Así, el magistrado resolvió «rechazar por improcedente, la petición de ineficacia de la venta de las tenencias accionarias que las firmas Vicentin Family Group y Nacadie S.A. poseían en Friar S.A. conforme los considerandos que anteceden».
Más allá de esta decisión, el juez decidió remitir copia de las presentaciones efectuadas por Afip y Banco Nación (y de sus anexos e informes), sobre Friar S.A. y el conjunto económico Vicentín, a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación – Rosario y al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 a cargo de Julián Ercolini.
En otro orden pero dentro de la misma causa, este jueves Lorenzini autorizó a la empresa en concurso a firmar nuevos contratos de fasón de molienda de soja, molienda de girasol con el grupo Olio, que le permitirán mantener activas sus plantas y asegurar ingresos por cerca de u$s 100 millones para 2021. El fallo impone medidas de control, que estarán en cabeza de los veedores.
