La intervención del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto General San Martín y Gaboto, Bella Vista y Timbúes, a cargo de Marcelo Urban, denunció en la justicia de Santa Fe que «sicarios armados del ex secretario general del gremio, Herme Oscar Juárez, amenazaron a choferes de la organización sindical«, aseguró el funcionario.

Urban denunció que «sicarios armados» de Juárez, apodado ‘Vino caliente’ y detenido varios meses por corrupción y luego liberado, atacaron hoy a varios choferes del SUPA.

A solo dos semanas de la liberación de Juárez, procesado por lavado de activos en perjuicio del gremio, las fuentes de la intervención denunciaron que el ex secretario general del sindicato parece decidido a «recuperar el control a cualquier costo».

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Poco después de las 14 del viernes, dos personas subieron «con total impunidad» a un colectivo que transporta a afiliados a sus trabajos, amenazaron al conductor y le exigieron que «cese el servicio», a la vez que le encomendaron que enviara «un mensaje mafioso a los otros choferes diciendo: ‘serán agredidos a tiros’ y ‘es la única vez que se avisará'».

El hecho ocurrió a metros de la sede sindical, que está custodiada por la Prefectura Naval luego de las denuncias de «aprietes» realizadas por la intervención del SUPA.

Luego de que Urban decidiera desarticular «un negocio millonario de Juárez hubo amenazas telefónicas, daños a los vehículos de transporte del gremio y todo tipo de aprietes y mensajes mafiosos», según confiaron las fuentes de la intervención.

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Juárez procuró el martes último el bloqueo del transporte de afiliados utilizando menos de una decena de hombres del sindicato de remiseros de Rosario, que el SUPA desconoció a nivel legal por no tener la inscripción formal en la zona para representar a los trabajadores.

Según un comunicado, la supuesta fuente laboral afectada por la gestión del SUPA fue garantizada en la contratación de la nueva empresa, por lo que «la manifestación fue digitada por Juárez para garantizar la continuidad de su testaferro Crisóstomo Cosentino».

Los propios estibadores se autoconvocaron en la sede del gremio portuario y desalojaron a aquellos manifestantes, al observar que los trabajadores no podían trasladarse.

La denuncia de la intervención se sumó a otras ya presentadas por «represalias» contra la gestión, que desbarató «el negocio de Cosentino y denunció sus irregularidades», concluyeron las fuentes gremiales y próximas a Urban.