Familiares, amigos y allegados de los 19 policías acusados por la muerte de Franco Casco se movilizarán este martes para reclamar que están siendo juzgados injustamente. Desde el principio de la causa los efectivos sostienen su inocencia y piden su libertad, ya que se encuentran en prisión preventiva desde hace cinco años, algunos de ellos en penales federales, en condiciones inhumanas.
Desde la organización Inocente Colectivo invitan a acompañar la movilización que se realizará este martes a las 19 desde Oroño y Montevideo y culminará frente a los Tribunales Federales de Oroño al 900.
Según indicaron desde la organización, los 19 policías están siendo injustamente juzgados en el marco de la causa por la muerte de Franco Casco y piden la presencia de la comunidad «para llevar luz y claridad iluminando el caminio de la libertad».
El juicio por la muerte del joven, en el que están sentados en el banquillo de los acusados 19 policías comenzó el 6 de diciembre pasado y aún se encuentra en trámite.
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, cuando su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
