Balangione: “Mi estilo es la construcción de políticas y aunar criterios»

La flamante defensora general de la provincia de Santa Fe, Jaquelina Balangione visitó la sede local del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y brindó una conferencia de prensa donde destacó los principales puntos en los que girará su gestión. En ese marco, señaló que el trabajo que tienen por delante es ordenar la estructura, tanto de recursos humanos como económicos y la cuestión  edilicia que es deficiente en este momento, pero se resolverá cuando se muden al nuevo edificio de Justicia Penal, donde tienen destinado un espacio. Otra preocupación que deben resolver en lo inmediato es la cobertura de los cargos vacantes que se adeudan desde el inicio de la ley y la posibilidad de que se apruebe la ley de subrogancias para cubrir los cargos que quedan vacantes por licencias de largo plazo.

Por otra parte, puntualizó en continuar con la política de prevención de violencia institucional y registro de torturas que trabajó la gestión anterior. También focalizará su trabajo en mejorar el servicio de defensa a la vez que destacó que tenemos una “Defensoría de lujo”.

También se refirió a las impugnaciones que sufrió durante su postulación y concurso, y expresó que se sintió discriminada, “por el sólo hecho de ser la esposa de un ministro de la Corte”. También destacó que tuvo una buena recepción por parte del personal de la Defensoría.

La Defensora manifestó que “vengo dos días por semana a Rosario con la idea de estar cerca de la Regional II, que como ustedes saben es la más importante tanto en la estructura, como en la problemática que tiene la circunscripción y sus alrededores”.

En el marco de la visita a la ciudad, “hoy tenemos previsto ir con los defensores a conocer el nuevo edificio de Justicia Penal donde tenemos asignado un espacio para la Defensa y además es un edificio que se va a compartir con el MPA y con los jueces del poder judicial”, y auguró que la mudanza será “recién el año que viene”.

La obra ya está terminada pero todavía falta la parte de equipamiento y el servicio informático integrado del establecimiento, “que lleva un tiempo, esto está a cargo de la Provincia y la negociación de los recursos entre la Corte, el MPA y la Defensoría, que tenemos participación en esa discusión junto con los ministerios del Ejecutivo”.

Expectativas

“El nuevo edificio nos pone contentos, es la única defensoría en la provincia que va a tener un edificio propio. La Defensoría es un organismo nuevo, esta es la segunda gestión y no tiene edificios propios, son todos locales alquilados, donde se atiende con un grupo reducido de gente, es un local que nos queda chico, y estamos pensando en alquilar otro para mejorar las condiciones de trabajo”, aseguró Balangione.

Respecto de los problemas que deben enfrentar dijo que “son varios, el primero que me compete es poner en orden la Institución porque la recibo después de una primera gestión. Tenemos que reconocer que la primera no es fácil, porque es una institución que acaba de nacer y hay ciertas cuestiones que hay que acomodar en relación a lo presupuestario, con el plantel de personal y cobertura de los cargos”.

En este sentido, dijo que “la provincia nos debe cargos de defensores públicos originarios de la ley que todavía no fueron cubiertos, son 4 defensores adjuntos y uno público”.

En relación a la cantidad de fiscales existe todavía un desfasaje, “lo que hay que cuidar es que haya igualdad de armas como está previsto en la ley  y tiene que ver con la naturaleza misma del sistema acusatorio”, y remarcó que este punto no está resuelto pero “estamos trabajando para solucionarlo”.

Es sabido que el Ministerio Público de la Acusación está a punto de incorporar 45 nuevos fiscales, más otros funcionarios y “en ese caso la Defensa todavía no, porque nos están debiendo de la primera tanda y con este desorden administrativo no tenemos cubierta ni organizada la estructura”, se quejó.

En consecuencia, “estamos reclamando los cargos que nos deben de la ley original y estamos avanzando con el reglamento del personal en la Corte para que sea aprobado, estamos trabajando en lo que es el esqueleto de la estructura que falta cubrir para poder lanzar el llamado a concurso para cubrir los cargos de funcionarios”, indicó la defensora.

“Las cantidades de defensores se van a analizando a medida que se vayan incorporando los fiscales e iremos pidiendo en relación a las necesidades”.

También adelantó que “estamos preparando un pedido para la Legislatura, para que se acelere la ley de subrogancia para casos de licencias de larga duración, por enfermedad, embarazo o fallecimiento. Debería existir una ley con una especie de bancos de suplentes de defensores que cubran inmediatamente los cargos que quedan vacantes”, indicó.

A la vez detalló que “en este momento tenemos dos defensores públicos que ascendieron a defensores regionales y sus cargos quedan por 6 años vacantes”, al mismo tiempo el defensor regional Franceschetti puntualizó que “hoy tenemos 43 defensores en Rosario y 80 en la provincia”.

Entre otras cosas, la defensora expresó que estamos en tratativas con el MPA para la posibilidad de autorizar abogados que sin acuerdo, puedan litigar.

Políticas de la Defensoría

En lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de la Defensoría “salvo algunos temas puntuales que son de coyuntura, en general las cinco circunscripciones están bien organizadas, tienen los defensores trabajando muy bien y mi idea es la construcción de la horizontalidad, de lo que es la política para la repercusión en lo operativo y entiendo que es necesario e imperativo respetar la autonomía de los defensores”, señaló Balangione.

“Mi estilo no es mediante las instrucciones generales bajar línea de que hay que hacer en una cosa u otra, la impronta que quiero darle y que ya empezamos a compartir en de reuniones periódicas con los cinco defensores, es para la construcción de las políticas, para la discusión, el debate de todos los temas, aunar criterios, poder ver las experiencias exitosas que tiene una circunscripción y trasladarla a las demás y si alguna atraviesa por una situación problemática ver desde la defensoría regional y provincial cómo se puede resolver pero por supuesto apoyar y fortalecer internamente”, remarcó la Defensora.

En relación al funcionamiento, priorizó el “acomodamiento de la cuestión que tiene que ver con los recursos materiales y humanos, lo gerencial y administrativo que eso repercute en una buena prestación del servicio porque una vez que podamos tener resuelto los recursos económicos y materiales vamos a tener oxigeno a las unidades de defensa, mejor composición de equipos de apoyo para los defensores, algunos funcionarios más para las defensorías regionales”.

“Es importante destacar que desde la gestión vamos a seguir con este programa que se venía desarrollando que tiene que ver con la prevención de la violencia institucional. Estamos trabajando muy fuerte con el equipo de funcionarios de la defensa que ha quedado, que están designados en la gestión anterior con el tema de registro de torturas y estamos armando un programa con una agenda de vistas que voy a hacer personalmente a todos los establecimientos penitenciarios y lugares de detención de personas, para relevar la situaciones y la problemática de cada uno de ellos”, adelantó.

Proyecto en Legislatura

En cuanto al proyecto que se encuentra en la Legislatura para pasar el personal del viejo al nuevo sistema, dijo que “es algo que estamos estudiando y vamos absorber todo lo que venga y lo vamos a acomodar a nuestras necesidades y los recursos humanos que vengan van a ser aprovechados”.

Datos concretos

La funcionaria anunció que “quiero recorrer los penales de la zona sur personalmente porque no los conozco, si bien provengo del fuero penal, me desempeñé en otra jurisdicción. Puntualmente quiero entrevistarme con las autoridades y relevar desde mi propia óptica la situación que cada uno de los lugares atraviesa. Parto de una información muy importante que me provee el Servicio Público de la Defensa con el monitoreo que hizo el equipo de profesionales a cargo de la socióloga Lorena Negro”.

“También colabora con nosotros Marcelo Marasca que trabaja con esta regional en un plan piloto que vamos a llevar a toda la provincia. La idea es fortalecer ese equipo y darle continuidad a ese trabajo en la etapa de la ejecución de la pena, con una presencia de nuestro servicio de defensa”, manifestó.

Por otra parte, dijo que “la idea es seguir conformando grupos humanos que tengan un lugar de asiento en los lugares de detención para tener un contacto directo y que sea nuestro nexo, más allá de lo que provine de la demanda judicial y las denuncias. En términos de eficacia puede mitigar la violencia institucional con una presencia constante y visible en estos lugares”.

Impugnaciones

En relación a los cuestionamientos por su postulación y concurso para el cargo, expresó que “las repuestas ya las di a lo largo del concurso que fue bastante complicado, lo que digo como conclusión final es que salí fortalecida después de tanto cuestionamiento que provenía de una situación personal mía. Estoy casada con un ministro de la Corte y por ese lado se me corrió”, se quejó.

“No obstante creo que es una situación típica paradigmática, de una discriminación por género y así la sufrí. La invisibilización fue total, se exaltó la figura de quien es mi marido y en base a eso no puedo existir para poder pretender un cargo para el cual no hay incompatibilidad legal y para el cual demostré idoneidad porque salí primera en el concurso. Además tuve que recorrer las impugnaciones y campañas mediáticas que pusieron en duda la habilidad e idoneidad con las que cuento”, remarcó.

“Me defendí absolutamente sola, me presenté sola, este es un lugar que me encanta y es la culminación de mi carrera en un lugar donde mi vocación se ve totalmente cubierta”, expresó.

Seguidamente hizo un breve recorrido por su carrera, y dijo “fui jueza y camarista penal y en cada uno de los casos en los que yo fallaba y llegaban a la Corte, él se tenía que excusar. Jamás hubo problemas y nunca hubo ningún planteo. En este caso menos aun porque yo como defensora provincial no llego a la Corte con ningún escrito firmado por mí, que tenga que ver con el ejercicio de la defensa. Pero llegado el caso que me tenga que enfrentar con la Corte me enfrentaré”.

A pesar de ello, cuenta con un gran conceso político porque “la votación de su pliego fue de 42 a favor y sólo 2 en contra y eso habla por sí sólo”, consideró.

Luego, volvió a su función y remarcó que “tenemos que poner en orden toda la estructura para dotar a la institución de todo el personal que requiere para cubrir la estructura con los cargos que faltan y hacer las cosas lo mejor posible para que el servicio en lo operativo, que el defensor en el juicio sea lo mejor posible, tenemos una defensoría de lujo”.

En cuanto a la cantidad de recursos para litigar “es lógico que si lo pensamos desde el sentido común que el MPA tenga una estructura más fuerte y armada y provista de recursos porque si pensamos como arranca, en el MPA ingresa todo, en cambio a la Defensa llega las causas que ya pasaron por ese filtro y se reduce”.

De acuerdo a la legislación “hay un estándar que cada 3 fiscales tiene que haber un defensor, hoy no llegamos a ese rango. No obstante estamos en un atraso que obedece a un problema de retraso en la organización interna de la defensoría por una cuestión que somos responsables”.

En relación al personal que viene de la gestión anterior adelantó que “sigue cada uno en su cargo pero puede haber modificaciones que tienen  que ver con una cuestión de reestructuración por razones de operatividad, tuve una buena recepción por parte de quienes ahora son mis compañeros de trabajo, me siento muy cómoda, así que tenemos seis años por delante para trabajar”.

Por su parte, el defensor regional que estará a cargo de la Defensoría de Rosario, Gustavo Franceschetti, fue consultado sobre los episodios ocurridos en las comisarías 7ª y 10ª y expresó que “por supuesto preocupa porque trabajamos desde el día numero uno en prevención de violencia institucional y somos receptivos a todas las demandas de nuestros defendidos, de sus familiares y de todas las personas que concurren a nuestra defensoría a denunciar violencia institucional”.

“No solo lo registramos sino que hacemos denuncia que patrocino personalmente. Tenemos ahora un equipo de gente que trabaja solamente en prevención de violencia institucional y mañana tenemos prevista una reunión con el Servicio Penitenciario para tratar de implementar el Protocolo de Estambul en el ingreso de personas detenidas, que son recién detenidas para que un medico lo pueda entrevistar en un contexto de confidencialidad y hacer un buen registro de su estado de salud, para tener una prueba de cómo ingresa. Algo que le sirve a la defensa como a la fiscalía, la implementación de ese protocolo es algo que no existe en el país”, dijo Franceschetti.

“Si lo logramos, será fruto de la insistencia que hizo la defensa pública durante todo este tiempo en denunciar los hechos de violencia institucional. Además vamos a seguir acompañando a las víctimas de violencia institucional pidiendo a los fiscales y a los jueces que le garanticen un patrocinio jurídico gratuito a las personas que tienen derecho a constituirse como querellante, porque se los da la ley, pero no pueden hacerlo porque no tiene los bienes suficientes”.

En cuanto a la cantidad de presos en las distintas comisarias el defensor regional indicó que “hoy ya dejé de preocuparme porque cuando empezamos en febrero del 2014 había 1400 presos en comisarías. Hicimos un relevamiento muy profundo y serio, hicimos un habeas corpus colectivo y logramos bajar a 700, y a la fecha hay solamente 60 presos en las comisarias de Rosario”.

Esta modificación tiene que ver con “dos cuestiones, la primera es la pro actividad de la defensa de insistir con esto y por otro lado la decisión del Pode Ejecutivo de trasladar a las personas de las comisarias”.

“Los factores principales fueron las decisiones judiciales tomadas a pedido de la Defensa Pública y por otro lado las constantes fugas que se producen en las comisarías”, que provocaron que se revisara la problemática.

Por otra parte “los módulos de detención transitoria fueron una salida contingente que adoptó el Ejecutivo en un momento donde había un exceso de detenidos para el espacio, y las condiciones eran malas. Fueron módulos de construcción rápida que mejoraban las condiciones en las comisarias pero deberían estar destinados a desparecer”, señaló.

En este sentido, remarcó que “el lugar natural en el que tiene que estar una persona detenida es el Servicio Penitenciario donde tiene la posibilidad de trabajo, de salud, recreación, contacto con familiares y demás”.

“Ahora vamos a tener una política que se desarrolle desde las defensorías regionales, con una oficina específica para favorecer estos procesos y darle cause mucho más rápido lo cual permite concentración de información desarrollar protocolos de actuación y mejorar el impacto que se puede tener en esa área”, concluyó.